El Gobierno depende de las bancadas del PLN, el PAC y el PUSC para tramitar por la vía rápida la reforma fiscal que presentó a la Asamblea Legislativa el jueves, con la intención de detener el deterioro de las finanzas públicas principalmente mediante un aumento de impuestos.
Con el Frente Amplio opuesto de entrada al proyecto, la administración de Luis Guillermo Solís necesitará intensificar sus negociaciones en pos de los 12 votos de Acción Ciudadana (PAC), los 18 de Liberación Nacional (PLN) y los 8 de la Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupaciones que dejaron la puerta abierta para negociar.
Partidos pequeños como Alianza Demócrata Cristiana, de Mario Redondo, también están dispuestos a discutir el plan.
Para tramitar un proyecto por la vía rápida se requiere de 38 votos, justo los que sumarían el PLN, el PAC y el PUSC, pero no existe garantía alguna de que esas fracciones voten en bloque.
En el Ejecutivo, tienen claro que la vía expedita es la única posibilidad que tiene el proyecto para avanzar. Así lo afirmó Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, cuando llegó a introducirle el plan a los jefes de fracción.
Para este año, el Banco Central estima que el exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno equivaldrá a un 6,1% del producto interno bruto (PIB) y, para el 2018, subirá a un 6,6%.
El viceministro Mora comentó que, por el momento, tienen cero votos asegurados para la iniciativa, pero espera sumar apoyos poco a poco.
La fracción de Gobierno se declara anuente a votar la iniciativa afirmativamente, aunque con críticas al texto propuesto. Javier Cambronero, jefe de fracción del PAC, calificó el proyecto como “un acuerdo sobre mínimos” que difícilmente se podrán negociar, teniendo en cuenta que el proyecto ingresa a la corriente legislativa en plena campaña electoral.
"Yo soy más ambicioso, pero también entiendo el entorno político y las condiciones de realidad y pragmatismo con las cuales hay que desenvolverse, este es el acuerdo políticamente posible", manifestó Cambronero.
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En el proyecto del Gobierno se establecen dos tasas de impuesto sobre el valor agregado (IVA), una del 13% y otra del 4%.
La primera tasa recaería en servicios como los informáticos, los de abogados, los gimnasios, espectáculos, streaming, alquileres superiores a ¢425.000 mensuales, facturas de electricidad por más de 250 kw/h al mes, el transporte (excepto los servicios públicos) los juegos de azar y las exposiciones comerciales.
El impuesto reducido se aplicaría a los libros en todos sus formatos, los boletos para viajes aéreos que salen de Costa Rica, la compra de empaques y embalajes y la materia prima para fabricarlos, el equipo y maquinaria (excepto si hay una exoneración expresa) y los servicios para la producción agropecuaria y agroindustrial.
El PUSC mantiene su posición de no obstaculizar la iniciativa, así como tampoco el trámite de vía rápida, siempre y cuando avance la reforma constitucional para permitirle a la Asamblea Legislativa contener el gasto público en el Presupuesto Nacional.
"Siempre hemos dicho que no estamos dispuestos a cargarle impuestos a la gente si no hay un compromiso de que el uso que vayan a hacer de los recursos es adecuado", expresó William Alvarado, jefe del PUSC.
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En tanto que Paulina Ramírez, legisladora del PLN, evitó adelantar criterio sobre la posición que tendrá su fracción. Sin embargo, sí señaló que uno de los temas que deberán debatirse es la idoneidad de cargar con un 4% compras como los tiquetes aéreos.
"Hay que revisar si es más favorable cobrarlo o no, porque depende de lo que pueda significar para el sector, porque estamos tocando el tema turismo, estamos tocando también un punto sensible. ¿Será mejor más bien la atracción del turismo o aprovechar más bien que hay una importante afluencia de turistas y que podríamos creer también que las líneas aéreas podrían pagarlo?, pero en realidad no tenemos el detalle", expresó Ramírez.
Solo en el 2016, se produjeron 725.000 salidas aéreas, aunque ese dato incluye tiquetes comprados fuera del país.
En el Movimiento Libertario, con tres votos, los votos dependerán principalmente del criterio que desarrollen sobre la propuesta de reducción de gastos que hace el Ejecutivo.
"Hubiera sido oportuno presentarlo en proyectos separados, sin embargo, comprendemos que todo es parte de una negociación, de un paquete. Esto debilita un poco el voto con la propuesta si al final buscamos que la propuesta de gastos se apruebe, pero no así la de impuestos", opinó Díaz.
En Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo dijo: "El país requiere una respuesta en materia fiscal, me parece que este es el texto más mesurado que se ha planteado en los ‘últimos años. Podría ser mejor en otros ámbitos, quisiera que fuera mejor pero me parece que es lo más cercano a algo que podría ser políticamente viable es esto", dijo Redondo.
Redondo señaló que, en su opinión, la reforma a los beneficios salariales debería ser más severa.
El plan del Ejecutivo plantea estandarizar los porcentajes que devengarían los funcionarios públicos por dedicación exclusiva (55% para licenciados o superiores, 20% para bachilleres y 30% para docentes universitarios) y prohibición (65% para licenciados y superiores y 30% para bachilleres universitarios), e impone un tope de 2,54% a las anualidades.
En el encuentro entre los jefes de fracción y Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia y Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, Óscar López, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), se mostró escéptico sobre las posibilidades de que la iniciativa logre ser aprobada.
"Es más seguro ir a Multiplaza de Compras que sacar 38 votos para esto", manifestó López.
En principio, el Gobierno había anunciado que el plan llegaría a despachos legislativos cuando tuviera un texto consensuado.
Mora les pidió a los jefes de fracción que hagan un análisis sesudo de la propuesta, sin tintes electoralistas.
"Pienso en Carlos Hernández, que es independiente; o Ligia Fallas y Jorge Arguedas, que podrían aportar los votos, porque son legisladores que se apartan con frecuencia de la línea de fracción del Frente Amplio”, indicó Mora.
Esto lo alega el viceministro porque, ya desde antes de la presentación oficial de la reforma, bajo el expediente 20.580, el FA emitió un comunicado donde se opone a la propuesta del Gobierno porque la considera regresiva.
“Espero que se vea con la gravedad del problema y la necesidad de buscar soluciones, que al final le va a tocar hacer al próximo gobierno”, comentó Mora.