El Poder Ejecutivo y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) impulsan un proyecto de ley para evitar errores en relación con los cálculos de tarifas.
El plan de ley estaría en manos de los diputados esta semana y plantea una serie de cambios a la Ley N.° 7593, la que da fundamento legal a la Aresep, detalló el regulador general, Dennis Meléndez.
El funcionario aceptó ayer que los criterios actuales para fijar tarifas son muy “discrecionales” y dijo que no pone “las manos en el fuego” por los métodos en uso.
El proyecto promueve una revisión más detallada de los costos para mejorar el cálculo de tarifas, las cuales van desde las del servicio de buses hasta las de la electricidad.
Además, obliga a un mayor flujo de información contable de parte de los operadores de los servicios regulados.
El otro punto que propone la iniciativa es una mejor la tramitación de las quejas de los usuarios.
La ley de la Aresep obliga al quejoso a usar el procedimiento que establece la Ley General de Administración Pública, el cual, según Meléndez, es largo y tedioso.
Con la reforma, se propone un procedimiento sumario más rápido, que implica la atención en un plazo de 10 días naturales.
A estos cambios se suma el facilitar la apelación de las decisiones adoptadas por la Aresep de parte de los usuarios, al tiempo que señala que los administrados pueden ser objeto de sanciones sin que medie un incumplimiento previo.
De acuerdo con el criterio de la presidenta, Laura Chinchilla, en caso de aprobarse el plan de ley se tendrían “mayores garantías y permitiría que no existan abusos en los cobros de las tarifas”.
Ojos críticos. Sin embargo, la iniciativa tiene sus objeciones. El exregulador Hermann Hess dijo que preferiría ver “propuestas más específicas sobre lo que están denominando revisión de costos”.
Además, señaló que en lo tocante a mejorar el flujo de información no hay novedad.
“No veo que lo del suministro de información sea algo nuevo u original; la ley existente le da bastantes potestades a la Autoridad Reguladora para solicitar información a los regulados.
”El problema más bien es qué hacer con esa información, cómo procesarla y convertirla en conocimiento regulatorio formal que no gire alrededor de fijaciones tarifarias específicas”, señaló.
Por su parte, Érick Ulate, de la organización Consumidores de Costa Rica, afirmó que el tema pasa más por un asunto de voluntad.
“El regulador ya no regula y delegó la regulación en subalternos”, reclamó Ulate.
Mientras para Olman Bonilla, de la organización denominada Red Solidaria, no hace falta una reforma legal, sino una aplicación de cálculos que dejen de lado los modelos automáticos actuales.