La bancada del Frente Amplio presentó este miércoles un proyecto de ley que reduciría las pensiones de los futuros expresidentes de la República de ¢3,8 millones a ¢2,3 millones, al tiempo que cobraría una contribución solidaria de ¢1,1 millones a las vigentes.
El plan, además, prohibiría que los exmandatarios o sus herederos cobren la jubilación si gozan de otros ingresos, otra pensión o si se reincorporan a la función pública.
Estas jubilaciones, vigentes desde 1992, equivalen al salario de un diputado y, actualmente, las perciben 11 personas: dos herederos, siete expresidentes y dos exprimeras Damas. Este año, estas pensiones costarán ¢516 millones.
"No es algo significativo (en términos presupuestario), es un tema más simbólico. Si estamos hablando de bajar pensiones a magistrados, salarios de lujo y limitar el aumento de nuestra remuneración (de diputados), faltaba este sector", declaró el jefe de fracción frenteamplista, Edgardo Araya.
"Esas pensiones se crearon para dar un soporte económico futuro al mandatario, para que sus decisiones sean independientes y no se vean influidas por posibles efectos económicos futuros en sus vidas. Sin embargo, vemos que los montos son elevados, se dan a expresidentes y expresidentas con ingresos propios suficientes y se heredan a familiares sin considerar si ya cuentan con ingresos por sus propias actividades económicas, u otras pensiones o si han vuelto a trabajar en la función pública, con lo cual las pensiones del régimen de expresidentes ya no serían necesarias o pierden su objetivo”, añadió.
El Frente Amplio propone que los futuros exmandatarios solo accedan al beneficio de la pensión si demuestran tener ingresos inferiores a ¢2,3 millones.
"Es una especie de subsidio estatal para la persona que ocupó la Presidencia de la República, pues le será difícil conseguir trabajo", insistió el diputado, quien explicó que, para estas jubilaciones, no existe una cotización especial.