Ocho diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios votaron en contra de excluir al Consejo Nacional de la Producción (CNP) de la regla fiscal, como lo plantearon legisladores del anterior Congreso en un proyecto de ley.
Los legisladores argumentaron que está pendiente de discutir, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una forma de adaptar esta norma de control del gasto público a los mejores estándares internacionales.
Además, afirmaron que los problemas de pago del CNP a sus productores no obedecen al límite que la regla impone al crecimiento del gasto, sino a problemas de administración de la entidad.
En la sesión de este jueves, primero, una mayoría del foro acogió un informe de subcomisión que recomienda archivar el expediente y, posteriormente, el mismo grupo dictaminó negativamente el plan.
Votaron a favor de rechazar el proyecto legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y Progreso Social Democrática (PPSD). En contra, se manifestaron el frenteamplista Jonathan Acuña y el liberacionista Gilbert Jiménez.
Ahora, el expediente pasará al plenario con informe negativo de mayoría y afirmativo de minoría. Si el plenario acoge el rechazo, el expediente se archiva. Si admite el de minoría, continuaría su trámite en el Congreso.
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El texto lo presentaron los exdiputados del Partido Integración Nacional (PIN), Wálter Muñoz y Patricia Villegas.
En el trámite legislativo, un informe del departamento técnico de la Asamblea Legislativa señaló que los problemas de pagos a proveedores del CNP se produjeron por una incorrecta clasificación de los gastos de la institución.
La Contraloría General de la República, ente encargado de la aprobación presupuestaria del CNP, clasifica como “gasto corriente” las compras que el Consejo de Producción hace mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
“Al respecto, se indica que esos son gastos enteramente recuperables, porque posteriormente esas compras se traducen en ventas según el mandato específico de la institución. Sin embargo, el proyecto no saca de la regla fiscal esas dos actividades, sino más bien la totalidad del CNP, tal y como se muestra en el texto base de la iniciativa”, criticó el informe técnico.
En esa línea, la asesoría indicó que la correcta clasificación del gasto no es un problema legislativo.
Añadió que la regla fiscal es un límite al gasto corriente y el problema surge de que las “compras institucionales para producir, que después se traducen en ventas”, no son gasto corriente.
Lo anterior, añade el informe, no justifica sacar a todo el CNP de la norma, por un motivo de orden administrativo. “Se antoja a todas luces desproporcionado y sin justificación suficiente”, dice el informe técnico sobre el proyecto.
Durante el debate, el diputado Gilberth Jiménez sostuvo que, producto de la norma, el CNP le debe unos ¢15.000 millones a los productores que venden alimentos al Programa de Abastecimiento Integral (PAI).
Esta afirmación fue refutada por una mayoría de la comisión. Eli Feinzaig, legislador del PLP, dijo que los problemas de pago del Consejo son de índole administrativo. Lo mismo indicó la diputada oficialista Ada Acuña.
Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios, recordó que el Gobierno planteó una reforma a la regla fiscal que excluiría a varias instituciones, entre estas al CNP, pero que esta sería analizada con la asesoría técnica del FMI.
“Si empezamos hacer picadillo (con exclusiones), se hace inútil el esfuerzo para hacer el estudio integral; por eso nosotros rechazamos este proyecto”, alegó Ramírez, diputada del PLN.