El Ministerio Público investiga si la vicealcaldesa de San José, Paula Vargas Ramírez, incurrió en incumplimiento de deberes al ausentarse del trabajo una semana al mes, durante ocho meses, para cursar una maestría, al tiempo que devengaba completo su salario de ¢5,6 millones.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la apertura de la pesquisa, la cual se encuentra en etapa preparatoria de recolección y análisis de pruebas. El procedimiento se asignó al expediente 22-000133-1218-PE, el cual, por el momento, es privado.
La Nación dio a conocer el caso de los estudios en horas laborales de Vargas Ramírez el 19 de mayo pasado. No obstante, la investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público el 29 de marzo —casi dos meses antes—, de la cual este medio tiene copia. Consultada sobre el proceso judicial, Vargas respondió, por medio de la oficina de prensa municipal, que no ha sido notificada de la investigación. Además, aseguró que “nunca desatendió ninguna actividad” de su agenda laboral.
Vargas Ramírez utilizó una semana de cada mes (el equivalente a un cuarto de tiempo), desde agosto del 2021 y al menos hasta marzo del 2022, para estudiar una maestría en Gerencia en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). Dicho programa exige que una semana de cada mes, durante ocho meses, los alumnos se dediquen por completo a sus estudios.
La vicealcaldesa, en total, sumó ocho semanas de ausencia, pero en ningún momento se le aplicaron rebajas a su salario mensual de ¢5,6 millones. La jerarca pudo mantener intacto el sueldo debido a que Johnny Araya, el alcalde josefino, le extendió un permiso de estudio con goce de salario. La autorización la firmó en abril del 2021, meses antes de ser suspendido por figurar como investigado en el caso Diamante.
Al inicio de la licencia de ocho meses, Vargas era subordinada del alcalde. No obstante, ella tuvo que asumir como alcaldesa a. i. a finales de noviembre, cuando se dictó la suspensión de Araya. A partir de ese momento, y hasta que terminó el programa de maestría, fue la máxima jerarca de la Municipalidad.
En la documentación municipal no consta que la vicealcaldesa Vargas haya solicitado permiso del Concejo Municipal para ausentarse durante una semana al mes, entre enero y marzo. Por normativa municipal, cuando el alcalde va a faltar al trabajo para capacitarse, viajar, estudiar o atender invitaciones, debe obtener la autorización de los regidores.
‘Atendió todos sus compromisos’
En su declaración escrita sobre la investigación judicial, la vicealcaldesa envió respuestas a consultas que este medio le había enviado 22 días antes. En la respuesta, no obstante, evitó especificar cuáles semanas recibió clases. Tampoco accedió a revelar si su permiso para estudiar le permitía seguir devengando su salario con normalidad.
La Nación, no obstante, corroboró que Vargas recibió completo su sueldo de ¢5,6 millones pese a tener un permiso equivalente a un cuarto de tiempo, por medio de una consulta al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En la declaración, Vargas Ramírez insistió en que mientras cursó la maestría “atendió todos sus compromisos laborales, lo anterior dada la modalidad virtual de la maestría cursada”. La jerarca aseguró que durante las ocho semanas de clases mantuvo la agenda habitual de su despacho, exactamente al mismo tiempo que asistía a las clases del Incae.
No obstante, en los requisitos de ingreso a la maestría, el Incae es enfático al exigir que durante la semana mensual en la que se imparten lecciones, los estudiantes se dediquen exclusivamente a las clases. El Instituto, incluso, solicita una carta en la que el patrono se compromete a liberar al alumno de todas sus responsabilidades laborales, durante esos días.
“Nunca desatendí ninguna actividad de la agenda institucional; sostuve reuniones, realicé trabajo de oficina, participé de actividades públicas, asistí a las sesiones del Concejo municipal y al mismo tiempo cumplí a cabalidad las responsabilidades académicas”, dice la respuesta por escrito de la vicealcaldesa.
Vargas Ramírez regresó esta semana a su cargo de vicealcaldesa, pues el lunes Araya y los otros cinco alcaldes investigados por el caso de corrupción Diamante fueron liberados de la medida cautelar que les impidió ejercer sus cargos durante seis meses.