Los diputados aprobaron este martes, en segundo y último debate, el proyecto de ley que autoriza a los patronos privados a reducir las jornadas laborales por tres meses, en caso de que demuestren que persiste la afectación por la pandemia de la covid-19.
La iniciativa recibió los votos favorables de 41 congresistas, mientras que cuatro se pronunciaron en contra: Welmer Ramos y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); y José María Villalta, del Frente Amplio.
Ahora, queda pendiente la firma del presidente Carlos Alvarado y la publicación de la ley en el diario oficial La Gaceta.
El proyecto aprobado establece las siguientes condiciones para los patronos que recurran a la medida:
-Será obligatorio que el patrono haya sostenido en sus empleos a las personas sujetas a la reducción de la jornada, a quienes se les pretenda ampliar el plazo. La idea de esta medida es evitar que a una persona que haya sido despedida se le recontrate por tiempo completo y, después, se le reduzca la jornada.
-El proyecto establece que el Ministerio de Trabajo solo podrá autorizar la prórroga cuando los empleadores no hayan abusado de los mecanismos establecidos para esa reducción de la jornada y que hayan incumplido la legislación laboral.
-El patrono tendrá prohibido establecer horarios laborales fraccionados a sus empleados o pagar horas extra a otras personas trabajadoras, en vez de reincorporar a las personas con jornada reducida. Por tiempos fraccionados, se entiende una distribución de horas laborales separadas en distintos momentos del día, que impidan al empleado dedicar su tiempo a otra actividad productiva.
Este proyecto había sido aprobado en primer debate el 9 de diciembre.
En marzo del 2020, al principio de la pandemia, los diputados aprobaron por primera vez la reducción de jornadas de trabajo, por un periodo de tres meses, prorrogable dos veces por periodos iguales. Ese máximo de nueve meses se cumplió este 31 de diciembre.
La iniciativa de ampliación por otros tres meses, para el 2021, fue presentada por la congresista María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El independiente Jonathan Prendas alegó que, durante la reunión con la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, en la Casa Presidencial, el Gobierno solicitó a los diputados aprobar esa iniciativa y reclamó que diputados del PAC tuviesen una posición distinta a la manifestada por la jerarca.
Villalta y Vega, en particular, hablaron contra la iniciativa porque dijeron que se decidió acelerar el proyecto para extender esa reducción de jornadas sin ningún estudio que demostrara un impacto positivo de la medida y, más bien, alegaron afectación en trabajadores.