El Consejo de Gobierno acordó la apertura de dos investigaciones preliminares contra los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP) “por presuntas acciones irregulares”.
Así consta en el acta 61 del pasado 3 de agosto. Los procesos fueron asignados a la abogada de la Secretaría del Consejo de Gobierno, Mariela Córdoba Chaves, y se tramitan bajo los expedientes PR-SCG-IP-010-2023 y PR-SCG-IP-011-2023.
Cinco días antes de que el Gobierno iniciara este proceso, La Nación dio a conocer los alcances de un informe de la auditoría interna del Banco Popular (BP), en la que se denuncia pérdida de clientes, resultados financieros sustentados en condiciones no sostenibles, una alta rotación de personal clave, alto rezago digital y que la mayoría de sus oficinas operan con déficit.
Dichos resultados fueron comunicados a la Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), mediante un informe del auditor general del Banco, Manuel Antonio González, y el director general de Riesgo, Maurilio Aguilar Rojas.
Este medio consultó al Gobierno si los hallazgos de la auditoría sustentaron el inicio de la investigación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se limitó a decir, por medio del departamento de comunicación de Casa Presidencial, que estas investigaciones se encuentran protegidas por el artículo 6 de la Ley de Control Interno Ley 8292 y el artículo 8 de la Ley de la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Ley 8422.
A la fecha, la Junta Directiva del Banco no ha recibido notificación de parte del Poder Ejecutivo respecto a las investigaciones en curso, según indicó a La Nación la oficina de comunicación de la entidad financiera.
A pesar de esto, el Popular aseguró tener la disposición de colaborar “con todo lo necesario o que sea requerido para que se lleven adelante dichos análisis preliminares, priorizando siempre la absoluta transparencia y el apego estricto a la legislación”.
Conclusiones de auditoría
De acuerdo con la auditoría, para el primer cuatrimestre del presente año, las utilidades acumuladas del BP sumaron ¢7.308 millones; sin embargo, dice el documento, esos resultados son producto de una serie de factores que no corresponden directamente con el negocio bancario y que de no haberse presentado, más bien se habría registrado una pérdida de ¢10.449 millones.
Asimismo, el informe alude a una disminución en el tamaño del Banco de un 7,86%, mientras que el Sistema Financiero en el mismo periodo creció 7,78%.
Esto, a pesar de que por ley, la entidad recibe anualmente ¢180.000 millones por concepto de ahorro obligatorio y aporte patronal, de los cuales ¢30.000 millones se capitalizan anualmente.
“Sin esos recursos – que no son de la gestión propia del Banco – y lo anteriormente indicado la caída en el activo total habría sido del doble”, indica el informe.
A su vez, la auditoría advierte sobre una “brecha en el saldo del crédito con los principales competidores”, ya que el crédito al sector empresarial brindado por el BP se redujo en casi ¢10.000 millones, un 3,97% en el periodo diciembre 2018 a febrero 2023; mientras que la participación en el crédito de vivienda pasó de 14,18% en diciembre 2019 a 13,37% a diciembre 2022.
BP rechaza resultados
El Banco se pronunció en contra de las afirmaciones del informe de auditoría al señalar que el documento se fundamenta en información omisa, incorrecta y descontextualizada. La administración sostuvo que, más bien, ha incrementado su cartera de crédito y su participación en el mercado en los últimos años.
La entidad aseguró que, del año 2020 a mayo del 2023, tuvo un crecimiento en su cartera de crédito del 8,92%, el cual fue superior al aumento obtenido por el Sistema Financiero Nacional en su conjunto, que en ese mismo lapso fue de 5,90%.
Además, citó que su participación de mercado aumentó de 11,37% en diciembre del 2020 a 11,69% en mayo del 2023.
Por otro lado, la institución financiera admitió que perdió 4.910 clientes de crédito entre diciembre del 2020 y diciembre del 2022 (una pérdida del 2% de la cartera). Sin embargo, justificó que desde el año 2020, la Sugef percibió una contracción del mercado de crédito, el cual perdió 67.601 clientes.
Atestados de directivos
El auditor general y el director general de Riesgo también denunciaron falta de atestados por parte de los miembros de la Junta Directiva. Señalaron que la mayoría incumple con la formación académica y experiencia financiera requeridas, mientras que BP refutó lo dicho al argumentar que los miembros de la Junta Directiva cumplen con la idoneidad, la honestidad, la experiencia, la formación y la dedicación para ocupar esos lugares.
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