Medio Ambiente

Sala IV estudia restricciones a reproducción y exhibición de animales silvestres

Tribunal evalúa acciones planteadas por biólogos y empresarios turísticos contra nuevas regulaciones a zoológicos y centros de manejo de especies

La Sala IV estudia tres acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el nuevo Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, por prohibir la reproducción de especies en zoológicos, así como las exhibiciones itinerantes de animales.

Un grupo de biólogos y empresarios turísticos interpuso las impugnaciones contra los artículos 50, 51, 52, 62, 105, 106, 110 y 115 de la normativa, los cuales incluyen nuevas regulaciones para zoológicos, zoocriaderos y demás centros de manejo de especies.

El reglamento regula la aplicación de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, emitida en el 2005 y actualizada en el 2012 por iniciativa popular.

Sin embargo, dicha legislación funcionó con un reglamento obsoleto del 2007, el cual fue renovado hace poco, en agosto de este año.

Parte de las recientes reformas son las refutadas con las acciones de inconstitucionalidad.

“La reproducción de animales en zoológicos ha sido una figura ex situ (fuera del hábitat) que se ha manejado exitosamente a nivel internacional para recuperar poblaciones de especies. No entendemos por qué ahora lo prohíben”, comentó Germán Pochet, abogado y biólogo, quien figura entre los ciudadanos que interpusieron las acciones.

En cuanto al tema de exhibición itinerante de animales, Pochet consideró que la nueva normativa va en detrimento de la educación ambiental, pues para enseñar sobre el manejo de especies silvestres, es necesario llevar a los especímenes vivos, y no disecados, como plantea la actual normativa.

“El hecho de llevar los animales a escuelas les permite a los niños saber que no hay que matar a todas las serpientes, y que los animales también pueden ser manejados”, aseveró el profesional.

Otro de los cuestionamientos de las acciones de inconstitucionalidad es la prohibición de tomar fotografías en los zoocriaderos.

En esos sitios, ubicados principalmente en áreas rurales, no solo se producen pupas de mariposas para la exportación, sino que también funcionan como mariposarios.

Según aseguró Pochet, la limitante que se impondrá a los turistas para captar imágenes irá en detrimento de los ingresos de las familias que obtienen su sustento de esta actividad.

“Al sector turístico le preocupa mucho, porque los visitantes vienen aquí a ver vida silvestre. No planteamos nada de tenencia ilegal, sino de actividades que ya tienen permisos”, agregó.

Patricia Madrigal, viceministra de Ambiente, dijo que las acciones de inconstitucionalidad presentadas no paralizan la aplicación del nuevo Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, sino que limitan solo los artículos impugnados.

Según dijo la funcionaria, lo que viene ahora es la audiencia que abre la Sala Constitucional al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a la Procuraduría General de la República para que presenten su argumentación respecto a las objeciones.

Asimismo, la jerarca aseguró que las transformaciones a la normativa están enfocadas en promover la sostenibilidad del patrimonio de fauna silvestre del país.

“La reproducción no está permitida porque los zoológicos tienen como fin la educación ambiental y la conservación ex situ de las especies. La ley no establece la reproducción en esos lugares”, comentó Madrigal.

Por otra parte, la funcionaria enfatizó que la normativa actual intenta regular prácticas que antes, pese a que la legislación las prohibía, eran recurrentes.

“La exhibición está permitida en zoológicos y en zoocriaderos de interés comercial. Las que no lo están son las itinerantes, porque en esos casos no solo hay contacto con el animal, lo que expone a las personas a enfermedades, sino que también se pueden producir procesos de mascotización de las especies”, afirmó la viceministra.

Por el momento, las acciones de inconstitucionalidad están siendo estudiadas por la Sala IV. El Minae y la Procuraduría tienen 15 días para presentar sus coadyuvancias.

Pasado ese proceso, el expediente es examinado por el ente, que emite una resolución en un plazo de entre seis meses y año y medio.


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