El presidente Luis Guillermo Solís lo anunció en su informe de los 100 días con el objetivo de buscarle soluciones a los problemas del país, pero partidos de oposición y sindicatos lo convirtieron en un arma para presionar al Gobierno.
Se trata del proceso de diálogo que la Casa Presidencial organizó con grupos políticos y sectores sociales, el cual ya fue abandonado por tres partidos y cinco sindicatos a manera de protesta contra el manejo de la huelga en Limón y la reasignación de puestos en el Gobierno.
Retirarse de la mesa de diálogo sobre temas nacionales se convirtió en una opción para presionar al Gobierno.
El Presidente llamó a la ronda de conversaciones la noche del 28 de agosto , en el marco del diagnóstico que presentó tras cumplir 100 días de Gobierno.
En el caso de la mesa política, el objetivo es consensuar proyectos de ley sobre las principales problemáticas del país. En relación con los sectores, la discusión gira en torno a los desafíos sociales y energéticos.
El primer grupo empezó a trabajar el 19 de setiembre en el Museo de Jade.
Sin embargo, al cabo de dos meses, Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio y Alianza Demócrata Cristiana se retiraron por molestias con Zapote.
Juan Luis Jiménez, jefe de fracción del PLN, dijo que no asistieron más porque no están de acuerdo con que los partidos tengan que fabricar la agenda legislativa que le corresponde al Gobierno (a partir de diciembre).
No obstante, admitió que también se retiraron por la persecución política que, en su criterio, sufren funcionarios públicos liberacionistas que ocupan mandos medios en instituciones, por parte de este Gobierno.
Los otros. El Frente Amplio, por su parte, suspendió su participación en la mesa política por el respaldo del Gobierno al contrato que permitiría a la firma APM Terminals construir y operar un megapuerto en Moín para encargarse de los barcos portacontenedores que llegan a Limón. De esa manera, el partido apoyó la huelga del sindicato de Japdeva (Sintrajap).
Y Alianza Demócrata Cristiana se levantó molesta por la intención de Zapote de otorgar plazas de ministerios a la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Otto Guevara, del Movimiento, confirmó que su partido también se retiró, pero porque ve infructuoso el proceso y porque tampoco avala que las fracciones confeccionen la agenda a la que el Ejecutivo debe dar un norte.
El presidente Solís no da por agotado el proceso de diálogo: “Los partidos han decidido no participar en algunas condiciones, pero no se ha cerrado y no creo que la ausencia de algunos de los partidos políticos en ese foro conlleve a su fin”.
Añadió que la segunda cita, que duró menos de una hora, fue provechosa porque se logró consensuar cerca de 25 proyectos de ley que serán presentados al Congreso el 1.° de diciembre.
El frenteamplista José Hernández dijo que Solís no puede tildar a nadie de intransigente pues el diálogo está roto por “la sordera selectiva del Gobierno”.
En el caso del diálogo con los sectores, el proceso se inició el 19 de setiembre con organizaciones sindicales, empresariales, cooperativas y comunales.
No obstante, la decisión del Gobierno de no ceder ante las demandas de Sintrajap provocó un levantamiento, luego de que el Ejecutivo abriera los puertos en huelga y los pusiera a funcionar con operarios externos.
El 29 de octubre, el grupo sindical Patria Justa rompió sus puentes con el Gobierno en protesta por esa posición.
Esa organización la conforman la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), la Unión de Personal del INS (UPINS), el Sindicato de Recope (Sitrapequia) y el Sindicato Nacional de Enfermeros (Sinae).
Ahora que Sintrajap y el Gobierno se sentaron a negociar, los sindicatos bajaron el tono y analizan regresar al diálogo social, dijo Albino Vargas, secretario general de ANEP. Colaboraron Natasha Cambronero y Esteban Mata.