Al periodista colombiano Nelson Carvajal lo mataron hace 19 años, y las autoridades de su país aún no determinan quién fue el responsable.
Sus familiares y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostienen que su asesinato fue orquestado por políticos de su ciudad, Pitalito, a unos 485 km de Bogotá, para evitar que continuara las denuncias sobre la corrupción en el ámbito local. Ellos también insisten que la falta de justicia en el caso es responsabilidad del Estado colombiano, al que tildan de negligente.
A tan solo un año de que el caso prescriba en el sistema de justicia colombiano, los familiares de Carvajal y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acudieron a la audiencia del proceso que lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para pedir un pronunciamiento que evite que el caso quede impune.
Este martes, antes de asistir a la primera sesión de la audiencia, la cual se realiza en la sede de la Corte IDH, en San José, Ricardo Trotti, director ejecutivo del SIP, y Miriam Carvajal, una de las hermanas del fallecido, hablaron con La Nación sobre el impacto que tendrá el fallo de la Corte en América Latina, donde se contabilizan más de 400 asesinatos de periodistas en los últimos 25 años.
"El caso de Carvajal para nosotros es tal vez el más profundo de todos (en América Latina) por las consecuencias que ha tenido, porque se da una circunstancia muy peculiar: más allá de la pesadilla de la muerte de Nelson y de que ya venía siendo amenazado, después de la muerte se empiezan a dar una serie de amenazas en contra de los familiares, quienes se sienten urgidos a colaborar con la investigación.
"Diez familiares se tuvieron que ir al exilio, en un proceso de 10 años: 1999, 2006 y 2010, ese fue el destierro de la familia, porque las amenazas los persiguieron en todo ese tiempo", dijo Trotti.
Por esa razón, dijo, espera la sentencia se convierta en jurisprudencia, pues este se ha transformado en un caso emblemático para toda América Latina.
"Ya excede el tema de la familia, que para nosotros es lo más importante. Excede el tema de Colombia y Pitalito, que es de donde era el periodista. Excede al mismo Nelson, este es un tema latinoamericano.
"De los 400 casos que hay en los últimos 25 años de asesinatos a periodistas, la mayoría de ellos están en la impunidad, total en la mayoría y parcial en gran parte. El caso de Nelson Carvajal puede ser un punto de inflexión en la historia del periodismo latinoamericano", añadió.
A continuación, la entrevista con el director ejecutivo de la SIP.
-¿Cuál podría ser el impacto del fallo en América Latina, en caso de que sea favorable para ustedes?
-Primero, porque seguramente si hay una sentencia favorable, la Corte va a instar al Estado de Colombia a crear algunos mecanismos adicionales a los que ya tiene, para que sea más eficiente. Por ejemplo, en Colombia hay un buen sistema de protección, y digo bueno comparándolo con otros países que no lo tienen. Pero por ejemplo, la creación de fiscalías especiales. En algunos países la prescripción de crímenes contra periodistas es muy pronta y tal vez (el fallo) puede derivar en legislación de que los casos de periodistas prescriban después del tiempo determinado.
"La Corte también puede determinar algunos temas como agravantes para los criminales contra periodistas, así como se han determinado en algunos países agravantes para crímenes que involucren la libertad de expresión o temas de derechos humanos en general. Es decir, la jurisprudencia puede derivar en la creación de algunos términos legales nuevos".
-¿Específicos para el periodismo?
-Específicos para el caso de Carvajal, pero la jurisprudencia creada por la Corte Interamericana tiene un efecto de mimetismo en algunos otros países. Un caso fue en 1985, con una opinión consultiva que la SIP hizo aquí en Costa Rica, con la cual se eliminó la obligación de la colegiación en Costa Rica, pero claro, eso derivó a que en todas las legislaciones de América Latina, en el curso de los siguientes 20 años se eliminó la colegiación obligatoria.
"Esa jurisprudencia ayuda en eso y para los próximos casos de crímenes de periodistas que caigan en manos de la Corte Interamericana".
-Ustedes hablan de la "debida diligencia" que debe tener el Estado colombiano específicamente, pero también los demás. ¿En qué consiste esa debida diligencia?
-En toda América, casi siempre los Estados demoran mucho en la investigación de las hipótesis del crimen, y en la mayoría de los casos siempre se trata de desviar la atención de la prensa de que los casos no fueron cometidos por las investigaciones periodísticas. La mayoría de los casos, y al menos los que nosotros seguimos, tienen que ver con periodistas que han sido asesinados por estar denunciando casos, o porque hubo gente que quiso que los mantengan ocultos.
"Entonces, en la diligencia tiene mucho que ver todo el proceso investigativo que se pueda hacer apenas ocurrido el caso. En el caso de Nelson Carvajal se taparon evidencias... Casi siempre en los casos de crímenes contra periodistas no se tienen en cuenta los escenarios, así que pedimos un proceso no especial pero sí acelerado cuando hay casos tan importantes para la función de una sociedad.
