El gobierno de Luis Guillermo Solís salió en defensa de la decisión de no reducir a un 1,94% el porcentaje de salario base que se les paga a los funcionarios públicos por cada año laborado, incentivo conocido como anualidad.
Actualmente, el Gobierno central les paga un máximo de un 2,56% a los empleados no profesionales y un 1,94% a los profesionales. Algunas instituciones pagan mucho más, incluso más de un 6%.
En la discusión de la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa, el diputado Ottón Solís propuso una moción, que fue aprobada, para fijar un máximo de un 1,94% en todas las instituciones, en adelante.
Sin embargo, en el texto sustitutivo presentado el jueves por el Gobierno, se retrocede en esa materia, al tiempo que los sindicatos amenazaban con huelgas, y se establece un 2,54% para no profesionales y se deja el 1,94% para no profesionales.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, alega que lo hicieron así por "justicia social" con los funcionarios no profesionales, pues son quienes ostentan los sueldos más bajos.
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Según Luis Paulino Mora, no hay mayor diferencia entre las propuestas. Alega que la propuesta del Gobierno no generaría un mayor gasto para el Estado e insiste en que es "poca" la repercusión en las finanzas públicas.
"El tema que prevaleció, fue un tema casi que de justicia social, en el sentido de que son salarios muy bajos, no es lo mismo 1,94% de los salarios profesionales —en cuanto a cantidad económica—, que 2,54% para los no profesionales que puede ser hasta ¢100 o ¢200", expresó el viceministro.
Así se pronunció durante un taller que realizó Hacienda para exponer los pormenores de la megamoción de texto sustituto que el Gobierno presentó ayer jueves, al plan fiscal.
Los topes no aplicarían para las instituciones donde actualmente rige una convención colectiva con una anualidad mayor, como ocurre en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde recientemente se acordó que ese incentivo será equivalente al 3,75% del salario base.
Mora afirmó que, en el caso de las instituciones que paguen anualidades más altas por convención, habrá que esperar a que estos convenios venzan y negociar con base en el nuevo parámetro fijado en la reforma fiscal.
"Aplica a todo el sector público, excepto en las (convenciones colectivas) que están vigentes. En esos casos, habrá que esperar que venzan y ya después se deberá negociar bajo el parámetro de este tope", explicó Mora.
Inclusión de los calificados como 'buenos'
El jerarca fue enfático en que el cambio fundamental en materia de anualidad radica en el establecimiento de un mecanismo de evaluación de resultados, directamente vinculado con las metas de la institución para la cual trabaja el funcionario público.
En la actualidad eso no se aplica y ese incentivo se le paga prácticamente al 100% de los trabajadores estatales.
También defendió la decisión de dar la anualidad a los funcionarios calificados como "buenos", dentro de las personas que pueden acceder a ese plus salarial. En el texto que se aprobó en comisión se hablara solo de "muy buenos".
"En el Gobierno central, del 99,9% de empleados públicos que reciben el pago de anualidad, solo un mínimo fue calificado como bueno. El impacto fiscal de incluirlos es nulo.
"La novedad del tema de las anualidades es vincularlo a los objetivos institucionales y ponerle un tope más razonable a lo que existía, ya no hay tope", añadió Mora.
La mañana de este viernes, en conferencia de prensa, el presidente electo, Carlos Alvarado, dijo desconocer cuáles son los términos en que se está negociando la reforma en cuanto al tema de anualidades.
No obstante, resaltó la necesidad de que el pago de ese incentivo esté estrictamente vinculado al cumplimiento de metas.