Los diputados son inmunes ante cualquier falta ética que cometan en el ejercicio de su función. Simplemente, no pueden recibir castigo alguno.
La ausencia de un régimen sancionatorio en la Asamblea Legislativa impide que se les imponga alguna pena administrativa, las cuales pueden ir desde una llamada de atención hasta una suspensión. El resto de funcionarios del sector público, en cambio, sí están expuestos a posibles acciones de castigo.
Los legisladores tampoco pueden ser destituidos, pues para ello se requeriría reformar la Constitución Política.
Desde julio del 2010, la Sala Constitucional advirtió de ese vacío, pero los congresistas pasados no acataron la solicitud de aprobar, en tres años, las modificaciones legales necesarias. Los actuales tampoco han retomado el tema, y en el seno del Congreso no existen señales de que eso vaya a ocurrir.
Por tal razón, el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso concluyó que no se puede castigar a los actuales legisladores Henry Mora, de Acción Ciudadana (PAC), Jorge Rodríguez y Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), a pesar de que la Procuraduría de la Ética determinó que ellos incumplieron el deber de probidad .
A ellos se les cuestionó porque en el 2014, cuando integraban el Directorio legislativo (mayo 2014-abril 2015), nombraron a la vicepresidenta del PAC, Kattia Martin, en una plaza que dejó vacante un chofer, pero como profesional. Con el cambio, el salario mensual pasó de ¢370.000 a ¢1,4 millones.
“No existe ningún tipo de procedimiento para aplicar ese tipo de sanciones en el seno del Parlamento costarricense”, señala el informe, con fecha del 9 de octubre del 2015 y, del cual, La Nación tiene una copia.
Agrega: “La Asamblea Legislativa se encuentra en mora porque no ha promulgado la reforma a la Constitución Política y a su propio reglamento para que se incorpore como causal de pérdida de credencial de los diputados las faltas al deber de probidad”.
Esta no es la primera vez que un legislador queda impune ante una falta ética.
Durante el periodo legislativo 2006-2010, el Congreso no pudo sancionar a los entonces legisladores de Liberación Nacional (PLN), Fernando Sánchez y Maureen Ballestero.
Al primero, por un memorando en el que recomendó una estrategia “de miedo” para obligar al país a aprobar, en un referendo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos , en el 2007. Mientras que Ballestero por usar, durante el 2009, en al menos 20 ocasiones, una avioneta de la Fuerza Pública para viajar a su natal Guanacaste.
Titubeo. El criterio de Servicios Técnicos es la respuesta a una consulta que hizo el presidente legislativo, Rafael Ortiz, del PUSC, tras titubear sobre cómo castigar a sus antecesores .
Ortiz no había quedado satisfecho con el análisis que inicialmente llevó a cabo la Asesoría Legal del Congreso, que recomendó discutir el caso en el seno del plenario, propuesta que fue rechazada por Servicios Técnicos.
“Esta asesoría considera que dicho traslado puede contravenir los derechos constitucionales de las personas que han sido investigadas porque no existe un procedimiento constitucional o reglamentario que determine su trámite”, reza el informe.
Ante una consulta de este medio, el jerarca legislativo aseguró desconocer el informe de Servicios Técnico y alegó que el Directorio analizará el tema, hasta la próxima semana
“No puedo referirme al tema para no adelantar criterio. Pero sí le puedo decir que existe una necesidad de hacer esa reforma a la Constitución, esta Asamblea debe hacerlo. Yo me voy a empeñar para que esto avance. No debe existir un fuero legislativo como este”, declaró Ortiz.
El primer secretario del Directorio del Congreso, el liberacionista Juan Marín fue más allá y aseguró que se apegarán a la legislación vigente.