"Nosotros apelamos mucho a las consecuencias que sufre una sociedad cuando matan un periodista por estar investigando o denunciando: se genera mayor autocensura de los otros periodistas. Hay hechos que terminan por no salir a la luz, que es lo que buscan los corruptos, y eso hace que la sociedad esté mucho más vulnerable que otras cuando no tiene las voces de periodistas valientes y enérgicos que investigan y dan a conocer los hechos".
-¿Qué tan diligentes son los Estados latinoamericanos en la administración de justicia?
-Es caso por caso, no se puede generalizar. En lo general, uno puede decir que los crímenes contra periodistas están en un contexto de investigación en el que hay pocos sistemas de América Latina que son buenos. En unos estados, principalmente como pudo ser Colombia en una etapa, en México, Honduras o Brasil hay mucha connivencia del crimen organizado con la justicia propiamente dicha, o con los funcionarios públicos.
"Sobre todo, se dan patrones de conducta mucho más vulnerables en el interior de los países. Por ejemplo, los casos de asesinatos de periodistas es muy raro que se den en las capitales, donde hay una justicia un poco más independiente o donde también hay una iluminación de los casos a nivel de la prensa internacional, porque hay corresponsales internacionales, está CNN, etcétera.
"Pero en lugares como el interior de Brasil, o en Pitalito como en el caso de Carvajal, o el caso de Oropeza en Chihuahua de México, es muy difícil. En México no hay asesinatos de periodistas en la capital, pero sí los hay en el interior y en la zona norte con Estados Unidos. Cuando uno habla de la diligencia también habla de que haya una justicia equitativa para todos lados por igual, por eso nosotros insistimos mucho en los casos del interior, porque son los más desprotegidos".
-Usted dio el dato de más de 400 periodistas asesinados en los últimos 25 años en América Latina. A pesar de ocurrir en distintos países, ¿qué tienen en común todos estos casos?
-Yo diría que el motivo común, aunque las causas sean diferentes, es el silenciar una voz de alguien que estaba tratando de iluminar un caso que muchos querían que permanezca oculto: se mata al periodista que está descubriendo hechos, no el que está cubriendo.
"Todo varía de acuerdo al contexto y la zona. En América Latina muchos periodistas fueron asesinados por dictaduras, como en Argentina, donde desaparecieron 92 periodistas en la época de la dictadura. En otros países, como Brasil, tiene mucho que ver el tema de la trata de personas y también la corrupción entre narcotráfico y crimen organizado.
"En Colombia tuvo mucho más que ver el crimen organizado aliado como parte de la guerra civil, si uno considera guerra civil a la guerrilla y el narcotráfico. En América Central hubo épocas diferentes. Ahora es el narcotráfico el que mata más periodistas, o el funcionario corrupto, y en un par de décadas atrás el tema era la polarización política entre izquierda y derecha, básicamente lo que fue Nicaragua y El Salvador.
"Y en México actualmente hay una connivencia muy grande entre narcotráfico, crimen organizado y funcionarios corruptos (...) El crimen organizado está dentro de un manto de una institucionalidad débil, especialmente de la Justicia, está tironeada por el crimen organizado y por el poder político, entonces ante la falta de recurso y la falta de profesionalismo, mayor corrupción y los periodistas tratando de investigar la corrupción, son parte de ese círculo vicioso social que tenemos en muchos países de América Latina.
"Es falta de justicia, justamente eso".
-La atención, en este momento, está centrada en Mexico. ¿Podría haber algún tipo de intervención que ayude?
-Sí, yo creo que siempre hay mecanismos especiales que pueden dictar los gobiernos. En el caso de México ahora hay un sistema de protección, que en realidad fue una cuestión bastante demagógica del Gobierno, crearlo pero no le dan los recursos necesarios. Pero México está pasando por un problema mayor de violencia, lo que fue Colombia en otra época. (En México) el narcotráfico está haciendo estragos.
"Los crímenes contra periodistas en Colombia han disminuido, no específicamente porque los periodistas están más quietos, sino porque hay una justicia tal vez un poco más fuerte y porque ha mermado todo el problema. No digo que ha desaparecido, pero ha mermado el tema del conflicto armado. En muchos lados de México, más allá de la gran capital, el crimen manda. Hay hasta medios de comunicación creados por el narcotráfico, hay jueces que responden al narco, hay justicia por manos propias... Es un problema mucho más general".
-¿Ustedes esperan que el fallo de la Corte llegue antes de que prescriba el caso, para que haya posibilidad de que el proceso continúe en Colombia?
-Esto depende ya de la Justicia, para que todo llegue a buen puerto antes de la prescripción del caso. No sabemos qué va a pasar, pero obviamente nuestra petición a la Corte Interamericana es para que ojalá que trate de acelerar el fallo, para que la Justicia de Colombia haga algo, para que no permita la prescripción del crimen, que es nuestro problema. Estamos sobre la hora.