La Fiscalía General informó de que funcionarios bancarios de Costa Rica habrían cometido delitos en torno al ingreso $20 millones provenientes de un supuesto soborno al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Sin embargo, ya no será posible investigarlos o imputarlos porque el plazo para ello ya prescribió.
Así lo informó el Ministerio Público luego de dar a conocer que reactivó la causa judicial contra el exmandatario peruano y otras cuatro personas, quienes habrían movido un presunto pago de la constructora brasileña Odebrecht mediante cuentas del Scotiabank en Costa Rica.
Sobre lo sucedido en Costa Rica, la Fiscalía General apuntó: "Hay delitos que, de no haber estado prescritos, se pudieron investigar o imputar a funcionarios bancarios".
Agregó que se trata de conductas que encuadran en el artículo 70 de la Ley 8204: "No se analizaron ni reportaron operaciones sospechosas y se omitió información bancaria que fue requerida a los funcionarios sobre el presunto lavado de activos".
"Cuando se habla de funcionarios nos referimos a personal bancario, cuyos puestos no serán detallados en virtud de que ya no hay posibilidad de perseguir esos delitos", afirmó la Fiscalía ante una consulta de La Nación.
El dinero entró a Costa Rica entre el 2006 y el 2010.
La causa judicial por el caso de Toledo estuvo inactiva durante tres años y cinco meses debido a una desestimación solicitada durante la gestión del fiscal general suspendido, Jorge Chavarría.
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El Ministerio Público había alegado que las personas que figuraban en el expediente 13-000051-0618-PE también eran investigadas por los mismos hechos en Perú y que, en la causa, no figuraban costarricenses.
Esta mañana, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, informó de que reactivó la causa al considerar que "requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada”.
La causa penal se reactiva también contra la suegra de Toledo, Eva Rosa Fernenbug; el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.
En el 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que la suegra de Toledo tenía más de $17 millones, que se usaron en parte para la adquisición de bienes inmuebles.
A mediados de octubre pasado, el empresario peruano-israelí Josef Maimam confesó que movió, a través de cuentas bancarias en Costa Rica, $20 millones provenientes de un soborno pagado por Odebrecht al expresidente Toledo (quien gobernó del 2001 al 2006) por un contrato para construir una carretera.
De ese monto, $6,5 millones todavía permanecen congelados en el Scotiabank por orden de un juez costarricense, a petición de la justicia del país suramericano.
En Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) investiga al Scotiabank por haber recibido en sus cuentas fondos ligados a esta operación. El procedimiento administrativo podría derivar en una sanción en contra de la entidad financiera, la cual a su vez tiene derecho a ejercer su defensa.