Los diputados aprobaron en primer debate una reforma legal que permitirá prolongarpor un año adicional la vida útil de los autobuses utilizados en el transporte público por micro, pequeñas y medianas empresas.
La enmienda se agrega como un transitorio a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial y establece esta prórroga de forma exclusiva, por una única vez, para los autobuses de ruta regular de los modelos 2007 y 2008.
Bajo esta reforma, estos autobuses funcionarán hasta los 16 años, en lugar de los 15 actuales.
La normativa será aplicada únicamente a las empresas de transporte de autobuses clasificadas como micro, pequeñas y medianas, siguiendo la categorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
También, incluye a las cooperativas del sector de transporte público que cumplan con estas categorías. De este modo, las grandes empresas autobuseras quedan excluidas del beneficio.
El transitorio establece que la entidad encargada de llevar a cabo las inspecciones técnicas de los vehículos de transporte público debe verificar, previamente, el cumplimiento de los requisitos técnicos de la flota.
Para asegurar la seguridad y calidad del servicio, se estipula que las unidades de transporte que superen los 15 años de antigüedad y que se beneficien de esta prórroga deberán someterse a inspecciones técnicas vehiculares cada cuatro meses, en lugar de cada seis meses, así como cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600, y su reglamento.
El proyecto contó con el apoyo de 36 diputados de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP), mientras que cuatro representantes del Frente Amplio (FA), uno de Liberación Nacional y un sexto del Liberal Progresista se opusieron a la iniciativa.
El segundo debate y definitivo quedó fijado para el 24 de octubre.
Proyecto alternativo a plan que fracasó en comisión
Esta reforma es una alternativa a otra propuesta del gobierno anterior que buscaba extender la vida útil de los autobuses del transporte público en general, incluidos los de grandes empresas, hasta los 20 años. Ese texto no gozó del consenso de los legisladores en comisión.
El objetivo de esta medida era impulsar la recuperación del transporte público, uno de los sectores afectados por las restricciones y medidas gubernamentales para combatir la pandemia de la covid-19.
La decisión de los diputados sobre el nuevo proyecto se basó en la necesidad de abordar directamente el impacto de la pandemia en el transporte de las comunidades, según la exposición de motivos.
La falta de servicio de transporte público en algunas áreas había afectado negativamente a personas de todas las condiciones sociales, forzándolas a buscar alternativas de movilidad.
Esto ha generado graves repercusiones económicas para las familias afectadas y ha aumentado la inseguridad en el transporte no regulado, según dice el texto de la reforma aprobada.