Los expresidentes de Costa Rica externaron este martes su preocupación por la aprobación, en el Parlamento de Israel, de una cláusula que limitará la capacidad de los jueces de este país de anular decisiones del gobierno que consideren “irrazonables”.
“Consideramos que esa acción debilita la democracia y el Estado de derecho y envía un mensaje preocupante a otros países que luchan por fortalecer sus instituciones democráticas. Salvaguardar la independencia judicial es fundamental para garantizar una democracia robusta. Nuestra solidaridad con el pueblo israelí en estos momentos de reflexión y debate sobre su futuro”, apuntaron los exmandatarios costarricenses.
La decisión forma parte de una controvertida reforma judicial que impulsa el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para restringir las facultades de la Corte Suprema de pronunciarse sobre decisiones del gobierno.
El pronunciamiento cuenta con la firma de siete de los ocho expresidentes con vida de Costa Rica: Óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010); Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994); José María Figueres Olsen (1994-1998); Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002); Laura Chinchilla Miranda (2010-2014); Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
Solamente no lo suscribe Abel Pacheco de la Espriella, de 89 años, quien gobernó en el periodo 2002-2006.
La reforma en Israel fue aprobada el lunes por 64 diputados de la coalición de derecha, ortodoxos religiosos y extrema derecha, mientras que la oposición decidió boicotear la votación.
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Esta es la primera cláusula clave de la reforma que se logra convertir en ley. Otros cambios propuestos incluyen dar al gobierno mayor poder en el nombramiento de jueces. La reforma ha sacado a decenas de miles de manifestantes a las calles desde su presentación a inicios de año.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, quien estuvo en negociaciones de última hora para llegar a un compromiso entre la oposición y el gobierno, califica la situación de “una emergencia nacional”. La reforma defendida por el gobierno tiene por objeto aumentar el poder de los funcionarios elegidos sobre el de los magistrados.
Este medio procuró una reacción de la Embajada de Israel en Costa Rica.