El gobierno de Luis Guillermo Solís desconvocó el proyecto de ley que buscaba ponerle límite a los pluses salariales en el sector público, alegando que el plan carecía de viabilidad política y que incrementaría el gasto estatal en vez de contenerlo.
Sin embargo, ahora, el Poder Ejecutivo convoca una reforma redactada en sus oficinas con el mismo vacío que le achacó a la propuesta de la opositora Sandra Piszk y que, según su interpretación legal, tendría el mismo efecto: disparar el gasto.
Así lo admitió la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Pero esta vez, el gobierno sí cree que el texto es corregible y se prepara para ello, aunque ya los sindicatos se lo vetaron en la puerta como ocurrió con el plan anterior.
En el caso del proyecto de empleo público de Piszk, diputada de Liberación Nacional (PLN), el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, lo desacreditó sin proponerle modificaciones, al tiempo que los diputados del gobernante Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio preparaban una carta para rechazar la reforma a los pluses salariales.
El nuevo texto se centra en una cirugía al pago de anualidades, el principal disparador del gasto en remuneraciones del Estado. Se trata del incentivo que más dinero demanda al Estado y que más crece año con año, debido a su efecto cascada. Para este año, por ejemplo, se le presupuestaron ¢281.000 millones, el equivalente a una tercera parte de los sueldos base del Gobierno Central.
Actualmente, el Gobierno Central paga un máximo de un 2,56% adicional del salario base a los empleados por cada año laborado, pero algunas instituciones pagan hasta el 6% anual, como el Instituto Tecnológico (TEC) y la Junta de Protección Social (JPS).
Disyuntiva. A mediados de enero, el ministro Sergio Alfaro y el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, desacreditaron el proyecto de empleo público de la oposición, que el mismo Gobierno había convocado a discusión legislativa.
En el seno de la comisión de Asuntos Sociales, Alfaro y Pacheco adujeron que en materia de anualidades, la iniciativa de Piszk subiría el costo actual de ese incentivo al introducir un nuevo mecanismo de evaluación de los funcionarios.
Actualmente, las anualidades por antigüedad se le paga a los funcionarios de Gobierno Central que sean calificados como buenos, muy buenos y excelentes, lo que hoy ocurre con el 99,9% de ellos. El plus oscila entre el 1,94% y el 2,56% de la siguiente manera: entre más bajo sea el salario, mayor es el porcentaje. En las instituciones, los pagos son mayores y dependen de las convenciones colectivas.
El texto de Piszk propone pagar el incentivo solo a los empleados con notas de 'muy bueno' o 'excelente' y con un porcentaje máximo de 2,56%, tanto en Gobierno Central como en instituciones autónomas, excepto las que estén en competencia.
El porcentaje dependería de la calificación: entre 1,45% y 1,92% para los muy buenos; y entre 1,94% y 2,56% para excelentes.
Para Casa Presidencial, aprobar esa modificación era "muy riesgoso" porque no se establecían cuotas máximas de cuántos funcionarios deben ser calificados como excelentes y cuántos como muy buenos. Alegó que la experiencia de otros países indica que, al final, se termina calificando a todos como excelentes para darles el porcentaje más alto y que eso subiría el gasto, sobre todo en el Gobierno Central, donde hoy el porcentaje depende del nivel salarial y no de la calificación.
"Esto genera no solo un despropósito en el incentivo, sino que también genera un problema práctico del cual puede profundizar José Francisco (Pacheco) que, en lugar de contener el gasto público, podría aumentarlo", dijo Alfaro en la Comisión de Sociales el 18 de enero.
Ese día Pacheco agregó: "Esa separación entre anualidades para excelentes y anualidades para muy buenos, podría eventualmente generar un aumento en el rubro de anualidades si todo el mundo termina siendo excelente; y como decía bien el señor ministro (Alfaro), la experiencia internacional sí demuestra que si no hay algún tipo de regulación, no llamemos necesariamente topes, los regímenes que dejan las anualidades o pagos similares a manos exclusivamente de excelentes, terminan haciendo a todo el mundo excelente.
Incluso, así se consignó en el criterio jurídico que entregaron ese día a los diputados y que además lleva la rúbrica de la jerarca de Planificación.
"Ese argumento fue el más absurdo de todos los que dijeron. Estaban partiendo de que al 99,9% se les iba a calificar como excelente en el Gobierno Central y se les tenía que dar un 2,56%. Y eso no pasa en una evaluación de desempeño como debe de ser. Ellos mismos reconocieron que la eficiencia del Estado en relación con las metas del Plan Nacional de Desarrollo llegaba al 25%”, refutó Piszk.
