Durante un año y nueve meses, desde que llegó la pandemia de la covid-19, los diputados se han negado totalmente al avance de dos proyectos de ley que reducirían sus ingresos o beneficios.
Se trata de iniciativas de las diputadas Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Paola Vega, independiente. con diferente propuesta pero similar intención: la de que los diputados hicieran un aporte solidario al país por la pandemia.
Ninguno de los dos expedientes avanzó más allá del trámite automático de asignación a una comisión dictaminadora; uno quedó en Hacendarios y el otro, en Económicos.
El primero en entrar a corriente legislativa fue un plan de Vega para no se girase a los congresistas la cuota de 500 litros de combustible que reciben como ayuda técnica para su labor parlamentaria.
La idea es que ese dinero no se les facilitara por el tiempo que esté vigente el decreto de emergencia sanitaria por covid-19 y hasta seis meses después de que se derogue ese decreto.
La propuesta era trasladar ese dinero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como parte del programa de subsidio a personas desempleadas por causa de la pandemia del coronavirus.
Actualmente, 500 litros de gasolina súper, por ejemplo, significan ¢357.000. Para abastecer a los 57 diputados, el Congreso destina ¢20,3 millones por mes en gasolina.
De los legisladores, hubo tres que sí renunciaron al combustible. Es el caso de los liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Wagner Jiménez, además de la oficialista Carolina Hidalgo.
Actualmente, ese proyecto bajo expediente 21.891 sigue estancado en el orden del día de la Comisión de Económicos, donde se solicitaron criterios de varios ministerios, la Contraloría General de la República y municipalidades.
En el caso del proyecto planteado por Nicolás, su idea era reducir en un 58%, durante un año, los gastos de representación que cada mes reciben los diputados, igualmente con el objetivo de “contribuir con los gastos ocasionados por la pandemia de covid-19″.
Cada mes, los congresistas reciben un monto fijo de ¢1.044.116 por gastos de representación, adicionales a las dietas que reciben por asistir a las sesiones de los órganos legislativos.
El proyecto planteaba girar esos recursos al financiamiento del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De hecho, a inicios de diciembre, la Junta Directiva de la Caja emitió un criterio a favor de ese expediente, el 22.236, pues lo considera beneficioso, aunque sea un aporte temporal. De acuerdo con los cálculos elaborados por la Caja, de aprobarse la iniciativa de ley, recibirán más de ¢412 millones en un año.
“El proyecto de ley tiene un impacto positivo para las finanzas del Régimen No Contributivo de pensiones que administra la CCSS, al crearse una fuente transitoria de recursos que fortalecen el financiamiento de dicho régimen, por lo que no se presentan objeciones”, expresó la Junta el 11 de noviembre.
Según datos oficiales, los gastos de representación de los diputados, durante el 2020, ascendieron a ¢710 millones, aproximadamente. Para el 2021, fueron presupuestados ¢735 millones.
La crisis económica provocada por la pandemia obligó a la Caja a suspender, en el 2020, la aprobación de nuevas pensiones del Régimen No Contributivo, que se otorgan a personas que no cotizaron para el sistema de pensiones por diferentes razones.
Para julio de 2020, ese régimen registraba 128.000 personas pensionadas y requería erogaciones mensuales por ¢11.500 millones mensuales, lo que significa que cada beneficiario recibe poco más de ¢89.000 mensuales.
El principal golpe sobre ese sistema ocurrió el año pasado, cuando los efectos del coronavirus obligaron a cerrar la mayoría de actividades comerciales y, por lo tanto, se eliminaron miles de puestos de empleo y cayeron los aportes al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
La Nación les preguntó a los jefes de las fracciones políticas las razones para que esos proyectos no hubiesen avanzado. Ni María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN); ni Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); ni Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), respondieron la pregunta, pese a la insistencia.
La jefa de Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, afirmó que siempre apoyaron el plan de Vega sobre el combustible, pero nunca avanzó en la comisión donde estuvo. En cuanto al de Nicolás, apenas recordaba si se le habían aprobado consultas.
José María Villalta, del Frente Amplio, respondió que él ha estado apoyando ambas iniciativas, pero que nunca avanzaron porque no tuvo apoyo ni de la mayoría de diputados ni de fracciones, y enfatizó que tampoco los convocó el Poder Ejecutivo en el extenso periodo de sesiones legislativas en que tuvo el mando, desde diciembre del 2020 hasta julio del 2021.
“Es porque no tienen apoyo de las fracciones mayoritarias, por eso tampoco han caminado en las comisiones donde están, porque no ha habido voluntad política, aunque algunos los apoyemos”, dijo.
Nota del editor: Esta nota fue modificada a las 4:02 p. m. del 31 de diciembre con la inclusión de la información de tres diputados que sí renunciaron al combustible.