Debido a una denuncia ciudadana, el Consejo de Gobierno acordó abrir una investigación preliminar contra los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) por una supuesta inacción frente al caso de su compañero Orlando Ramírez Bioley, empresario autobusero colocado por el propio Poder Ejecutivo en ese órgano y que reconoció tener una deuda con la Aresep.
Entre los investigados figura el directivo Erick Ulate Quesada, actual candidato a defensor de los Habitantes que cuenta con el apoyo del partido del presidente Rodrigo Chaves, Progreso Social Democrático (PPSD).
Anteriormente, Ulate había sido cuestionado por diputados de oposición debido a su apoyo al proyecto de ley para ampliar la antigüedad de los autobuses que prestan el servicio público.
Al ser consultado, el candidato a defensor de los Habitantes señaló que no se referiría al caso porque no lo conoce. “Desconozco la investigación que usted menciona; de hecho me estoy enterando por su mensaje, lo cual hace imposible que pueda referirme al respecto”, dijo el directivo.
El Consejo de Gobierno acordó abrir la investigación por mayoría en la sesión ordinaria del pasado 25 de enero. Se abstuvieron de votar los ministros Luis Amador, de Obras Públicas y Transportes; y Franz Tattenbach, de Ambiente y Energía, por contar con representantes ante el CTP. Tampoco votó el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, por tener parentesco en el sector autobusero. El caso se investiga bajo el expediente PR-SCG-IP-001-2023.
La denuncia
La denuncia analizada por el Consejo de Gobierno señala que los directivos del CTP “guardaron un silencio cómplice y complaciente” al no tomar acciones contra las empresas autobuseras ligadas a Ramírez Bioley, las cuales adeudan el pago del canon de regulación a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El propio empresario reconoció, en una sesión de Junta Directiva, que sus empresas estaban morosas con la Aresep. Este jueves, al ser consultado sobre su situación actual, Ramírez manifestó que en noviembre de 2022 llegó a un acuerdo de pago con esa institución y se encuentra al día con este.
En la sesión del 24 de agosto del 2022, Ramírez tomó la palabra para decir a los demás directivos que sus empresas estaban al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero en deuda con la Autoridad Reguladora. Hizo la intervención con motivo de que, en medios de prensa, había trascendido que la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, pedía al presidente Chaves destituirlo.
Según el acta de la sesión, el empresario argumentó que había realizado gestiones con la Aresep “en relación con algunos rubros de dicho adeudo relacionados con los intereses, sin que a la fecha haya tenido respuesta alguna”, por lo que procedió a judicializar el conflicto “para que sean los tribunales los que determinen la procedencia o no de los mismos, los cuales considera que infringen la Ley Contra la Usura”.
El acta añade: “Al respecto, se aclara que a este Consejo ni a esta Junta Directiva ha llegado nota alguna en relación con la petición de la señora diputada, la cual fue directamente dirigida al presidente de la República”.
Dicha intervención se produjo justo después de que la Junta Directiva del CTP, incluidos el autobusero Orlando Ramírez y el candidato a defensor Erick Ulate, aprobaron de manera unánime instar a la Asamblea Legislativa a avanzar con el proyecto para extender la antigüedad de los autobuses.
Según había publicado La Nación, en octubre del 2022, tres de las empresas de Ramírez (Cesmag, Autotransportes Zapote y La Unión) adeudan el canon de Aresep desde el 2018 y las otras dos (El Carmen de Tres Ríos y Magasoso Lomas Sur), desde el 2019. La cifra de ¢270 millones no incluye intereses ni multas, que se encuentran en cobro judicial.
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Esteban Ramírez Bioley, conocido como Orlando Ramírez Bioley, fue financista de la campaña del actual presidente de la República. Compró ¢8 millones en bonos del PPSD.
El artículo 39 de la Ley de la Aresep establece que será causal de caducidad de la concesión o permisos de explotación de servicios públicos, cuando la mora de la concesionaria sea mayor a los tres meses. Esto aplica para las concesiones o permisos “que hayan sido otorgados mediante acto administrativo”.
La denuncia fue presentada por Renier Canales Medina, presidente de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos. El ciudadano planteó la misma denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública y la Defensoría de los Habitantes.
Canales argumentó que, “ante tal grave confesión del representante del sector autobusero”, los demás directivos no tomaron acuerdo alguno “tendiente a regularizar o denunciar los hechos”.
Sobre Ramírez Bioley, el denunciante afirmó que resulta inadmisible que un funcionario justifique el no pago de una obligación asumida y conocida de antemano en el contrato de concesión de las líneas de buses. “Dicho empresario y funcionario conocía de la legislación y de sus obligaciones al momento de suscribir los distintos contratos de concesión que mantiene el Estado costarricense”, alegó.
Canales planteó al Consejo de Gobierno presentar las acusaciones penales en contra de los directivos, en caso de comprobarse hechos contrarios a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Asimismo, el denunciante llevó el caso ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y la Defensoría de los Habitantes.
Distinto a lo que ocurrió con las investigaciones en contra de miembros de las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en este caso, el Gobierno decidió no anunciar públicamente la investigación contra los directivos del CTP.