La Fiscalía General de la República confirmó que investiga al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por incluir la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, en el decreto de emergencia para atender las afectaciones de la tormenta tropical Bonnie, ocurrida en julio de 2022.
El mandatario hizo la inclusión en junio del 2023, casi un año después de que ocurrió el fenómeno meteorológico, lo que permitió contratar a Constructora MECO por ¢21.800 millones mediante un procedimiento excepcional.
En la causa judicial, también figuran como investigados la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo Elizondo; y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez.
Así lo corroboró el Ministerio Público este jueves a La Nación, un día después de haber informado que, desde enero pasado, había abierto una causa contra Amador a raíz de la recepción de una denuncia.
El caso del exjerarca será pasado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), por haber perdido el fuero de ministro; las pesquisas sobre Chaves y Díaz sí las debe dirigir la Fiscalía General por el fuero que tienen ambos debido a sus cargos públicos. La Fiscalía no reveló por cuál supuesto delito se abre la investigación.
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¿Qué permitió el decreto?
Con la inclusión de la pista en el decreto de emergencia, el gobierno contrató la reparación mediante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Ese mecanismo permitió brincarse los procesos ordinarios de contratación y aplicar una celeridad propia de una emergencia.
De esa forma, el contrato se le adjudicó a Constructora MECO, que ofertó por ¢1.000 millones más que Consorcio Pedregal, el segundo participante en la licitación.
Según el Poder Ejecutivo, el sobreprecio responde a que los términos de referencia del concurso contenían un requisito de experiencia que solo MECO podía cumplir. Ese requisito consistió en exigir que la empresa que resultaría seleccionada debía haber tenido experiencia en pistas de más de 20.000 metros cuadrados.
Al haberse tramitado por la Ley de Emergencias, esta contratación no pudo ser revisada por la Contraloría General de la República, la cual se vio obligada a rechazar un recurso presentado por Consorcio Pedregal.
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7 funcionarios advirtieron ilegalidad
Un oficio firmado por siete funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, de la Dirección General de Aviación Civil, advirtió a las autoridades de gobierno de la ilegalidad de reparar la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber mediante un decreto ejecutivo de emergencia.
Los funcionarios señalaron no había relación entre la tormenta tropical Bonnie y los daños en la pista, pues los problemas en esa estructura son de larga data y se remontan al 2015.
El primer decreto de emergencia por Bonnie es del 12 de julio del 2022. En este, el presidente Chaves y la ministra Díaz solo incluyeron 12 cantones y cuatro distritos afectados por el paso de la tormenta Bonnie, sin tomar en cuenta a Liberia, pues no había registro de daños provocados por la tormenta.
Sin embargo, casi un año después, el 21 de junio de 2023, los jerarcas incluyeron a Liberia y a la pista de aterrizaje de Daniel Oduber citando registros de lluvias inexactos. Se mencionan registros de entre 125 y 157 milímetros de agua, pero la estación meteorológica ubicada en la terminal aérea contabilizó solo 50 milímetros, de acuerdo con el boletín meteorológico de julio de 2022, fecha en que ocurrió la tormenta.
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El pasado martes 12 de marzo, el mandatario comunicó la salida de Amador y Naranjo por las irregularidades que habrían permitido a MECO ganar el contrato por un monto de ¢21.800 millones.
Según el gobierno, Amador y Naranjo, avalaron a la CNE los términos de referencia que solo MECO podía cumplir en cuanto al requisito de experiencia en arreglo de pistas aéreas.
La constructora adjudicada recibió la orden de inicio de los trabajos en el aeropuerto el 4 de marzo pasado y el mandatario Chaves afirmó que no suspenderá el contrato porque el retraso afectaría la llegada de aviones y turistas a esta terminal.
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