Los diputados se aprestan a investigar en la Asamblea Legislativa la presión del gobierno de Luis Guillermo Solís sobre la procuradora general, Ana Lorena Brenes.
Una amplia mayoría de bancadas concuerda en que se debe esclarecer rápido la actuación del viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, quien visitó a la procuradora y le ofreció un puesto de embajadora, el martes antepasado, aunque está nombrada hasta mayo del 2016.
Los diputados desean escuchar la versión completa de Ana Lorena Brenes sobre los hechos, así como aclarar si Soley actuó por cuenta propia o fue enviado por sus superiores.
Quieren saber, además, si el viceministro estaba autorizado para proponer un cargo en una embajada a la procuradora.
La investigación legislativa se extendería al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, superior de Soley, quien se ha rehusado a hablar públicamente sobre lo sucedido.
En palabras ofrecidas por el propio Soley esta semana, la procuradora se siente incómoda con este Gobierno.
Ella emitió dos dictámenes en contra de decisiones clave de la administración Solís: el nombramiento del obispo luterano Jiménez como titular de la Presidencia; y el levantamiento del veto a la ley que cedió la calle 13 bis de San José a unos 90 artesanos.
El caso lo quieren investigar las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Alianza Demócrata Cristiana y Restauración Nacional.
El gobernante Acción Ciudadana (PAC) pide dar tiempo para que el presidente Solís actúe. Los legisladores regresan a trabajar el lunes tras el receso navideño.
Tres interrogatorios. Antonio Álvarez Desanti, diputado del PLN, informó de que su partido entabla conversaciones para efectuar la investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, de la cual él es parte.
El legislador alegó que es necesario “conocer la verdad que hay en torno a este situación”, por lo que estima necesario que los implicados sean llamados a rendir testimonio bajo juramento.
Su intención es que Brenes, Soley y Jiménez comparezcan el próximo jueves por separado.
Para ello, le pedirá convocar a una sesión extraordinaria el martes al presidente de la Comisión, el frenteamplista Gerardo Vargas Varela.
Vargas, quien además es el jefe de fracción del Frente Amplio, afirmó que su partido apoyará cualquier iniciativa para sentar las responsabilidades del caso si, a más tardar el lunes, el mandatario Solís no toma una acción drástica ante los hechos.
“Sea que vaya a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, al Plenario o a la Procuraduría de la Ética, eso tiene que aclararse, no puede quedar así. Lo importante es que el pueblo de Costa Rica sepa que le ofrecieron una embajada a la procuradora, a la persona que es la abogada del Estado costarricense, la que defiende al Estado costarricense, y eso es un golpe a la institucionalidad del país”, dijo el frenteamplista.
Al consultársele que harían si el presidente toma una medida antes del lunes, Vargas respondió que no pueden adelantarse a los hechos.
Álvarez Desanti, por su parte, fue del criterio de que la investigación no pueden detenerse.
“Es un hecho que el viceministro no actuó solo y había una voluntad del Poder Ejecutivo por quitarse del camino a una procuradora que ha sido adversa a las tesis jurídicas que ellos han impulsado. Entonces, esta no fue una acción aislada. Su destitución (una eventual salida de Soley) sería una forma de acallar la investigación, pero nosotros no debemos de parar”, declaró.
La comisión de Control de Gasto también la integran Ottón Solís y Epsy Campbell, del PAC; Otto Guevara, del Libertario; Johnny Leiva, del PUSC; y Maureen Clarke, del PLN.
Ottón Solís sostuvo que, si el gobernante toma una medida, habría que evaluar si la investigación legislativa tiene sentido: “Lo que sí espero es que el presidente se percate que solo tiene un camino y, es como mínimo, despedir a Daniel Soley”.
Lo que el fundador del PAC rechazó de plano es crear una comisión especial para ver el caso, posición en la que coincide Antonio Álvarez, pues alega que por esa vía se demoraría unos seis meses; en la comisión de Control de Gasto, en tanto, unas dos semanas.
Ella es clave. Rafael Ortiz, jefe de fracción de la Unidad, dijo que el caso se debe investigar, al tiempo que su compañero, Gerardo Vargas Rojas, sostuvo que lo primero es conocer la versión de la procuradora de su propia boca.
El libertario Guevara también considera fundamental es escuchar a Brenes.
Emilia Molina, jefa de fracción del PAC, sostuvo que el tema debe discutirse en su bancada, pero aboga por darle tiempo al mandatario: “Quiero esperar, quisiera respetar las decisiones que el presidente tome, él es el que nombra y él es el toma las decisiones”.
Al tiempo que ella tomó esa posición, ocho diputados del PAC repudiaron el hecho y pidieron una respuesta al presidente. Colaboraron Natasha cambronero y Aarón Sequeira