La promesa de un trabajo mejor arrastra a muchos extranjeros a una trampa de esclavitud en el país, donde la explotación sexual y laboral alimentan redes internacionales de crimen organizado que operan aquí.
¿Cuántos son los afectados? Es incierto. Sin embargo, la Coalición contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y la Trata de Personas rescató a 76 víctimas en dos años.
El problema es que por cada persona rescatada hay al menos 20 casos que se vuelven invisibles, advirtió la directora de Migración, Kathya Ramírez.
Lo atractivo del delito pasa por el beneficio económico. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la trata es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo, con ganancias anuales que llegan a los $44.000 millones.
El método de los tratadores es el engaño, la promesa de una vida mejor a la víctima, que termina por entrar en una red de esclavos sexuales o laborales de la que difícilmente sale.
Herramientas. Poco a poco, el país se pone a tono con la legislación internacional para trabajar en la desarticulación de las redes que engañan, secuestran y extorsionan a sus víctimas
Primero fue la Ley contra el Crimen Organizado del 2009 y, un año después, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos dieron herramientas a las autoridades.
Sin embargo, tanto en la Fiscalía como en la Dirección de Migración aceptan que lo que se ha hecho es insuficiente: solo dos juicios han terminado en sentencia por trata de personas.
Uno tiene que ver con el tráfico de inmigrantes orientales en Puntarenas (donde la Policía rescató a 51 esclavos) y otro relacionado con prostitución, en Playas del Coco, Guanacaste.
Hay dos casos más en en juicio: uno por la trata de mujeres en un night club en San José y el más reciente tiene que ver con la supuesta explotación de estudiantes en la Universidad Creativa.
Un empujón. El jueves anterior, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad, en primer debate, la ley contra la trata de personas , la cual plantea dotar de recursos a la coalición de 22 instituciones públicas que enfrentan este delito, bajo la batuta de la Dirección de Migración y Extranjería.
La nueva ley eleva a 16 años la pena máxima contra quien explote o participe en este negocio.
También abre la posibilidad de destinar más dinero para que las víctimas reciban tratamiento especial. Falta, solo, ahora, que se vote en segundo debate.
Al respecto, Sandra Chaves, secretaria de la Coalición contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y la Trata de Personas, alegó que los recursos adicionales son necesarios para que la Policía pueda salir a buscar a las víctimas, ya que estas no acuden a denunciar por temor a las represalias de las redes.
En el Ministerio Público, la fiscalía contra Crimen Organizado es la encargada de investigar casos de trata. El coordinador de esa Fiscalía, Miguel Abarca, dijo que la sensibilización y la información son básicas para combatir la trata.