Gobierno da sorpresivo golpe para abrir puertos de Limón

En 9 minutos, la Policía detuvo a 68 personas por obstruir muelles anoche

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

---

Limón y San José. - Mediante una acción sorpresiva, el Gobierno retomó anoche el control de los puertos de Moín y Limón tan solo 10 horas después de que el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) iniciara una huelga en contra de la concesión para construir una terminal de contenedores.

A las 8:30 a. m. de ayer, los sindicalistas paralizaron los muelles operados por la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), afectando la operación de seis barcos que venían por cargas de banano y piña.

Los sindicalistas cerraron los muelles para protestar contra el contrato que permitiría a la compañía holandesa APM Terminals construir y operar, por 33 años, una nueva terminal de contenedores en Moín.

Durante un gira por el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, en Siquirres, el mandatario, Luis Guillermo Solís, dijo al mediodía que no permitiría que el cierre de los muelles afectara la entrada y salida de naves. “Cuando se rompen las negociaciones, el Gobierno tiene que actuar en consecuencia”, dijo.

Casi seis horas después, a las 5:52 p. m., unos 150 oficiales de la Fuerza Pública abrieron los portones de los puertos, en una intervención que solo tardó nueve minutos y que produjo la detención de 68 personas.

Los detenidos fueron pasados a las celdas de la Comandancia de Limón, bajo los cargos de obstrucción de la vía pública y obstrucción de servicios públicos, explicó el ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, en San José, en la sede del ministerio.

Cinco, además, fueron pasados al Juzgado de Flagrancia por oponerse a la autoridad y otro tenía una orden de captura dictada por un tribunal limonense debido a una causa que este diario no pudo precisar al cierre de la edición.

Reacción. El secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blear reaccionó con fuerza: “Si el Gobierno nos golpea, nosotros vamos a golpear. Lo que hizo con nosotros hoy es una canallada”, afirmó.

En un comunicado emitido después de las 7 p. m., Blear señaló que seguirán en huelga por tiempo indefinido y prepararán demandas contra el Poder Ejecutivo.

Mientras la Policía arrestaba a los sindicalistas, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Ann McKinley, informaba sobre la forma en que se deben reabrir los muelles.

La funcionaria dijo a La Nación que echarán mano a un equipo de estibadores privados con amplia experiencia en Japdeva para que ocupen el lugar de los huelguistas.

Añadió que barajan otros escenarios, en caso de que sea necesario, pero insistió en que los muelles operarán con empleados especializados que se encuentran en Limón, por el momento.

“Son estibadores que conocen el proceso, hay una experiencia en lo interno de la institución; no es la primera huelga; se parte de la experiencia”, dijo McKinley.

El jerarca de Comercio Exterior, Alexánder Mora, no descartó que se contraten operadores de la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera, que tiene un 60% de capital colombiano y 40% costarricense.

Adicionalmente, poco antes de que se iniciara la operación policial, Japdeva presentó una petición de declaración de ilegalidad de la huelga ante el Juzgado de Trabajo de Limón. Así lo confirmó Pablo Díaz, gerente de la institución.

El principio del enojo. La huelga, anunciada por Blear en la Asamblea Legislativa la tarde del lunes, nació luego de una reunión con el presidente Solís, ese mismo día, en la Casa Presidencial.

Los sindicalistas salieron molestos ante la negativa de Solís de revisar la cláusula 9.1 del contrato entre el Gobierno y la firma holandesa APM Terminals, firmado en el 2012 por la entonces presidenta Laura Chinchilla.

A criterio de Sintrajap, ese punto permite crear un monopolio privado a favor de APM.

Sin embargo, el gobernante Solís afirmó que el contrato fue examinado por diferentes tribunales y que ha pasado el filtro legal en diferentes momentos, por lo que él se limitará a respetar lo acordado.

Los ministros de la Presidencia, Melvin Jiménez; de Comercio Exterior, Alexánder Mora; de Trabajo, Víctor Morales; y la viceministra Ana Gabriel Zúñiga, garantizaron que la operación de los muelles se normalizaría pronto.