El Consejo de Gobierno restituyó en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a los tres representantes del sector laboral y a uno de los delegados del Estado, que se encontraban suspendidos desde diciembre del año anterior, por aprobar un aumento salarial retroactivo para los 63.000 funcionarios de la institución.
Las reincorporaciones son producto de las sentencias emitidas por la Sala Constitucional, al resolver los recursos de amparo presentados por los directivos contra la medida cautelar emitida por el Gobierno, mientras se les investigaba por un presunto conflicto de interés.
En todos los casos, el argumento de los magistrados fue el mismo: se vulneró el principio de autonomía constitucional de la CCSS y los derechos de la parte amparada.
Con el acuerdo del Consejo del Gobierno, del pasado 3 de agosto, Carlos Jesús Salazar Vargas (representante del Estado) y Maritza de los Ángeles Jiménez Aguilar (representante del sector solidarista), se unen a José Luis Loría Chaves (del movimiento cooperativo) y Martha Rodríguez González (movimiento sindical), quienes un mes antes (el 3 de julio), ya habían sido reintegrados al órgano colegiado.
El regreso de los directivos, cuya designación se extiende hasta junio del 2026, también conlleva la anulación de los nombramientos de quienes les venían supliendo en los cargos, según lo ordenó la Sala Constitucional en sus sentencias.
Un quinto directivo suspendido, Jorge Arturo Hernández Castañeda, del sector patronal, había renunciado a su cargo.
Suspensión sin sustento
El Consejo de Gobierno justificó las suspensiones por considerar que con la aprobación del incremento salarial estaban beneficiando a hijos, hermanos y otros familiares que se encontraban entre los trabajadores de la entidad.
No obstante, un criterio emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) contradijo el argumento, al señalar que los directivos pueden participar en la discusión y votación de asuntos “macro”, aunque estos incidan en familiares, sin que ello configure un motivo de abstención.
La Auditoría Interna de la CCSS también se había pronunciado en el mismo sentido.
Por su parte, los magistrados indicaron que la ley constitutiva de la institución de seguridad social, otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas.
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Junta Directiva inestable
Con la reincorporación de los directivos suspendidos, la CCSS aún enfrenta el reto de consolidar su integración, empezando porque no cuenta con el quorum estructural necesario para sesionar (el nombramiento vigente de la totalidad de sus miembros), ya que falta la designación de uno de los tres representantes de la parte patronal.
De acuerdo con su ley constitutiva, la CCSS cuenta con una Junta Directiva de nueve integrantes: la presidencia ejecutiva, dos representantes del Estado, tres del sector patronal y tres del sector laboral.
A los cuatro delegados ya mencionados, se suman: la jerarca de la institución, Marta Esquivel, y María Isabel Camareno Camareno, de parte del Estado; Adrián Torrealba Navas y Roberto Quirós Coronado, del sector patronal.
Sin embargo, Quirós renunció a su nombramiento y hará efectiva su salida partir del viernes 18 de agosto del 2023, según confirmó a La Nación el área de comunicación de la CCSS.
En una carta dirigida al Consejo Directivo de la Unión de Cámaras, a la cual tuvo acceso La Nación, Quirós atribuyó su dimisión a presuntas “denuncias calumniosas” que ha recibido en los últimos días y que, según él, persistirán.
Por otra parte, a finales de junio, Juan Ignacio Monge Vargas, también había renunciado a su designación como representante del Gobierno ante la Junta Directiva, para asumir la gerencia general de la institución. No obstante, luego también dimitió a ese puesto, al trascender que la Contraloría General de la República estaba investigando su nombramiento.
Finalmente, al funcionario se le asignó en otro alto cargo de la CCSS: jefe de despacho de la Gerencia General, cuyo salario mensual, según datos oficiales, es de ¢2,3 millones.
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