Los diputados tienen la potestad de eliminar la exoneración del impuesto de renta al salario escolar de los funcionarios públicos, debido a que la medida equipararía las condiciones tributarias entre servidores estatales y asalariados del sector privado. Estos últimos sí están sujetos al tributo en todas sus remuneraciones.
Así se pronunció la Procuraduría General de la República (PGR) al analizar el expediente legislativo 22.801 planteado por el Gobierno anterior para eliminar algunas exoneraciones.
“La propuesta para eliminar la exoneración al salario escolar del impuesto sobre la renta tampoco presenta problemas de constitucionalidad, en particular, si se confronta a la luz del citado principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas”, señaló la PGR.
Este proyecto fue presentado en diciembre de 2021 por la administración de Carlos Alvarado. La iniciativa se encuentra asignada a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Incluso, la propuesta formó parte de la agenda de proyectos de ley acordada por esa administración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el argumento de que ahorraría unos ¢43.000 millones anuales.
El salario escolar que los funcionarios públicos reciben en enero no es un ahorro ni es fruto de deducciones que se acumulan a lo largo del año. De acuerdo con sentencias de la Sala Constitucional, el salario escolar es parte del salario ordinario que reciben los funcionarios.
Este se originó por un aumento salarial que el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998) no pudo pagar en cierto momento y que, entonces, decidió compensarlo como un décimo tercer salario en enero.
La actual administración de Rodrigo Chaves decidió extender ese beneficio a los nuevos trabajadores públicos que entren bajo el esquema de salario global, a pesar de que el objetivo de este era eliminar distorsiones.
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OCDE pidió eliminar beneficio; Gobierno se opone
En su visita oficial al país, en febrero anterior, Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recomendó aumentar los ingresos tributarios con la eliminación de la exoneración sobre el salario escolar.
La OCDE consideró que ampliando la base fiscal, al eliminar dicha exoneración, el Estado tendría más espacio fiscal para impulsar el crecimiento económico y la equidad social.
No obstante, al término de la actividad donde se hizo ese señalamiento, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, descartó esa posibilidad.
El mandatario afirmó que reincorporar el impuesto de renta sobre el salario escolar de funcionarios públicos tendría un efecto bajo en la recaudación tributaria.
El gobierno anterior había estimado este beneficio en unos ¢43.000 millones anuales.
Otros cambios que propone el proyecto
La propuesta heredada del periodo anterior también plantea un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas vigentes del impuesto sobre las remesas al exterior.
Esto incluye las rentas de fuente costarricense por servicios y otros conceptos que se reciben por parte de empresas o personas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica.
De esa manera, por ejemplo, el dinero recibido en el país por pensiones, jubilaciones, salarios y otras remuneraciones, pagarían un 15% de impuesto, frente a la tarifa de 10% actual.
Los arrendamientos de bienes de capital pagados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a entidades en el exterior, pagarían una tarifa del 20%, frente al 15% actual.
El aumento también regiría sobre los pagos por utilización de películas cinematográficas, radionovelas, telenovelas, así como en utilidades, intereses y dividendos de ciertas actividades económicas.
Sobre esta propuesta en particular, la Procuraduría señaló: “Si bien no existe ningún impedimento constitucional para el aumento de las tarifas, lo cierto es que, de la lectura de la exposición de motivos, no se desprende base técnica para determinar la proporcionalidad y razonabilidad de la reforma, lo que consideramos oportuno revisar de previo a su aprobación”.
Otra modificación que propone esta iniciativa es que se eliminarían las tarifas escalonadas para los títulos valores bursátiles emitidos por las cooperativas y del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), de forma que queden equiparadas con las tasas aplicadas a los rendimientos generados por los títulos emitidos por otras entidades financieras y bancarias.
Al respecto, la Procuraduría apuntó que “la reforma busca establecer las mismas condiciones tarifarias, lo que corresponde con el principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, ya que se dirige a eliminar distorsiones en orden al impuesto sobre rentas de capital provenientes de inversiones en cooperativas y el Banco Popular”.