Los diputados votaron esta tarde una agenda con 20 proyectos de ley prioritarios para el plenario de la Asamblea Legislativa, con base en el artículo 36 del Reglamento del Congreso, el cual faculta a cada partido a presentar un número de iniciativas proporcional a su número de legisladores.
La lista se integró con las propuestas de ocho de las nueve fracciones políticas y la encabezan la iniciativa para mejorar la lucha contra el contrabando, una reforma a la Ley de Aduanas y un impuesto a los moteles.
En el cuarto lugar, se colocó el plan para ampliar el corredor vial San José-Cartago mediante un fideicomiso, seguido del proyecto de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), para que este obtenga un mayor financiamiento.
Completan los primeros diez lugares el plan contra el acoso en los centros educativos, la adición de un artículo a la Ley de Protección al Trabajador, el proyecto de atención de la enfermedad celiaca, la titularización de flujos de caja para construir obra pública y el plan de alfabetización digital en escuelas primarias públicas.
Entre los restantes diez, hay iniciativas para exonerar de impuestos a los carros para discapacitados y para el buen uso de la vivienda de interés social, así como reformas al Código Procesal Civil, al sistema de financiamiento de partidos políticos en el Código Electoral y a la transferencia de recursos a las municipalidades para la construcción de vías cantonales.
En la lista no se incluyeron los planes de interés del Frente Amplio, pues jefes de otros partidos alegaron que ese grupo lleva ocho reuniones sin presentar su lista. De ese criterio fueron Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana; Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
Gerardo Vargas, jefe frenteamplista, reclamó en el plenario legislativo que el presidente del Directorio, el socialcristiano Rafael Ortiz, no le diera el tiempo para darle esa lista el viernes.
Por otra parte, los diputados aprobaron en la misma moción una extensión de las sesiones del plenario, para trabajar los lunes, martes y jueves hasta las 7:30 p. m., a fin de discutir hasta su aprobación una reforma al Reglamento legislativo que pretende acortar varios procesos y hacer más expeditos los trámites de los proyectos de ley.