Los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios le piden a la empresa cementera Holcim que devuelva el "sobreprecio" que le cobró a Coopelesca por la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas.
En su informe final sobre los créditos bancarios otorgados a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R. L.) y al empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, los legisladores encontraron que Holcim vendió la planta en $35 millones, cuando un avalúo realizado por la empresa KPMG determinó que la estructura valía $22 millones.
Para obtener esa planta de manos de Holcim, Coopelesca solicitó un préstamo al Banco de Costa Rica (BCR) por $32,7 millones.
Dentro de sus conclusiones, los parlamentarios también recomendaron que se inhabilite por ocho años al director bancario suspendido Alberto Raven para el ejercicio de cargos públicos, porque consideran que incurrió en un conflicto de intereses, al no informarle a la Junta Directiva del BCR que, a la vez que formaba parte de ese órgano colegiado, era fiscal de la cementera.
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Los diputados concluyeron que el BCR le solicitó a Coopelesca garantías con un valor superior al que realmente tenía la planta hidroeléctrica, “pues podrían conocer que la planta hidroeléctrica y su producción podrían ser insuficientes para cubrir el crédito”.
Según los congresistas, la planta no solo fue sobrevalorada, sino que además se compró en condiciones deficientes, tal como pudieron determinar luego de las entrevistas que realizaron a los responsables de la compra. La compra, en general, "constituyó un buen negocio para Coopelesca", determinaron los miembros de la Comisión Investigadora.
A raíz de esos señalamientos sobre esa compañía cementera, los parlamentarios acordaron "hacer un fuerte reproche a la empresa Holcim, la cual, a pesar de disfrutar de la avanzada institucionalidad y de la paz de Costa Rica, lo que le permite hacer ganancias para sus socios locales e internacionales, en lugar de ser ejemplo de compromiso con los mejores valores, practica una ética corporativa cuestionable".
Por ese motivo, los congresistas solicitaron, en su informe, que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se pronuncie sobre las condiciones en las que se otorgó el crédito.
Los legisladores también solicitan la intervención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que investigue si se pagaron costos adicionales por la compra de la hidroeléctrica Aguas Zarcas y, de ser así, que se hagan los ajustes tarifarios para que los abonados no se vean afectados por ese eventual sobreprecio.
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Además, instan al Instituto sobre Fomento Cooperativo (Infocoop) a que realice una auditoría sobre los préstamos otorgados a Coopelesca.
Tal crédito ahora es investigado por el Ministerio Público, ante la sospecha de que el directivo Alberto Raven pudo haber incurrido en tráfico de influencias, pues al momento de otorgarse ese préstamo, él era fiscal de la junta directiva de la empresa cementera y también directivo en el BCR.
Sobre Raven
Además de ser exfiscal de Holcim, Raven es socio del bufete Zurcher, Odio y Raven, el cual protocolizó el acta 28 de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Hidroeléctrica Aguas Zarcas S. A., del 7 de octubre del 2014. En esta acta, se estableció que Coopelesca era propietaria del 100% de las acciones de Hidroeléctrica Aguas Zarcas.
"Holcim no tuvo reparo ético en mantener como fiscal a una persona que, con su sombrero de director del BCR, en lugar de defender los intereses del banco, optó por defender los intereses de Holcim, al mantener silencio sobre las condiciones de la hidroeléctrica", establece el informe de los legisladores.
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"En la Comisión, la Junta Directiva de Holcim intentó engañar sobre el nivel de conocimiento que tenía el director Alberto Raven sobre el estado de la hidroeléctrica", explicaron los congresistas.