El gobierno de Luis Guillermo Solís le pidió a la Corte Suprema de Justica ayuda para recortar al menos ¢32.000 millones en el presupuesto que el Poder Judicial estima gastar durante el 2018.
La solicitud la hizo el ministro de Hacienda, Helio Fallas, el miércoles de la semana pasada en una nota enviada al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, ante la crisis de liquidez que afronta la actual administración y ante el creciente déficit fiscal.
El viernes, en respuesta a la nota enviada por Fallas, Chinchilla remitió otra de vuelta en la que le informa que se acordó reducir el presupuesto en ¢2.045 millones tras un análisis técnico, es decir, un 6,4% de la suma solicitada por el Poder Ejecutivo.
El recorte fue anunciado este lunes por Carlos Chinchilla, en la sesión semanal de Corte Plena. El ajuste se calculó con base en un análisis del área administrativa, o sea, las direcciones Ejecutiva, de Recursos Humanos y de Tecnología del Poder Judicial.
Ante los magistrados, la directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde, explicó que los recortes se hicieron en las partidas de sustitución de personal y anualidades. Al tiempo que se pospusieron varias edificaciones programadas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El plan de gastos del Poder Judicial aprobado para el 2017 fue de ¢460.000 millones. El recorte solicitado de ¢32.000 millones representaría el 7% de ese monto, previendo que el presupuesto del próximo año sea similar.
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Magistrados: el recorte no es suficiente
Las reducciones consensuadas por la parte administrativa de la Corte no fueron bien recibidas por el pleno de los magistrados, quienes coincidieron en que se debe hacer un mayor esfuerzo por reducir los gastos ante la seriedad de la crisis financiera.
El presidente Chinchilla se comprometió a presentar una propuesta con nuevos opciones de recorte en la sesión próxima, programada para el lunes 21 de agosto, con el objetivo de que ese día se aprueben las medidas a ejecutar.
"Aprobemos este recorte con el compromiso de que, si nosotros podemos identificar dentro del presupuesto enviado al Ministerio de Hacienda a algunos otros rubros que podamos reducir, lo vamos a hacer", afirmó Chinchilla.
El magistrado de la Sala IV, Fernando Castillo, fue el primero que pidió más recortes, pues considera que la reducción de ¢2.045 millones es insuficiente.
"Me parece que no es suficiente lo que estamos haciendo, el Poder Judicial debería hacer un esfuerzo mayor en la contención del gasto, por ejemplo, en reducir al mínimo los viajes al exterior y en publicidad, no renovar la flotilla vehicular y no realizar ninguna contratación de personal en el 2018", afirmó Castillo.
Después, le siguieron en el uso de la palabra sus colegas Nancy Hernández, de la Sala IV; Carlos Chinchilla, Doris Arias y Celso Gamboa, de la Sala Tercera; y Luis Guillermo Rivas, Iris Rocío Rojas y William Molinari, de la Sala Primera.
Las siguientes son algunas de las medidas que se mencionaron y que podrían aprobar los magistrados para el presupuesto del 2018:
-Eliminar la contratación de personal para suplencias.
-No realizar nuevos nombramientos.
-Reducir al mínimo los gastos para viajes y publicidad.
-No renovar la flotilla vehícular.
-Pedir a los diputados la aprobación de un proyecto de ley que establece el cobro de un cánon por el servicio que se presta en los tribunales especiales de cobro judicial.
-Pedir a los los jueces de los Tribunales de Flagrancia ayuda con los procesos ordinarios para reducir el pago de horas extra y recortar los tiempos de respuesta.
Hacienda está solicitando a todas las instituciones reducir al mínimo los gastos para el próximo año. Incluso, Fallas se reunió este lunes con Carlos Chinchilla para exponerle la problemática fiscal y la necesidad de que todas las entidades públicas y todos los poderes de la República colaboren con la reducción de los desembolsos estatales.
El exceso de gastos sobre los ingresos equivalió a un 5,2% del producto interno bruto (PIB) en el 2016 y ascendería a 6,6% en el 2018, según estimaciones del Banco Central.
Ante ese deterioro en las finanzas públicas, el martes anterior, el presidente Solís anunció que su Gobierno tiene problemas de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales a la ciudadanía.