La Procuraduría General de la República (PGR) no encontró vicios de inconstitucionalidad en un proyecto de ley para limitar el aumento anual de los alquileres de vivienda que no superen el salario mínimo de los Trabajadores en Ocupación No Calificada, que para el próximo año estará en unos ¢350.000.
Se trata de una reforma a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato) que actualmente solo utiliza como referencia el índice de precios del consumidor para los aumentos del alquiler.
Esta propuesta legislativa, del Frente Amplio, pretende incorporar el salario mínimo como criterio para los aumentos de la vivienda más económica, para que se ajuste más a la economía de los hogares, ya que los salarios no crecen al mismo ritmo que la inflación, sino que usualmente es inferior.
De esta forma, el aumento al alquiler se determinaría según el aumento del salario mínimo de los Trabajadores en Ocupación No Calificada. Para el próximo año, por ejemplo, el sector privado acordó un aumento de 6,6%.
La Ley actualmente también contiene criterios para todos los aumentos. Si la inflación es menor a un 10%, será por ese mismo porcentaje o un monto menor, según acuerdo entre las partes; y para cuando el costo de la vida aumente ese 10%, como es el caso del 2023, es el Ministerio de Vivienda el que lo determina.
En el caso de los alquileres en moneda extranjera, como en dólares, el precio del arrendamiento no puede variar a lo largo del contrato.
Para la PGR, por ser la vivienda un derecho fundamental de dignidad humana, el arrendamiento es una de las formas en que se materializa, por lo que los legisladores están facultados para poder establecer esos límites, siempre dentro de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como es este caso.
Sin embargo, advirtieron de que el proyecto de ley es omiso en cuanto al reajuste de precios en los contratos de arrendamiento que fueron pactados en una moneda extranjera, lo cual crea un vacío legal.
La cantidad de viviendas dadas en alquiler aumentó en 25.000 unidades habitacionales en cuestión de un año, según una reciente publicación de La Nación. En total pasó de 288.000 casas en 2021, a 313.000 en 2022, según un estudio del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi).
Ese incremento está asociado al crecimiento en los precios de los materiales de construcción y a la dificultad para acceder a financiamiento, al haber un aumento en las tasas de interés para la compra de casa. La propuesta legislativa fue presentada en agosto y se discutirá en la Comisión de Asuntos Económicos.