El candidato presidencial del partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, se comprometió a coordinar con algunas municipalidades del país la creación de una fuerza policial dedicada exclusivamente a velar por el bienestar de los animales, en un eventual gobierno suyo.
La propuesta es una de las seis acciones plasmadas en un compromiso suscrito este miércoles entre el postulante presidencial y las grupos Rescate Animal y Vita-exsitu.
Este nuevo cuerpo policial sería creado “junto a las municipalidades más grandes (del país) y en estricto respeto a su autonomía”, señala el manifiesto que también cuenta con las rúbricas de la candidata a la vicepresidencia de Restauración Nacional, Ivonne Acuña, y los presidentes de las organizaciones.
Serían justamente estás agrupaciones, junto con la Federación Canina de Costa Rica (ACAN), las que tendrán a su cargo “la conceptualización” de la propuesta que se presentará a las municipalidades para crear una Policía Animal.
El candidato también prometió tener “cero tolerancia” contra aquellos actos que violenten la Ley de Bienestar Animal y “aplicar con absoluta rigurosidad el régimen sancionatorio” de la normativa.
En el año 2016, la Asamblea Legislativa introdujo penas más severas contra el maltrato animal. Por ejemplo, prisión de tres meses a un año a quien directamente o por medio de otra persona, cause daño a un animal doméstico o domesticado.
La misma suerte correrá quien organice o propicie peleas de animales, ya sea que lo haga por iniciativa propia o con intermediación.
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El acuerdo entre el candidato y las organizaciones también abriría la puerta a que estos grupos de la sociedad civil colaboren en la aplicación de la ley, según lo plantea uno de los puntos.
“Procurar que las asociaciones legalmente inscritas, facultadas expresamente por Senasa, sean autorizadas para ejecutar la ley (...)”, señala el documento.
Según explicó Marilis Riba, presidenta de Rescate Animal, esta mayor potestad tiene como fin ser un apoyo al trabajo que realiza Senasa, como en el caso del decomiso de animales que sufren algún tipo de agresión.
“Solo (Senasa) no puede con todo lo que este tema de abandono y maltrato significa; sin embargo, estamos nosotros para trabajar, no le causamos gastos, sino más bien ayuda”, expresó Riba.
En una entrevista con La Nación en junio de 2017, el director de Senasa, Bernardo Jaén, reconoció que la institución, que funge como ente rector del bienestar animal en Costa Rica, se ve limitada por la falta de personal y de presupuesto, para poder cumplir a cabalidad con lo planteado en la reforma a la Ley 7451.
"Tenemos tres personas para todo el país en el tema de bienestar animal. Hay que transformar lo que ahora es un programa en una dirección nacional de bienestar animal que tendrá alrededor de 15 funcionarios", expresó.
El titular de Senasa señaló, en esa ocasión, que la entidad necesitaría alrededor de ¢2.000 millones al año en gastos de operación para responder a las nuevas demandas que traen consigo los cambios en la normativa.
Consultado sobre la posible fuente para el financiamiento de las propuestas, Alvarado explicó que, en el caso de la Policía Animal, los fondos provendrían directamente de los ayuntamientos, “de acuerdo a sus posibilidades” , a la vez que descartó la posibilidad de conformar un cuerpo nacional.
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Para dar sostén económico a la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, añadió, se hará una revisión sobre la forma en que se ha aplicado el presupuesto de la República, de tal forma que el dinero podría provenir de los excedentes de algunas instituciones del Estado.
Otra posible fuente de recursos, planteada por Restauración Nacional, es que el financiamiento necesario para aplicar la normativa en todos sus alcances, provenga de la cooperación internacional.
El PAC cuestiona compromiso
El acuerdo firmado por los representantes de Restauración Nacional y las organizaciones fue criticado en un tuit por la candidata electa del PAC, Paola Vega, en el que cuestionó el compromiso de estos grupos con el bienestar animal.
