Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de ley para derogar la reelección indefinida de alcaldes. Lo hicieron a raíz del caso Diamante, operación judicial sobre presunta corrupción en obras municipales en la que seis jerarcas municipales fueron detenidos y a uno se le decomisó el teléfono celular.
El plan recibió 46 votos a favor y solamente un legislador votó en contra: Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La iniciativa de la legisladora María Inés Solís, del PUSC, se aprobó al filo de la hora del cierre de la Asamblea Legislativa, luego de que Liberación Nacional (PLN) se opuso a extender el plazo de la sesión.
Actualmente, los alcaldes pueden reelegirse de forma indefinida, lo que ha permitido que algunos acumulen hasta 27 años en el poder. Tal es el caso Johnny Araya, del PLN y gobernante local de San José.
Con esta reforma, los alcaldes solo podrán aspirar una reelección consecutiva para periodos máximos de ocho años.
La intención de los diputados es que los alcaldes que logren la reelección tengan que esperar ocho años para volver a postularse, una vez que concluyan su periodo.
Sin embargo, la redacción actual del proyecto es ambigua y podría interpretarse que la espera debe ser de cuatro años.
El texto actual dice que el plazo de espera corre a partir de que finaliza la segunda elección, no desde que finaliza el periodo, lo que abre un espacio de incertidumbre.
Con el fin de corregir el proyecto, 42 diputados firmaron una moción para dejar en claro que la pausa debe ser de ocho años, estableciendo que el plazo correría a partir del término del periodo en el poder.
Esta propuesta tendrá que ser incorporada en una etapa posterior al primer debate. El artículo 148 bis del reglamento legislativo, por ejemplo, permite retrotraer un expediente al trámite de primer debate para ajustarlo con mociones que no fueran presentadas en el proceso inicial.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides confirmó que las bancadas legislativas acordaron recurrir a ese mecanismo, en enero, para asegurar que se puedan introducir mociones de ajuste por el fondo, “sin que eso signifique que alguien puedan meter un sinnúmero de mociones, pues en ese procedimiento no se puede”.
Benavides enfatizó que, al aplicar esa retrotracción, cada diputado solamente puede presentar una moción. Agregó que utilizar ese mecanismo fue un acuerdo verbal entre fracciones, tal como se dijo en una conversación entre varios jefes de bancada.
Durante los ocho años de pausa, los alcaldes no podrían aspirar a ningún otro cargo municipal de elección popular.
En el caso de vicealcaldes, también podrían aspirar a una única reelección consecutiva y tendrían que esperar ocho años para postularse a ese mismo cargo o al de regidor o síndico.
Regidores, síndicos, intendentes y concejales de distrito tendrían derecho a competir por una única reelección consecutiva y, al igual que los demás, esperarían ocho años para aspirar al mismo cargo o a una suplencia.
Antes de la votación de este jueves en primer debate, los diputados le hicieron otro ajuste al proyecto para prohibir a los 46 alcaldes que fueron reelectos en el 2020 optar por un nuevo periodo en las elecciones municipales del 2024.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) fue claro en que la idea de ese ajuste es “cerrar la puerta a la reelección de ese grupo donde se encuentran alcaldes implicados en el reciente caso Diamante”.
El impulso del caso Diamante
El fabricista Jonathan Prendas enfatizó que, desde tiempo atrás, la independiente Carmen Chan había impulsado un proyecto con el mismo objetivo sin lograr apoyo en el plenario, pero el escándalo del caso Diamante permitió impulsar la iniciativa de María Inés Solís.
El jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, consideró que “no hay mal que por bien no venga”, porque fue la investigación judicial sobre presunta corrupción le dio el empujón al proyecto.
“Este proyecto pone fin a esas largas dictaduras municipales. Esto permite fortalecer las democracias, porque yo creo en el régimen municipal y en la descentralización”, comentó el restauracionista.
De igual forma, Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos, del PAC, mencionaron la posibilidad de que alcaldes como Johnny Araya, de San José; Alberto Cole, de Osa, y Alfredo Córdoba, de San Carlos, terminen su larga gestión como alcaldes.
El jefe del PUSC, Pablo Abarca, afirmó que se aprobó una reforma en profundidad y le recordó al PLN que la Unidad la impulsaba desde antes del caso Diamante.
“Quienes han querido orientar esa reforma para intereses electoreros no somos los de la fracción Unidad. Ya que ustedes están tan necesitados de seguridad jurídica, pueden hacer la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto y que sea la Sala IV la que determine si el proyecto está bien”, le dijo Abarca a Yorleny León, del PLN, cuando Liberación se opuso a la moción que prohibió la reelección de 46 alcaldes actuales.
León afirmó que, al cuestionar el apoyo del PUSC a esa moción, en ningún momento buscó justificar actuaciones del PLN que, según reclamaron muchos diputados, iban en contra de la reforma.
“Lo que sí señalé es que tenemos una altísima probabilidad de que no tengamos la alineación de astros que se dio esta vez, para que el proyecto caminara en la Asamblea. Fueron los astros los que se alinearon, no otras razones”, dijo.
De hecho, fue Yorleny León la única integrante del PLN que hizo intervenciones en relación con la aprobación de la iniciativa. Liberación Nacional es el partido con más alcaldes a los que se les frenaría la continuidad en el poder.
Cuatro de los alcaldes detenidos en el caso Diamante son del PLN: Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa), así como el jerarca al que se le decomisó el teléfono: Nixón Ureña (San Ramón).