La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este martes que abrió una investigación penal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por el presunto delito de tráfico de influencias a raíz de una denuncia interpuesta por el empresario Leonel Baruch Goldberg,accionista del Banco BCT y del medio de comunicación CRHoy.
En el expediente también figuran como investigados el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives; la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca Zúñiga; el jefe de despacho de Chaves, Gabriel Aguilar Vargas; la esposa de Baruch, Yafit Ohana Beladel; y el abogado de esta última, Ricardo González Mora.
La Fiscalía detalló que la causa se tramita bajo el expediente 23-000056-0033-PE y actualmente está en una etapa privada. Debido a que entre los acusados hay miembros de los supremos poderes, la investigación será llevada por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.
La Nación solicitó una reacción a Casa Presidencial sobre esta noticia.
Baruch denunció al mandatario Chaves el martes 25 de julio por supuestamente intervenir en el proceso de custodia de sus hijos menores de edad. El empresario le achaca dos presuntos delitos de tráfico de influencias.
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El accionista de CRHoy argumentó que Chaves ejerció una presión indebida sobre la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, para que actuara en favor de su esposa, Yafit Ohana, en un caso “que afecta y sigue afectando” a sus hijos.
López Fuscaldo relató, bajo juramento en la Asamblea Legislativa, que el asesor presidencial, Gabriel Aguilar, la llamó en marzo para que atendiera “con cuidado” un caso relacionado con la custodia de los hijos del accionista del medio.
Baruch, quien está en proceso de divorcio, agregó que hubo otra presión indebida del mandatario sobre el Inamu para que coadyuvara en favor de Ohana en un caso de violencia doméstica, el cual el empresario calificó como falso.
Según indicó Baruch a la Fiscalía, hubo una presunta colaboración entre su esposa y la Presidencia de la República para elaborar el video de TikTok que sirvió como base del supuesto “megacaso” de evasión fiscal que el Ministerio de Hacienda denunció en su contra en octubre ante el Ministerio Público y en una conferencia de prensa, el 19 de enero.
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Baruch comentó que “en aparente ‘pago’ por los servicios brindados por la señora Ohana a la Presidencia, el mandatario Chaves incurrió en actos propios de tráfico de influencias”.
La denuncia detalla que la presunta colaboración entre Ohana y Chaves coincide en tiempo con las acciones solicitadas al PANI, y con las visitas de la mujer a Casa Presidencial, donde se reunió en dos ocasiones con el mandatario, otras dos veces con el asesor Gabriel Aguilar y una con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Ohana se reunió con el gobernante los días 20 de julio y 6 de octubre del 2022 en Casa Presidencial. Esa segunda visita se produjo cuatro días antes de que Tributación enviara al Ministerio Público la denuncia del supuesto megacaso de evasión fiscal de una sociedad propiedad de Baruch.
El delito de tráfico de influencias, establecido en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, es sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión. El límite de la pena se eleva en un tercio cuando la influencia indebida provenga de altos jerarcas.