Los diputados reeligieron este miércoles a la magistrada Iris Rocío Rojas Morales para un nuevo periodo de ocho años en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se tomó con el aval de 30 legisladores, en una votación secreta, mientras que nueve congresistas votaron en contra de la continuidad de la jurista.
Este es el máximo tribunal en las materias contencioso-administrativa (litigios con el Estado), civil, comercial y agraria.
La Constitución establece que, para impedir que una persona magistrada continúe en su cargo, deben votar de forma negativa al menos 38 legisladores. La continuidad de Rojas Morales no estuvo en peligro.
La magistrada Rocío Rojas es doctora en Derecho y especialista en Ciencias Penales; labora para el Poder Judicial desde 1987, cuando fue fiscal del Ministerio Público.
A partir de 1989, fue jueza penal y, luego, ejerció como letrada de la Sala Constitucional por 18 años, entre 1989 y el 2007. Fungió como suplente de la Sala Segunda entre el 2011 y el 2015, a la vez que fue jueza del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Rojas ha ejercido como magistrada propietaria de la Sala Primera los últimos ocho años, desde mayo del 2014, y optó por la reelección para su segundo periodo de ocho años.
Luego de su reelección, se fijó su juramentación para el próximo lunes en el plenario de la Asamblea Legislativa, por la tarde.
Rojas Morales fue protagonista, en febrero del 2020, de una polémica luego de sugerir durante una sesión de la Corte Plena que se debían intervenir teléfonos de los periodistas para conocer quiénes son sus fuentes en el Poder Judicial.
La discusión se dio por una presunta fuga de información sobre operativos policiales que, según la magistrada, pueden fracasar porque se filtran a los medios de comunicación.
La declaración de Rojas se había dado luego de que Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera, presentó un informe sobre las actuaciones de la Comisión de Enlace Corte-OIJ. Entre los pendientes que planteaba el informe, estaba un protocolo para regular las relaciones entre prensa y Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Para Rojas, no se trataba solo de hacer un protocolo, sino ir más allá, y hacer una reforma legal que permita la intervención de los teléfonos de los periodistas.
“A mí me parece que el interés público debe prevalecer siempre, porque el éxito de una investigación puede verse afectada por la fuga de información. El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado. Es claro que de acuerdo al 24 de la Constitución (Política) habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica (...)
“A mí me parece que por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos en las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes y de si son internas es del mayor interés público”, dijo la magistrada en aquel momento.