Los acusó de poner trabas a la puesta en marcha del nuevo reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre de agosto del año anterior, emitido por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con el cual se regula la aplicación de la normativa creada en el 2005 y actualizada en el 2012 por iniciativa popular.
El nuevo reglamento sobre vida silvestre define los zoológicos como lugares dedicados a la educación ambiental mediante la exhibición de animales.
Además, especifica que los centros de rescate son entidades sin fines de lucro que deberán estar cerrados al público para evitar el contacto con el ser humano y así atender animales heridos, rescatados y decomisados en pro de su liberación.
"Quienes le dan la adhesión hoy a Fabricio en materia de ‘bienestar animal’ son quienes han interpuesto varios recursos al Reglamento de Vida Silvestre y con ello atrasado que se ponga en orden el adecuado manejo de fauna y flora silvestre en el país”, señala en la publicación.
El presidente de la organización Vita-Exsitu, Luis Fernado Morales, rechazó que el documento suscrito este miércoles fuera una adhesión al candidato de Restauración Nacional.
Morales indicó a La Nación que también remitieron una invitación al candidato del PAC, Carlos Alvarado, "para sentarse a dialogar sobre aspectos que están mal en el Reglamento elaborado sobre vida silvestre y que se firmó en el actual gobierno del PAC", pero que el encuentro nunca se concretó.
"En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, pues es simplemente un derecho legal que tenemos los costarricenses, del cual hicimos uso, pero se agotaron primero todas las vías de diálogo con la administración", indicó.
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Según el representante de Vita-Exsitu, los artículos del reglamento que están impugnados "son aquellos que nosotros consideramos que van en detrimento de la vida silvestre, que más que protegerla, lesionan la vida silvestre, la conservación".
"Primero que nada, tiene muchos criterios que no son basados en aspectos técnicos ni científicos, son normas simplemente hechas de una manera arbitraria, prohibiendo actividades que son partes de la conservación; segundo, no hubo transparencia en el proceso de elaboración", dijo.
Un grupo de biólogos y empresarios turísticos presentó el año anterior ante la Sala Constitucional impugnaciones contra los artículos 50, 51, 52, 62, 105, 106, 110 y 115 de la normativa, los cuales incluyen nuevas regulaciones para zoológicos, zoocriaderos y demás centros de manejo de especies.
Una de las medidas establecida en el reglamento y que ha sido refutada, es la de prohibir la reproducción de especies en zoológicos, así como las exhibiciones itinerantes de animales.
Otro de los cuestionamientos de las acciones de inconstitucionalidad es la prohibición de tomar fotografías en los zoocriaderos.
Estos son todos los puntos suscritos en el acuerdo firmado con Restauración:
a. Hacer cumplir la legislación costarricense sobre maltrato animal, que implica aplicar con absoluta rigurosidad, el regimen sancionatorio para todos aquellos que violen dicha normativa, pues nuestra misión es hacia la cero tolerancia.
b. Establecer mecanismos efectivos –en coordinación con los gobiernos locales y con organizaciones no gubernamentales– para atender el impacto que tienen los desastres naturales en los animales.
c. Fomentar desde el hogar, programas de cuido animal que permitan desterrar por completo la crueldad y el abandono hacia ellos (animales).
d. Hacer conciencia sobre prácticas crueles con los animales silvestres, que en muchas ocasiones son cazados y muertos por puro "entretenimiento".
e. Procurar que las asociaciones legalmente inscritas, facultadas expresamente por Senasa, sean autorizadas para ejecutar la ley y poder aportar como asociación, soluciones en varios frentes, tales como educación y creación de albergues para la recuperación y estancia temporal de los animales mientras se dan en adopción.
f. Coordinar, junto con las municipalidades más grandes en estricto respeto a su autonomía municipal, la posibilidad de crear una Policía Animal que pueda contar con los equipos e instrumentos necesarios para poder actuar de acuerdo a la ley. Lo anterior incluye analizar si esta policía podría estar apoyada por algunas asociaciones para luchar contra el maltrato animal.