Los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público coincidieron en que el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, no tiene espacio político.
Así lo dejaron saber en cuatro informes sobre el caso Soley: en el de mayoría -firmado por dos diputados del PAC y dos del PLN- y en tres de minoría: uno del PUSC, otro del FA y uno último, del ML. Sus recomendaciones fueron expuestas esta tarde, con el fin de que el presidente Luis Guillermo Solís las acoja.
Sus informes se emiten tras la investigación que realizó el foro, la semana pasada, sobre la reunión entre el exviceministro de la Presidencia, Daniel Soley y la procuradora general Ana Lorena Brenes, en la que el primero supuestamente ofreció cinco opciones de embajada a la segunda, a cambio de dejar su puesto.
Esa cita, informada por La Nación, generó polémica: Brenes alegó que el ofrecimiento del viceministro fue indebido y que lo percibió como una amenaza, mientras que Soley negó que eso fuera cierto. Por su parte, el ministro Jiménez negó conocer las acciones de Soley y rechazó haberle girado instrucciones para convencer a la procuradora de irse.
Esta tarde, varios legisladores de la comisión coincidieron: enviarán al Ministerio Público las actas de las sesiones en las que comparecieron Jiménez, Brenes y Soley. Ahí, aseguraron, se definiría mediante unainvestigación si alguno de ellos mintió bajo juramento.
Recomendaciones
En el informe de mayoría, los legisladores Ottón Solís, Epsy Campbell, Antonio Álvarez y Maureen Clarke recomendaron al presidente Solís que reprenda al ministro Jiménez, por sus declaraciones y acciones al conocer la reunión entre el exviceministro de la Presidencia y la procuradora general.
Tanto los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), como los de Liberación Nacional (PLN) alabaron la reacción de la procuradora al informar al mandatario Solís de la reunión, en la que Soley le habría ofrecido las embajadas.
Gerardo Vargas, presidente de la comisión y diputado del Frente Amplio (FA), dijo que las faltas que cometieron los tres funcionarios implicados en el caso causaron un "grave daño a la confianza que el pueblo costarricense tiene en la institucionalidad del país" , por lo que merecen ser investigados minuciosamente.
El diputado Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), exigió la destitución del ministro de la Presidencia. Esto, por no haber iniciado un procedimiento administrativo para conocer los actos del viceministro, aún después de conocer sobre la reunión entre este y la procuradora.
Leiva criticó el silencio de Jiménez, de varios días, con respecto a las interrogantes de la prensa y el país. En su informe, el diputado también solicitó al presidente Solís que abra un procedimiento administrativo contra la procuradora, para definir cuál sería la sanción más apropiada en su caso.
Por su parte, el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), recomendó en su informe remitir el contenido de las actas de la sesión de la comparecencia al Ministerio Público, para que ahí se determine si Jiménez, Brenes o Soley incurrieron en el delito de perjurio al mentir bajo juramento.
Guevara exigió a Luis Guillermo Solís y Melvin Jiménez que, de ahora en adelante, aclaren todos los cuestionamientos de la prensa -sobre cualquier tema- "de inmediato, sin darle tantas largas al asunto".