Gloria Navas, presidenta de la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, buscará sumar con las fracciones legislativas los 38 votos que necesita para que se apruebe el proyecto de ley que ampliaría el margen a los jueces para imponer prisión preventiva en casos de narcotráfico.
La legisladora tiene previsto abordar las objeciones planteadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la reunión de jefaturas de fracción del próximo jueves. Además, responderá a las preocupaciones constitucionales y consultas de los legisladores con el objetivo de promover el apoyo requerido para la aprobación del texto en el plenario.
“Este proyecto debe ir bien armado, es muy importante y muy delicado. Se esperan resultados positivos de él y debe tramitarse con suma responsabilidad”, expresó la legisladora.
Según la Corte, el plan afectaría la organización y el funcionamiento judicial, por lo que se requieren 38 votos en el plenario para su aprobación.
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El proyecto propone la imposición de prisión preventiva en casos de narcotráfico, legitimación de capitales, homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra menores de edad y delitos con uso de armas de fuego. También ordena medidas cautelares cuando la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad estén en situación de riesgo.
Sin embargo, un informe de la magistrada Patricia Vargas, de la Sala III, expuesto en Corte Plena, calificó el proyecto como “problemático” y advirtió sobre la posibilidad de aplicar la prisión preventiva “de manera arbitraria”.
Entre otras objeciones, Vargas señaló que tanto la Constitución Política como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos descartan la posibilidad de establecer una prisión preventiva automática. Por lo tanto, añadió, el proyecto podría afrontar problemas de inconstitucionalidad y generar “responsabilidades internacionales” para Costa Rica.
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Vargas también expresó preocupación sobre el concepto de “comunidad” en el proyecto, el cual considera “claramente poroso e indeterminado”.
La Fiscalía General de la República sostiene que la Sala III realizó una lectura incorrecta de los elementos valorados en el proyecto de ley. Argumenta que los magistrados parten del supuesto de que se trata de una prisión preventiva de oficio, lo cual, aclara la fiscalía, no es así, ya que es el juez quien valorará en cada caso particular la procedencia de acuerdo con los requisitos establecidos.
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El proyecto fue consensuado en una mesa de seguridad con representantes de los supremos poderes, incluyendo al fiscal general Carlo Díaz. Navas subrayó la importancia de comprender cómo se manejan los procesos judiciales y la necesidad de considerar los cambios en la sociedad, marcados por la creciente violencia y la presencia del crimen organizado a nivel nacional e internacional.
Por su parte, Gilbert Díaz, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), informó que presentó mociones de ajustes al texto, incluyendo una para clarificar el concepto de comunidad y especificar que los riesgos considerados para imponer prisión preventiva deben ser “concretos”.