La alternativa de Zapote. El proyecto de ley del Gobierno, convocado ahora, también propone pagar el incentivo solo a trabajadores con notas de excelente o muy bueno, pero tampoco incluye cuotas de funcionarios entre una y otra catogoría, para evitar que todos cobren como excelentes.
En materia de anualidades este plan se diferencia del anterior, en cuanto a que se elimina ese concepto y lo transforma en un "incentivo por buen desempeño", además de que solo propone un tope máximo de 2,54%, sin definir un mínimo, que eventualmente podría ser menor que el actual de 1,94%.
Olga Marta Sánchez reconoce que en esta iniciativa se omitió el tema de las cuotas máximas de la segmentación. En su defensa, alega que el texto se redactó y presentó a la corriente legislativa desde finales del 2015, cuando el Ministerio de Hacienda no había hecho los cálculos y tampoco había hecho el señalamiento del eventual incremento.
Agregó que ese aspecto se puede corregir mediante una moción y que ya se está trabajando en la redacción de una moción. Insistió en que este nuevo plan es mejor que el de Piszk porque es más riguroso y preciso sobre el mecanismo empleado para calificar el desempeño de los funcionarios públicos, aunque ambos proponen que sea con base en el Plan Nacional de Desarrollo vigente en el momento del estudio.
"Este proyecto fue presentado en el 2015, hace ya un tiempo, justamente es un elemento que hay que incorporar, el hecho que haya una cantidad limitada, un porcentaje para cada una de las categorías. Eso es cierto, hay necesidad de incorporar ese elemento, lo que sí es necesario resaltar es que en este proyecto sí se establecen mejor los mecanismos de implementación del sistema de evaluación", declaró Sánchez.
La Nación intentó obtener una reacción del ministro Sergio Alfaro y del viceministro José Francisco Pacheco, quienes desacreditaron el plan de Piszk; sin embargo, a través de sus encargadas de prensa, ambos declinaron hablar sobre el tema y le encomendaron esa función a Sánchez.
El gobierno convocó este proyecto el 10 de febrero anterior, un día después de que la agencia Moody’s degradó la calificación de riesgo de Costa Rica y 22 días después de que Fitch Ratings bajara la nota del país por los grandes déficits fiscales y la falta de reformas legales para solucionar el problema de la deuda pública.
Zapote insiste en una reforma de impuestos, pero la oposición le exige tocar también el gasto en empleo público.
Olga Marta Sánchez: 'Hay un mejor mecanismo de evaluación'
La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, aduce que el proyecto que ahora convoca el Gobierno para regular las anualidades es más restrictivo que el plan de la oposición.
-¿Este proyecto que convoca el Gobierno atiende las observaciones que se le hicieron al de Sandra Piszk?
El tema de empleo público debe verse en el marco de lo que tiene que ver con la mejorar integral de la gestión pública, es decir, que es un componente de la mejora y no, únicamente un tema de remuneraciones. Si nosotros pretendemos como país y como Estado, ser mucho más eficientes y eficaces, uno de los temas que tenemos que abordar es cómo se hace para gestionar mejor los recursos humanos, entonces, en ese marco es que se estableció el diseño de este proyecto.
"Incluso, ya en setiembre del 2015 nosotros lo anunciamos porque nos parecía que desde la Ley de Salarios había una equivocación en términos de lo que debe ser la evaluación del desempeño de los trabajadores al confundirse con una anualidad. Una anualidad se logra cuando usted tiene un año más de trabajo, no necesariamente está relacionado con si su año de trabajo ha sido de un desempeño excepcional o no. Entonces, con este proyecto queríamos separar ambas cosas, que hubiera una norma que claramente dijera cómo incentivar al buen trabajador que va más allá de lo que se espera que cumpla en su trabajo. Por otro lado, ligarlo a la calidad de gestión institucional como un todo.
"El proyecto establece que un trabajador podrá recibir un incentivo cuando tenga un desempeño muy bueno o excelente. Y ese muy bueno y excelente tienen un referente previo y es cuáles son las metas e indicadores para medir las metas de cumplimiento institucional. Por ejemplo, sí su institución cumple con las metas anuales, entonces los trabajadores podrán entrar a ser calificados para determinar si merecen o no un incentivo. Si no hay un cumplimiento de metas institucionales, no hay incentivo, porque no puede ser que tengamos trabajadores calificados como muy bien y estar incumpliendo con las obligaciones institucionales. De previo está el cumplimiento de metas, con indicadores precisamente establecidos a priori, y después la posibilidad de calificar a un trabajador para saber si es muy bueno o excelente en su desempeño.
"Esa era la lógica fundamental, como ve usted, tiene un objetivo distinto al proyecto presentado por doña Sandra Piszk".
