El Congreso está obligado a llenar tres vacantes de magistrado para la Corte Suprema de Justicia. Se trata de puestos en las salas I, II y III.
En el caso de la Sala I, los legisladores presentan un atraso de un año en el nombramiento. En cuanto a las otras dos vacantes, tienen dos semanas de plazo, antes de entrar en mora constitucional.
Si bien los legisladores no recibirán castigo, multa o regaño por retrasarse, sí violentan el plazo constitucional, al no cumplir con el tiempo establecido en la Carta Magna.
En lo que toca a las sillas vacías, la primera la dejó en blanco el propio Congreso, luego de la destitución del hoy exmagistrado de la Sala I, Óscar González, a quien los diputados sacaron de la Corte, tras un proceso por el supuesto abuso sexual y violación en contra de una jueza.
González dejó su puesto a dos semanas escasas de cumplir con el plazo para su jubilación, en medio de un escándalo que estremeció los pilares del Poder Judicial, ya que fue el primer caso de la salida de un magistrado por un delito de índole sexual.
La Sala I, donde se desempeñó González, es el máximo tribunal del país en materia de lo civil, agrario y contencioso.
La elección del sustituto de González tiene un año de atraso, en medio de tensiones entre los congresistas de las bancadas con mayor cantidad de legisladores.
Lo anterior, por cuanto se requiere del voto de 38 parlamentarios para cada nombramiento.
En este sentido, el Partido Liberación Nacional empuja con fuerza la candidatura de su director político, el asesor parlamentario Sergio Ramírez, quien fue escogido por la Comisión de Nombramientos del Congreso junto al exjuez Wílliam Molinari Vílchez e Ileana Sánchez Navarro.
En las demás bancadas se oponen al nombramiento de Ramírez por su cercanía política con el PLN, aunque las fracciones opuestas tampoco han logrado un acuerdo para juntar los votos necesarios para Molinari o para Sánchez.
Los jubilados. Por otra parte, los vacíos en las salas II y III se dieron bajo el flujo natural del tiempo. Los magistrados, quienes disfrutarán de una jubilación con el 100% de sus salarios actuales, dejaron su cargo al cumplir con los requisitos de ley.
Se trata del magistrado Rolando Vega Robert, quien deja la Sala II, en la cual discutió y votó resoluciones relacionadas con materia de familia y trabajo.
El último sobresalto mediático de Vega Robert se dio en octubre pasado, cuando denunció ante la Corte Plena, la realización de ventas prohibidas en el Tribunal de Trabajo de Goicoechea.
En esa oportunidad, el magistrado expresó que en el Tribunal se vendían figuras de madera, relojes, pulseras, bolsos de marca, zapatos, tenis, productos por catálogo e, incluso, gallo pinto .
Además, apuntó que en ese centro judicial se hacían rifas para los días del Padre y de la Madre, así como sorteos de canastas de licores, con el fin de financiar las fiestas de fin de año.
Su colega Magda Pereira Villalobos, fue titular en la Sala III desde abril del 2005 y para su nombramiento hicieron falta 33 rondas de votación.
Pereira ocupó titulares de prensa, luego de que en mayo del 2011 votó para que se anulara íntegramente la condena a cinco años de prisión, dictada contra el expresidente Rafael Ángel Calderón por el caso Caja-Fischel .
Los diputados regresan, este lunes 20 de julio, de receso de medio año, y los nombramientos serán su recibimiento en el plenario legislativo.