Luego de conocer que el sospechoso de masacrar a cinco universitarios en Liberia tenía un beneficio carcelario, diputados de tres partidos fustigaron las políticas de liberación de reos.
Legisladores del PUSC, del Movimiento Libertario y de Alianza Demócrata Cristiana se inclinan por reformas para cerrarle la puerta a este tipo de beneficios.
"Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos advertido, no puede ser que estemos liberando privados de libertad porque no hay espacios en las cárceles. La única razón para que esa persona (el sospechoso del asesinato) estuviera libre fue la falta de espacio en las cárceles, porque las recomendaciones técnicas decían que tenía que estar privado de libertad", dijo Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
LEA: Sospechoso de masacre de universitarios en Liberia era vecino y tenía beneficio carcelario
Vargas añadió que, como ellos consideran que liberar reos no es la solución para el hacinamiento, hace dos meses presentaron una propuesta para destinar a la construcción de cárceles parte del dinero que se recaude con el nuevo impuesto a las personas jurídicas, aprobado este mes. "El gobierno no se interesó por el tema", lamentó Vargas.
Mario Redondo, del partido Alianza Demócrata Cristiana , manifestó que él presentó, en julio del año pasado, mociones al proyecto "Ley de Servicio Penitenciario Nacional y de Ejecución Condicional de la Pena", con el objetivo de restringuir las facultades de los jueces para liberar reos.
"Yo pido que esas mociones se aprueben para que ya pare esto de la impunidad que hace mucho daño. Ya este país esta harto de la impunidad, delincuentes tratados con guantes de seda mientras la población está encerrada", dijo Redondo.
Por su parte, el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, dijo estar indignado por el beneficio carcelario que tenía el sospechoso de los asesinatos.
"Estoy profundamente indignado de la liberación masiva de delincuentes por parte de esta administración. Aparte de la indignación que siento, teníamos razón cuando levantamos la voz contra de las liberación masiva de delincuentes. Esto que se dio a conocer hoy, obvio que va a generar reacciones en la Asamblea Legislativa, más en una excitativa al presidente de la República para suspender este tipo de políticas y retomar la mano dura de cero tolerancia con quien le haga daño a las personas", explicó Guevara.
Este viernes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un sujeto de apellidos Ríos Mairena como sospechoso de asesinar a cinco jóvenes el 19 de enero en el barrio La Victoria, en Liberia, Guanacaste. La captura ocurrió poco antes de las 6 a. m. en su casa, contigua a la vivienda donde se produjeron los asesinatos.
Mairena fue condenado en el 2012 a ocho años de prisión por el delito de posesión de marihuana para su tráfico. Sin embargo, en julio de 2014 obtuvo un beneficio que le permitió purgar la sanción de una manera distinta a la penalización y someterse a un régimen especial.
Este beneficio se le concedió a pesar de que, el 28 de agosto del 2014, el Instituto Nacional de Criminología (INC), del Ministerio de Justicia, recomendó al Juzgado de la Ejecución de la Pena de Liberia no conceder el beneficio al reo. "No cuenta con los recursos personales, sociales y familiares que favorezcan el beneficio de libertad condicional", dijo en ese momento.
Liberación. La polémica por el beneficio para privados de libertad comenzó en agosto del 2015, cuando el Ministerio de Justicia anunció que permitiría salir de la cárcel a reos no peligrosos, para bajar la sobrepoblación en el sistema penitenciario, que alcanzaba un 52%.
La política se fijó para personas condenadas por delitos menores. La idea era reubicarlos en los 12 centros de atencion semiinstitucional, a cambio de que tuvieran trabajo, estudiaran o durmieran en esos locales de uno a cinco días a la semana.
No obstante, a mediados del año pasado trascendió que uno de los reclusos reubicados violó en Limón a una mujer que había dado a luz siete días atrás; y que otro fue detenido como sospechoso de abusar sexualmente de un niño de ocho años en Cañas, Guanacaste.
En abril del 2016, Adaptación Social señaló que la medida tomada desde el 2015 no fue suficiente, aunque se había logrado bajar la sobrepoblación a un 45,85%. Por ello, ese mes, Justicia emitió un nuevo documento que flexibilizaba los criterios para dar beneficios a los reclusos.
Flexibilizar los criterios para dar beneficios a los reclusos intensificó los cuestionamientos de autoridades judiciales y políticos. Entre ellos, del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, y del fiscal general, Jorge Chavarría.
El 13 de junio del 2016, el INC acordó suspender la medida. Unos días antes, el 1.° de junio, la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, había advertido a los reclusos que, si los beneficiados seguían incurriendo en reincidencia, se eliminaría el plan de reubicación.
Si bien estas medidas extraordinarias se suspendieron, continúan los casos ordinarios en que se evalúa otorgar el beneficio a privados de libertad.
LEA MÁS
¿Por qué el sospechoso de masacre de Liberia estaba libre si tenía una condena en su contra?