Legisladores de cuatro bancadas lamentaron el acuerdo firmado por el Gobierno con el colectivo sindical Patria Justa.
Antonio Álvarez Desanti, de Liberación, calificó de “barbaridad” que Zapote aceptara combatir la decisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de no cargar a los consumidores de combustibles el costo de la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
“Se sacrifica a los consumidores, sobre todo a los de escasos recursos, en beneficio de unos pocos líderes sindicales”, dijo el congresista.
“Es un paso atrás”, dijo Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC), quien adujo que, ante la debilidad de la huelga del lunes, lo que tocaba era dejar que se evaporara, sin pactar tal negociación. Insistió en que la decisión de la Aresep obligaba a Recope a revisar los excesos laborales, otorgados en la convención colectiva, pues estos no podrían ser incluidos en tarifas.
El mismo ICE informó el lunes que solo 1.053 de sus 15.041 empleados (7%) se sumaron al paro y la CCSS reportó que solo 745 (1,3%) fueron a huelga. Mientras, Japdeva aseguró que los puertos no se paralizaron.
Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, machacó en que el acuerdo entrega más allá de lo que debería: “Les da (a los sindicalistas) prerrogativas que son innecesarias. Deja abierta la posibilidad de que movimientos tan ralitos puedan terminar obteniendo concesiones de Gobierno, lo que es inconveniente”.
Gerardo Vargas, del PUSC, estimó que el acuerdo “fue un buen arreglo entre socios”. En su criterio, el Ejecutivo y los sindicatos han sido aliados y lo que sorprende es que necesitaran de un intento de huelga para consensuar propuestas que de antemano compartían.
Los parlamentarios también consideraron inaceptable la obligación impuesta a la CCSS de negociar con Patria Justa las reformas para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones y el pago de incapacidades.
Ottón Solís sostuvo que la decisión es “grave”, pues los sindicatos se quieren convertir en patrones. “Una cosa es el diálogo, informar y consultar. Otra es obligar a la consulta. La Caja es de todos los costarricenses y muy poquitos costarricenses están sindicalizados. Es antidemocrático, no hay representatividad. Los sindicatos ya tienen representación en la Directiva de la Caja. Si no les gusta, que la cambien”, dijo el diputado quien alega que la intención de Patria Justa es frenar decisiones que urgen para evitar el descalabro financiero de la CCSS.