Diputados del PAC, PLN y del PUSC están a la espera de que el magistrado Luis Porfirio Sánchez, cumpla con lo que declaró bajo juramento ante el Congreso, y renuncie al fuero de inmunidad que le protege.
El pasado 1.° de setiembre, siendo candidato a magistrado para la Sala II, Sánchez envió a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa una declaración jurada en la cual se comprometía a renunciar a su inmunidad para enfrentar un proceso judicial por supuesto prevaricato.
En esa ocasión, Sánchez envió la declaración junto con una nota dirigida al presidente de la Comisión de Nombramientos, el socialcristiano Jorge Rodríguez, en la que indicó: “por una cuestión de transparencia y probidad, presento en este acto, una declaración jurada, donde me comprometo bajo la fe de juramento, a renunciar expresamente al fuero de inmunidad o protección especial procesal para enfrentar el proceso penal que se tramita bajo el expediente número 15-000498-0619PE.”
Sin embargo, a la fecha, ni en la secretaría de la Corte, ni en la Sala III, se tiene registro de que Sánchez haya hecho las gestiones necesarias para solicitar al Congreso el levantamiento de inmunidad.
Por ello, el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y miembro de la Comisión de Nombramientos, afirmó que el magistrado debe cumplir con la palabra empeñada y dejar su fuero de protección, tal y como lo prometió en la nota a la Asamblea.
Un criterio similar externó la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke, quien también forma parte de ese foro legislativo.
“Debe hacerlo (renunciar a la inmunidad). Es un compromiso con la ética y la transparencia. No hay mecanismo para obligarlo pero tenemos que instarlo a cumplir”, expresó Clarke.
La congresista comentó que se le puede levantar el fuero a Ramírez “en el momento en que la Corte lo solicite”.
Para Jorge Rodríguez, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), si el magistrado dio su palabra, ahora debe cumplirla.
A la espera. Solo cuatro días después de que Sánchez empeñara la palabra ante los diputados, el abogado de 44 años era juramentado como magistrado de la Sala II (encargada de resolver en alzada asuntos laborales y de familia).
Un mes después, el nuevo magistrado invitó a una fiesta a los congresistas que votaron por él, así como a sus nuevos compañeros magistrados (la Corte aún no revela cuántos), en tanto, el tema de su renuncia, quedó en el aire.
La causa contra Sánchez se mantiene abierta. El querellante, el abogado José Pablo Badilla, considera que el hoy magistrado habría cometido el delito de prevaricato mientras fungía como juez del Tribunal de la Inspección Judicial.
Badilla presentó la demanda el 31 de julio del 2015. En ella denuncia que Sánchez actuó con dolo al no permitir una recusación en un proceso disciplinario por supuesto acoso contra la jueza Liz Maureen Tencio.