Los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura modificaron el proyecto de ley que exoneraría, por un año, el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para los servicios asociados a la construcción, como como los de ingeniería, arquitectura o topografía.
Por unanimidad, los nueve congresistas del foro aprobaron, esta tarde, un informe que acoge el veto presidencial sobre la versión anterior que fue aprobada, en segundo debate, en el mes de julio.
Los diputados admitieron la propuesta del Gobierno de implementar las exoneraciones y el posterior pago gradual del IVA, por el periodo de venta de esos servicios sin importar la fecha de visado de las obras de construcción ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
De ese modo, el texto queda corregido y pasaría directamente al Plenario Legislativo para someterse, de nuevo, a votación en dos debates; explicó la presidenta de ese foro, Paola Valladares.
La nueva iniciativa establecería una exoneración del 100% del pago del tributo a los servicios asociados a la construcción, que se presten desde su entrada en vigencia y hasta el 31 de agosto del 2021.
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Posteriormente, pagarán un 4% de IVA los servicios que se vendan entre el 1.° de setiembre del 2021 y el 31 de agosto del 2022; y un 8% los que se presten entre el 1.° de setiembre del 2022 y el 31 de agosto del 2023.
Luego, se pagaría un 13% desde el 1° de setiembre del 2023.
Votaron a favor del informe los liberacionistas Luis Fernando Chacón, Paola Valladares y Davig Gourzong; los fabricistas Carmen Chan y Marulin Azofeifa; Luis Ramón Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana; María Vota Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y el independiente Dragos Dolanescu.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó hace una semana la versión anterior aprobada por los diputados en el mes de julio.
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El mandatario alegó razones de oportunidad y conveniencia, dado que su redacción era contraria al interés de los propios diputados y del sector construcción.
El problema es que aprobó una redacción que eliminaría la gradualidad que se le concedió en el cobro del IVA a los proyectos que gozaron de un año de exoneración, los visados antes del 30 de setiembre del 2019.
A su vez, el plan deja un enorme vacío que perjudica tanto a esos proyectos como a los que fueron visados por el CFIA entre el 1°. de octubre del 2019 y el 30 de junio de 2020, pues el beneficio solo aplicaría para los proyectos aprobados después de esta última fecha.
Valladares agregó que, con la propuesta aprobada hoy, la aplicación de la norma se hace más sencilla.
Se votó por unanimidad, según dijo, debido a que fue un texto negociado con la Cámara Costarricense de la Costrucción (CCC), con el CFIA, con Hacienda y hasta con el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
“Las fracciones representadas en la comisión tenemos conciencia de la importancia de esta moratoria en construcción, para que más gente o empresas vayan construyendo. Así alentamos a la reconstrucción económica que necesita el país y generamos empleos”, expuso la diputada.
Luis Fernando Chacón, proponente del proyecto, dijo estar satisfecho que la corrección del texto se haya aprobado con la prontitud que hoy requiere el sector.
“Urge poder tener a mano herramientas de este tipo para poder reactivar economía”, puntualizó el también jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).