Con siete votos en contra y dos a favor, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazaron la noche de este martes el proyecto de ley presentado por el Gobierno para incrementar en un tercio las penas por portación ilegal de armas permitidas, en ciertas condiciones.
La mayoría de legisladores cuestionó la utilidad del expediente 23.689 para frenar la ola de homicidios que afecta al país, en vista de que no tocaba el uso de armas automáticas o semiautomáticas que usan los sicarios. Además, cuestionaron la constitucionalidad de añadir más regulación a las armas que sí están permitidas.
La iniciativa de reforma la Ley de Armas y Explosivos solo fue respaldada por los dos diputados oficialistas que integran la comisión legislativa: Alexander Barrantes y Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
En contra de la propuesta se manifestaron los diputados Dinorah Barquero, Alejandra Larios y Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Gloria Navas, de Nueva República (PNR); Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP); Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA) y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Gobierno defendió propuesta con argumentos erróneos
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, solicitaron la semana anterior la aprobación de la iniciativa bajo argumentos erróneos, al asegurar que la propuesta fijaría penas más severas para la portación de armas de guerra o de grueso calibre.
Tanto el mandatario como el jerarca aseguraron que poseer un arma automática de guerra es una “mera contravención”, es decir, un hecho que se sanciona con una multa.
No obstante, lo cierto es que poseer un arma de este tipo, ya es un delito castigado con una pena de cuatro a ocho años de cárcel, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos.
El expediente lo que en realidad planteaba era elevar hasta en un tercio la pena por portación de armas permitidas, cuando esta se encuentre inscrita a nombre de un tercero, haya sido reportada como extraviada o sustraída, o bien, haya sido utilizada en un delito. La pena actual va de tres a cinco años.
Además, el plan proponía aumentar los casos en que una persona no puede acceder a un permiso de portación. Entre las causales, estarían ser una persona elevada a juicio por delitos contra la vida y contra la propiedad, o haber sido acusado o condenado por infringir la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Plan no regulaba armas prohibidas
El diputado Campos, del PLP, cuestionó las intenciones de la propuesta al decir que, en su criterio, los homicidios no se están cometiendo con armas legales, sino con las prohibidas, pero la iniciativa se enfoca en “regular aún más a los regulados”.
En consonancia con Campos, el diputado Alejandro Pacheco dijo que el proyecto “no está solucionando absolutamente nada”, debido a que las armas de guerra no se pueden comprar en el país ni inscribir, porque ya la ley no lo permite.
“Yo no veo filas de sicarios comprando armas en una tienda aquí en Costa Rica, escogiendo las municiones, porque todo eso viene del extranjero o lo consiguen en el mercado negro. Entonces, por favor, que le dejen de crear expectativas a los ciudadanos que no se van a solucionar con este tipo de proyectos”, expresó.
En el mismo sentido se refirió Priscilla Vindas, al señalar que su conciencia no le permitía aprobar un proyecto de ley que no hace lo que el Poder Ejecutivo aseguró.
“Yo me sentiría absolutamente mal, en aprobar un proyecto de ley que no viene a solucionar los problemas que tienen las comunidades que están hundidas y tomadas por el sicariato y el crimen organizado”, refirió.
Otro de los argumentos de Gilberto Campos es que, si bien la Ley de Armas y Explosivos ya prohíbe la portación de armas a personas elevadas a juicio, no considera que esa limitación sea constitucional.
“A mi criterio, es algo inconstitucional que viola la presunción de inocencia; elevado a juicio no significa que es culpable”, indicó.
“El hecho que esté en la ley no quiere decir que sea constitucional, sino que nadie lo ha recurrido, nadie ha presentado una acción de inconstitucionalidad”, agregó.
La diputada Alejandra Larios dijo compartir la tesis de Campos sobre la posible violación del principio de inocencia.
Añadió que también se podría estar infringiendo el principio de proporcionalidad, ya que no todos los delitos contra la vida se cometen con armas.
Los legisladores también rechazaron, cinco votos en contra y cuatro a favor, un texto sustitutivo que había elaborado una subcomisión.
El Gobierno desconvocó este martes otras tres de sus iniciativas de ley en conocimiento de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, una de ellas, el expediente 23.692, que cuenta con un informe de subcomisión que recomienda el rechazo y archivo de la propuesta.
Este documento también estaba previsto que se discutiera en la sesión de este martes.
Con la desconvocatoria de las inciativas de ley y el rechazo del expediente 23.689, solo queda en el orden del día de la Comisión el expediente 23.575, que busca regular y sancionar los llamados préstamos gota a gota.