El Gobierno retiró, este martes, de la agenda legislativa uno de sus proyectos en materia de seguridad, antes de que la comisión de diputados que lo tenía en estudio lo rechazara por considerarlo inconstitucional.
Se trata del expediente 23.692 que propone una serie de reformas con respecto al beneficio de prisión preventiva, pero que un informe de subcomisión recomienda rechazarlo y archivarlo.
Estaba previsto que los integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico continuaran hoy con la discusión de ese informe, pero la iniciativa fue desconvocada horas antes del inicio de la sesión.
El Poder Ejecutivo también retiró de ese foro otros dos de los cinco proyectos que presentó para combatir la inseguridad en el país.
Son la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (expediente 23.688) y la Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada (23.691).
Comisión contra proyecto
En cuanto al expediente 23.692, este pretende introducir cambios en los criterios que deben tomar en cuenta los jueces al decidir sobre el otorgamiento de prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares.
Los diputados que elaboraron el informe de subcomisión concluyeron que las reformas propuestas son inconstitucionales y contradicen el ordenamiento jurídico, el cual se rige por el principio de presunción inocencia.
Así lo señalaron los diputados Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Priscilla Vindas, del Frente Amplio; y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Sus conclusiones también fueron respaldadas por los legisladores Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP); así como Alejandra Larios y Gilbert Jiménez del PLN.
Se trató obtener la posición de la presidenta de la comisión, Gloria Navas, del Partido Nueva República (PRN), pero al cierre de esta información no fue posible contactarla.
El resto de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la conforman los diputados oficialistas Jorge Antonio Rojas y Alexander Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Cambios que propone el proyecto
El proyecto impulsado por el Gobierno introduciría una circunstancia más entre las que concurren para que un juez dicte prisión preventiva a una persona que es imputada por un delito.
La circunstancia consiste en que el sospechoso “represente un peligro para la sociedad”, y se agregaría mediante un inciso e al artículo 239 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, los diputados de la subcomisión concluyeron que no se puede anticipar que una persona represente un peligro social, sin que esto constituya la imposición de una sanción anticipada.
Esta postura fue señalada por el Ministerio Público y el departamento de Servicios Técnicos del Congreso, en los criterios que respectivamente remitieron al foro.
Según el plan, un imputado podría ser calificado por un juez como peligro para la sociedad, si usó armas de fuego o armas blancas en un delito, o bien, si cuenta con monitoreo electrónico o vínculos con organizaciones criminales.
Igualmente, se tendría que contemplar la gravedad del delito que se le achaca a la persona, la cantidad de hechos criminales que le son endilgados, si la actividad ilegal se pena con prisión y la proclividad a cometer delitos dolosos.
La iniciativa también plantea que los condenados a prisión solo puedan recibir arresto domiciliario con monitoreo electrónico, si el delito que cometieron tiene un tope de cuatro años de pena, en vez de los seis años actuales.
El expediente, además, contempla una reforma en cuanto al otorgamiento de la libertad condicional.
Propone que el beneficio no sería otorgado cuando el privado de libertad descuente una condena por crimen organizado, delitos sexuales contra menores de edad o se hayan utilizado armas.
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Diputados cuestionan coherencia del Gobierno
Diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico cuestionaron al Gobierno por presionar primero al Congreso para que aprobara los proyectos sobre seguridad y luego desconvocar tres de ellas.
Señalaron que el Poder Ejecutivo retiró los expedientes como reacción a los problemas y cuestionamientos que empezaron a aflorar durante la discusión de los informes de subcomisión.
“Uno no puede entender esa incongruencia de parte del Gobierno, toda vez que han sido señalados por el señor presidente de la República como sus proyectos estrella en materia de seguridad.
“Y, desgraciadamente, con esta desconvocatoria, más allá de proyectos estrella, pareciera ser que son proyectos estrellados”, manifestó Gilberto Campos, del PLP.
Por su parte, la liberacionista Alejandra Larios consideró que si el Gobierno tiene temor de que sus proyectos sean archivados debió preocuparse antes por presentar textos “bien hechos” y realizar mesas de trabajo con los diputados para mejorarlos.
En tanto, Horacio Alvarado, del PUSC, consideró que el Poder Ejecutivo no está aprovechando el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, en la que puede fijar las prioridades, para impulsar una agenda robusta
“Nos vuelve a recetar lo mismo que en el periodo de sesiones extraordinarias pasadas, donde evidencia un total desinterés por atender la inseguridad de este país y eso es sumamente preocupante”, indicó Alvarado.
Gobierno asegura que realizará mesas de trabajo
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, indicó a La Nación que la desconvocatoria de los proyectos responde a un encuentro sostenido en el Ministerio de Justicia con diputados y personeros del Poder Judicial.
Según Díaz, en ese encuentro se acordó realizar mesas de trabajo sobre los tres proyectos de ley que fueron retirados del orden del día.
“Desde el Gobierno estamos comprometidos con el impulso a las reformas necesarias para enfrentar la ola de criminalidad, independientemente de quién las presente o promueva”, aseveró la jerarca.