-Pero el de ella también habla de metas, del Plan Nacional de Desarrollo…
Pero ella mantiene la confusión de ser una anualidad con evaluación de desempeño. En ese desaparecía el concepto de anualidad y comenzaría a llamarse evaluación de desempeño, y luego, este es mucho más preciso en los mecanismos y proceso de evaluación.
-Y se impone un tope de 2,54% en lugar de 2,56%…
Actualmente es solo para el sector público del Gobierno Central y aquí lo que se está diciendo es que va ser para todo el sector público, con excepción de las instituciones que están en competencia. En realidad, este tope tiene un efecto más que para el Gobierno Central, para las instituciones públicas que no están en el Gobierno Central, se les está poniendo un límite igual a que hoy tienen las instituciones del Gobierno Central.
-¿Eso está en los proyectos?
Efectivamente.
-Don Sergio Alfaro y don Francisco Pacheco cuestionaron el proyecto de doña Sandra porque no se establecían cuotas de cuántos funcionarios como máximo debían ser calificados como "muy buenos" y cuántos como "excelentes". Alegaban que la experiencia internacional demostraba que normalmente a todo el mundo se le termina pagando como excelente y que eso elevaría el gasto público. ¿Por qué en este proyecto tampoco se establecen las cuotas?
Este proyecto fue presentado en el 2015, hace ya un tiempo, justamente es un elemento que hay que incorporar, el hecho que haya una cantidad limitada, un porcentaje para cada una de las categorías. Eso es cierto, hay necesidad de incorporar ese elemento, lo que sí es necesario resaltar es que en este proyecto sí se establecen mejor los mecanismos de implementación del sistema de evaluación.
-¿Si no se fijan cuotas se corre el riesgo de elevar el gasto?
Claro, pero lo que sí es cierto es que como mecanismo es mucho más restrictivo, porque aquí si no hay cumplimiento de las metas institucionales, no hay forma de entrar a valorar si aplica el incentivo, cosa que en el proyecto de doña Sandra no estaba así de preciso. Pero aún así, es importante que haya una definición de cuál va ser la cuota posible de trabajadores que caben para ser calificados como excelentes o muy buenos. Tendríamos dos elementos, mayor rigurosidad en los métodos de evaluación y por otro lado, un señalamiento porcentual de cuántos pueden caber en cada categoría.
-Pero eso último no está actualmente en el proyecto.
No, no, porque fue redactado tiempo atrás.
-¿Ustedes no han hecho algún estudio o una estimación de qué porcentaje debería ser calificado como excelente o muy bueno?
Es un dato que se está trabajando ahorita.
-¿Y que se haría, se presentaría una moción?
Sí, sí, sí. Ahora, lo importante es que el proyecto, me gustaría subrayar, es que nació en el marco de un enfoque de mejora en la calidad de la gestión.
-¿Por qué se convoca un proyecto de ley que al igual que el de doña Sandra, carece de cuotas?
El origen del texto es anterior (al criterio jurídico) por un lado y por el otro, es que además, según los cálculos que se hicieron en Hacienda el problema no solamente estaba asociado al tema de anualidad, sino otros elementos que también subía el gasto, eso es lo que hacía con sumas y restas que prácticamente el proyecto pudiera resultar hasta más costoso en términos de presupuestos de lo que hoy costaba, o sea, no estaba asociado solo a anualidades, el proyecto de doña Sandra albergaba más incentivos y en algunos de ellos, incluso habían aumentos.
-¿Solo en disponibilidad?
Exactamente, pero a la hora de cerrar las cuentas o era muy poco el ahorro o incluso hasta podía significar un costo mayor.
-¿En este proyecto del Gobierno, puede ser que un año un funcionario reciba un porcentaje y que al año siguiente ese porcentaje varíe?
Sí, pero desde luego que no toca los derechos adquiridos.
-Ese aspecto de que varíen los porcentajes, año con año, es otro de los señalamientos que hizo don Sergio, porque genera mayor distorsión y fragmentación, incluso se cuestionó en el criterio jurídico que lleva su firma, ¿por qué se incluyó en esta propuesta si no es correcto?
Sí, sí, efectivamente. Yo lo que pienso, lo importante es que el tema de la gestión del empleo público tiene que ser discutido en el ámbito legislativo, pero debe ser discutido dentro de una visión mucho más integral, cuando se suscribe exclusivamente al tema de remuneraciones se ha hecho que caiga mucho en un aspecto parcial del debate y la discusión. Al tener esta convocatoria implica la necesidad que en las comisiones legislativas entre el tema a discusión por el fondo y se puede realmente llegar a constituir un enfoque compartido y concertado sobre esta temática, que hasta el momento no se ha logrado.
-¿Ahora van a colocar el proyecto en los primeros lugares de discusión en el Congreso?
