Directivos de Conacoop intentaron habilitar a cooperativas suspendidas por investigación

Óscar Campos y dos directivos más aprobaron acuerdo para permitirles votar en elecciones cooperativas, pero el secretario ejecutivo lo anuló

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Tres directivos del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) intentaron habilitar a última hora, para las elecciones internas del sector, a tres cooperativas que habían sido suspendidas por una causa judicial en la cual se investigan aparentes falsificaciones de informes financieros.

El intento lo hicieron en la sesión de la noche del 14 de junio, un día antes de que iniciara el proceso para elegir a 10 representantes del sector agrícola industrial para la asamblea plenaria de Conacoop.

Los directivos Oscar Campos Chavarría, Gilda González y Francisco Renick acogieron una apelación contra la suspensión ordenada por la secretaría ejecutiva. El recurso lo presentaron Coopequetzal, de Turrialba; Cooperio R.L, de Sixaola; Coopepimenta, de Río Cuarto.

Resolvieron por el fondo que a las tres se les restauraría el derecho de participar en las elecciones y ordenaron a la administración inscribirlas en el padrón.

Estas tres cooperativas son parte de un grupo de seis indagadas por Conacoop y la Fiscalía por aparentes falsificaciones de estados financieros con fines electorales. El Ministerio Público investiga si personas utilizaron documentación falsa para solicitar al Conacoop la constancia de pago de cargas parafiscales, requisito que le permite a cada cooperativa participar en las elecciones sectoriales.

La inhibitoria se dio porque, a pesar de que el caso está judicializado, se les dio a estas empresas un plazo de cinco días para que gestionaran la certificación a partir de sus estados financieros reales de los últimos cuatro años, pero no los presentaron a tiempo y estaban incompletos, según Geovanny Villalobos, secretario ejecutivo del Consejo.

Declaran nulo el acuerdo

Al día siguiente, los acuerdos tomados por esos tres directivos fueron declarados con vicios de nulidad, según la resolución AC-181-SE-98 emitida por el secretario ejecutivo del Conacoop.

La resolución indica que el acuerdo tomado por los tres directivos es absolutamente nulo por haberse apartado, sin fundamento, de la advertencia de la asesoría jurídica de Conacoop, de que habilitar a las cooperativas era ilegal por carencia de justificación y por la espuria cantidad de votos para revertir la suspensión.

Para quedar en firme el mismo día, se requería de mayoría calificada, es decir, del voto de cuatro de los cinco directivos de Conacoop, según lo establece la Ley de Administración Pública.

De lo contrario, recuerda la resolución, debió haberse aprobado al menos con mayoría simple (tres a favor) en una siguiente sesión que nunca ocurrió.

“Por imperativo de Ley, es inejecutable por vicios de nulidad absoluta que generarían responsabilidad civil y penal”, dice la resolución de Villalobos sobre el acuerdo.

Oscar Campos no quiso inhibirse y dos directivos se retiraron

La sesión del miércoles, para discutir la apelación de las cooperativas, inició con los cinco directivos de Consejo. Sin embargo, Isabel Camareno y Alberto Mendoza se retiraron del lugar luego de que no prosperó una solicitud de inhibitoria y recusación contra Oscar Campos, uno de los investigados en el caso de presuntas falsificaciones.

“Nosotros estábamos de acuerdo con el asesor jurídico cuando argumentó por qué se debía rechazar la apelación, pero cuando vimos que no íbamos a llegar a nada porque no prosperó la recusación, nos levantamos del directorio para no avalar lo que se estaba haciendo”, comentó Camareno.

La Nación contactó a los tres directivos que aprobaron el acuerdo, pero ninguno quiso referirse. Campos rehusó dar declaraciones.

Alegatos de las partes

En el acuerdo, los tres directivos alegan que el artículo 66 del reglamento para el funcionamiento del Conacoop permite que los acuerdos queden en firme en una misma sesión en que se adopten, por votación de mayoría simple de los presentes en el plenario o directorio. En este caso, estaban estaban tres directores y todos votaron por unanimidad.

Villalobos, en la resolución AC-181-SE-98, dice que ese numeral del reglamento es inferior al artículo 56, inciso 3 de la Ley de Administración Pública, establece que la firmeza de estos actos debe ser por dos tercios de sus integrantes, es decir, con cuatro votos a favor, o esperar la siguiente sesión para validarlo con mayoría simple.

“En un cuórum de tres integrantes, no es posible dar firmeza a un acuerdo con la mitad más uno de los votos presentes, porque se caería en el absurdo de que con dos votos se acuerde una firmeza, y dos votos es inclusive menos de la cantidad de votos necesaria para alcanzar la mitad más uno de los votos del colegio”, dice la resolución que cita antecedentes de la aplicación de ese numeral de la legislación en el directorio de Conacoop.

Denuncia penal

El caso de supuesta falsificación de información financiera de cooperativas con fines electorales es investigado por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 23-001201-0175-PE.

Fueron denunciados por Conacoop, en un principio, el dirigente Kennett Yulián Sánchez Marín, de 21 años, y el contador público José Enrique Vargas Calvo, por la aparente falsificación. El Conacoop los denunció por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documento, falsedad ideológica y uso de documento falso con ocasión de estafa.

Posteriormente, en una ampliación de la denuncia, el Conacoop incluyó a Óscar Campos Chavarría, también exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y excandidato presidencial del Partido Encuentro Nacional.

Le atribuye haber presionado a funcionarios del área de gestión de Cobros de ese mismo Consejo, para que tramitaran la certificación de solvencia del pago de cargas parafiscales de la Cooperativa de Comercialización de Productos de Río (Cooperio R.L), de Sixaola, y de otras cuatro cooperativas más, conociendo que en el trámite se estaban aportando informes contables aparentemente falsos.