La cúpula del Congreso está empecinada en nombrar a la exdiputada y exministra del PUSC Gloria Valerín como directora de la División Legislativa de la Asamblea, aunque para ello deba saltarse el concurso interno que establece la Ley de Personal del Congreso.
El puesto de jefe de la División Legislativa es el segundo en importancia en la Administración del Congreso, solo superado por el del director ejecutivo, que actualmente ostenta Antonio Ayales.
El puesto al que aspira Valerín solo es equiparable con el del director de la División Administrativa, que tiene el funcionario Pedro Solano.
Valerín, abogada de 59 años, reconocida por su beligerancia como ministra de la Condición de la Mujer en el gobierno del socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y como diputada del PUSC (2002-2006) tiene plaza como directora del Departamento de Servicios Técnicos.
La exdiputada tiene la confianza de los diputados del PAC y del PUSC, y ha salido a la luz pública en estos días por el apoyo que le ha dado a la asesora del Frente Amplio que se quejó del ahora exdiputado Ronald Vargas por supuesto acoso sexual.
Desde julio, el Directorio la colocó como jefa interina de la División Legislativa, mientras se realizaba el concurso para llenar la plaza que dejó la anterior directora, Elena Fallas.
Desde el 29 de mayo, los diputados del Directorio; Henry Mora del PAC y los socialcristianos Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, solicitaron al director de Recursos Humanos, Hugo Cascante, abrir el concurso para escoger al nuevo jerarca.
Sin embargo, el 10 de diciembre, el Directorio cambió de idea, y ordenó a Cascante nombrar en propiedad a Valerín sin que se hiciera ningún concurso interno.
Mora dijo a este diario que tienen total confianza en Valerín, a quien consultan constantemente para tomar sus acuerdos sobre nombramientos y otros procesos de la administración legislativa.
El 20 de enero, Cascante contestó al Directorio mediante el oficio AL-DRHU-OFI-0043-2015, en el que señala que se opone a firmar el ascenso de Valerín porque la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa señala que hay un mandato de hacer concurso.
Por su parte, Valerín considera que la negativa de Cascante se da en el marco de una valoración política, que lo que busca es debilitar al Directorio legislativo.
En tanto, Cascante afirma que el nombramiento de Valerín le ha valido presiones de parte de los miembros del Directorio.
Como Cascante se opone, el Directorio delegó la firma del nombramiento en el superior de este: el director de la División Administrativa, Pedro Solano, que todavía tiene la solicitud sobre el escritorio, sin firmar.
¿Qué dicen? En sus argumentos, señalados el 20 de enero, Cascante hizo énfasis en señalar a la cúpula de la Asamblea el artículo 14 de la Ley de Personal, donde se apunta que los ascensos para los funcionarios “se efectuarán mediante concurso interno”.
El Directorio replicó a Cascante, apoyándose en un criterio de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), como entidad asesora en materia legal.
Pero para Cascante no había siquiera necesidad de pedir criterio a la DGSC. En tanto, el nombramiento de Valerín sigue pendiente de la firma de Solano.