La parte del trámite le corresponde al Ministerio de la Presidencia.
Sandra Piszk: 'Ese fue el argumento más absurdo'
La diputada de Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk asegura que la reforma de empleo público que ella presentó y el Gobierno desacreditó, sí genera un ahorro, no tanto en el presupuesto del Gobierno Central, sino de las autónomas.
-¿Para usted fue convincente el argumento del gobierno de que el plan de empleo público no impactaría el déficit fiscal?
No, en absoluto, siempre estuvo claro que cuando se trataba de déficit fiscal, lo relacionado con presupuesto del Gobierno Central, el ahorro no era grande puesto que las institutuciones de Gobierno Central no tienen muchos incentivos. Lo que se podía sacar de ahí era poco. Lo importante era lo que se podía ahorrar en las autónomas y ahí se ahorraban cerca de ¢300.000 millones. Si uno toma en cuenta que el 30% del presupuesto se destina a las autónomas y una gran parte a remuneraciones. Al no tener que hacer tantas transferencias, era posible hacer ahorros, se podía impactar el déficit fiscal, de manera que ese argumento no tiene ningún peso.
"Era parte de un proceso que tenía que hacerse para determinar en qué casos podría haberse reducido la transferencia: el IMAS, el CNP, hay varias".
-¿Entonces para usted cuál fue la intención de desconvocar el plan (de la oposición)?
Yo realmente sigo sin entender y por eso no comparto en absoluto las razones que el gobierno dio. La razón fue la presión ejercida por los sindicatos. Ellos (los jerarcas de gobierno) hablan de que por qué solo se tocaban seis pluses, bueno porque era una manera de comenzar con los pluses que son comunes a todas las instituciones. Pero el proyecto era más amplio en un ordenamiento que debe hacer el Estado
"Había pluses a nivel de gobierno central que ellos pudieron proponer regular. Siempre dijimos que se trataba de una regulación, no de una eliminación. El argumento es insostenible porque siempre se dijo que el objetivo final no era impactar el déficit fiscal, ese era uno de los resultados. El objetivo era una mayor eficiencia en el Estado, relacionar la eficiencia con las anualidades y hacer ordenamiento que permitiera al Estado tener un mayor control sobre las autónomas.
"El proyecto establece una nueva modalidad de funcionamiento del Estado que retoma lo que fue el espíritu del constituyente, que el estado era patrón único y, consecuentemente, las autónomas no podían fijarse una estructura salarial a su entender. Un ejemplo clarísimo: lo que ocurrió en el Banco Central, que otorga un aumento de un 17% a los funcionarios y el gobierno no tiene nada que decir. Siempre consideramos que una parte importantísima era retomar la parte del constituyente en cuanto a las facultades del presidente y del ministro de Hacienda sobre la estructura salarial en materia de remuneraciones.
"Por todas partes los argumentos eran insostenibles".
-El Gobierno sostuvo que el proyecto aumentaría el gasto en el Gobierno Central porque allí hoy unos reciben un 1,9% de anualidad y todos querrían llegar al 2,56%.
A don Sergio (Alfaro, ministro de la Presidencia) se le ocurrió que qué pasaba si el 99% de los funcionarios calificaba de excelente y eso era 2,56. Aún así habría ahorro porque en algunas de las autónomas a todos hoy se les paga un 5,5%, por ejemplo.
"Ese argumento fue el más absurdo de todos los que dijeron. No es sostenible. Estaban partiendo de que al 99,9% se les iba a calificar como excelente en el Gobierno Central y se les tenía que dar un 2,56%. Y eso no pasa en una evaluación de desempeño como debe de ser. Ellos mismos reconocieron que la eficiencia del Estado en relación con las metas del Plan Nacional de Desarrollo llegaba al 25%.
-Pero si se sigue calificando como hoy todos podrían calificar de excelentes. ¿Cómo cambiaría la calificación?
Precisamente ahí es en donde está esa parte importante que significa relacionar pago de anualidad con eficiencia, hoy el 99,9% tienen anualidad.
"Al establecer el proyecto la obligación de desarrollar mediciones objetivas de eficiencia, es evidente que la anualidad no se va a conceder porque se trabajó un año más, sino por eficiencia".
"La medición de eficiencia depende de la institución, cada institución debía desarrollar sus propios mecanismos de medición de eficiencia. Se daban 6 meses en el proyecto para que desarrollaran sus mecanismos de evaluación de eficiencia. Desde la época de Figueres padre, aparecen ya las anualidades relacionadas con eficiencia y este tema de diferenciar entre muy bueno y excelente aparece en la época de Oduber, no es algo nuevo. En los países desarrollados se utiliza, el Servicio Civil tiene los mecanismo, pero no se aplican".