La cacería deportiva está en la mira de los diputados, lo que pone esta actividad a un paso legislativo de quedar prohibida en el país.
El Congreso tiene por delante la pronta votación de una reforma a la Ley de Vida Silvestre, que señala multas hasta de ¢1.800.000 para quienes cazan por deporte.
Además, el expediente prevé el decomiso de las armas a los cazadores. En cuanto a las personas que tengan licencias para esta actividad, el proyecto permite usar este permiso hasta que expire (son de un año).
La propuesta también aplica multas hasta de tres salarios base (¢900.000) a quien trafique especies animales o plantas.
Sobre la pesca deportiva, las cañas siguen con permiso para seguir lanzándose en el país sin que implique una violación a la ley.
La iniciativa sí permite la cacería cuando se trate de subsistencia de personas que no puedan acceder a la compra de carne o bien cuando la caza se dé con licencias para controlar las especies.
El proyecto, tramitado mediante el mecanismo de iniciativa popular, está contenido en el expediente 17.054. Nació como una propuesta planteada por la organización ambientalista Apreflofas, que impulsó la presentación del plan de ley apoyado por 177.000 firmas.
Gino Biamonte, presidente de Apreflofas, afirmó que el proyecto es “un gran paso que otros países ya han dado. Ya no se va a cazar por deporte, porque estadísticamente entre el 2000 y el 2011 se han dado 28.000 permisos para caza de vida silvestre”.
La Ley de Iniciativa Popular, vigente desde el 2006, señala que un proyecto de ley debe respaldarse por el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; es decir, unas 135.000 firmas.
Dicha ley también señala que los proyectos presentados por ciudadanos tienen un plazo de votación de dos años. Este plazo se vence el 27 de setiembre, por lo que para esa fecha el plenario debe pronunciarse sobre el texto.
Los diputados de la Comisión de Ambiente tuvieron que correr ayer para aprobar los últimos ajustes a la iniciativa antes de que llegue al plenario la próxima semana.
Solo el diputado del Movimiento Libertario Ernesto Chavarría se opuso a la propuesta de ley, pues adujo que va en contra de las tradiciones de su natal Guanacaste. “Estoy dando la lucha por los campesinos”, dijo Chavarría.
El libertario afirmó que la prohibición a la caza va en contra de la “cultura guanacasteca”.
Chavarría contó con el apoyo técnico del asesor legislativo de la Asociación de Tiro, Pesca y Caza, Mario Avilés Sasso.
Para Avilés, la prohibición de la caza deportiva afecta más de lo que protege la vida silvestre, porque, según dijo, el cazador deportivo “es muy responsable”.