El Gobierno envió, este martes, una carta a la presidenta ejecutiva de la CCSS, María de Rocío Sáenz, en donde se comprometió a respetar la decisión que tome la Junta Directiva de la institución sobre la posibilidad de incluir al colectivo sindical Patria Justa en una mesa de diálogo sobre temas financieros sensibles, como el futuro de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el pago de incapacidades.
En el acuerdo que el Gobierno firmó con Patria Justa la madrugada del martes, el Ejecutivo se comprometió a promover esta instancia de diálogo, antes de que se tomen decisiones sobre el funcionamiento de esos sistemas.
En la carta enviada a la jerarca de la CCSS, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, le dio a conocer el acuerdo, el cual no fue consultado con la Caja antes de firmar con el bloque sindical, y le pidió ponerlo a conocimiento de la Junta Directiva.
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"Le solicito interponer sus buenos oficios a fin de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conozca de este asunto, para que en ejercicio de la autonomía otorgada por la Constitución Política a esta institución, de la que el Gobierno de la República es absolutamente respetuoso, este órgano considere la conveniencia, o no, de proceder a la apertura de la mesa de diálogo propuesta.
"Demás está decir que el Poder Ejecutivo será respetuoso de cualquier decisión que se tome con respecto a este asunto, en ejercicio de la citada autonomía constitucional y del marco competencial atinente", cita la carta.
Ayer, Sáenz dijo al periódico La Nación que apoyaba el actuar del Gobierno. "Para fortalecer la sostenibilidad del IVM en el largo plazo, es necesario contar con el nuevo estudio actuarial. Será entonces y, a partir de sus resultados, que se valoren nuevos escenarios. Ahí, el diálogo social cobra sentido como un espacio de socialización de propuestas”, expresó Sáenz.
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No obstante, consultados por este medio, cuatro miembros de la Junta Directiva de la Caja, dijeron desconocer esa propuesta.
“Están entrando a violentar la autonomía de la Caja, llegando a un acuerdo donde no ha participado la Junta. Hemos discutido sobre abrir foros a la ciudadanía; pero de eso, a discutir con Patria Justa las decisiones fundamentales sobre el IVM...”, reclamó Renato Alvarado, representante del sector patronal en la Directiva.
Mario Devandas, también delegado de los trabajadores, apuntó que el Ejecutivo no puede ordenarle a la CCSS abrir ningún tipo de diálogo.
“Tendrá que hacer una solicitud formal a la Caja. Me parece que las vías del diálogo son importantes. Sin embargo, ya hay abierta una mesa de negociaciones, desde hace cuatro meses, en la cual la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados) se negó a participar”, resaltó, por su parte, Alvarado.
Desde hace ocho años existe una discusión entre la CCSS y la Superintendencia de Pensiones (Supén) sobre cuándo se correrá el riesgo de que el fondo de IVM sea deficitario. Según la Supén, la solvencia quedaría comprometida en el 2023, pero la Caja dice que será en el 2044.
Para aclarar esas diferencias, las dos instituciones esperan un estudio actuarial hecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), en el que se indicará el estado del régimen y, a partir de ahí, definirán reformas como edad de retiro.