Luego de más de ocho horas de discusión, este jueves, los diputados aprobaron el informe de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios donde se recomiendan sanciones e investigaciones a profundidad, tanto en el Ministerio Público como en la Procuraduría de la Ética Pública, contra los funcionarios implicados en el caso del cemento chino.
La votación, realizada a las 11:11 p. m., tuvo 42 votos a favor y seis en contra.
Cinco de los votos en contra fueron del PAC y el otro voto negativo fue del independiente Víctor Morales Zapata, quien alegó que el informe contenía demasiadas "inconsistencias, transgresiones del mandato" y "razones jurídicas".
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"Realmente no creo yo que le agreguen valor a lo que Costa Rica y la ciudadanía están demandando. Mantengo mi convicción, espero que el proceso continúe, pero dejo plantada mi posición sin ningún reparo en relación con las consecuencias que sobre mí tengan", comentó Morales Zapata.
Añadió que no cree en el informe en virtud de las "inconsistencias y hechos falsos" que él cree que contiene.
Con el independiente, votaron en contra el informe Javier Cambronero, jefe de la fracción del partido de gobierno; Marlene Madrigal, la subjefa oficialista; Marvin Atencio, Laura Garro y Marco Redondo Quirós.
El atraso principal en el último día del debate se dio por el amplísimo discurso de Morales Zapata, de dos horas y media, para defenderse de las acusaciones en su contra, por los nexos con el empresario Juan Carlos Bolaños, y por las acusaciones suyas y de Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), contra el oficialista Ottón Solís.
El informe establece las responsabilidades políticas de la Presidencia de la República en las modificaciones reglamentarias y acciones administrativas en diferentes instancias para facilitar el ingreso del cemento importado desde China por el empresario Juan Carlos Bolaños.
En el ámbito legislativo, se señalan las actividades de legisladores como Morales y el libertario Otto Guevara para que Bolaños tuviera acceso a funcionarios y entidades del Gobierno, mientras que en el campo judicial, se critican y piden decisiones fuertes contra magistrados y exfiscales que gestionaron para evitar la acusación contra esos dos legisladores.
Los 42 votos a favor del documento se repartieron así: 14 del PLN, 5 del PAC, 8 del Frente Amplio, 7 del PUSC, 2 del Movimiento Libertario, 2 de Renovación Costarricense, 1 de Restauración Nacional, 1 de Alianza Demócrata Cristiana y 2 independientes.
La única fracción legislativa que no estuvo representada fue la de Óscar López, Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Las recomendaciones del informe
Entre las principales conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios, está el señalamiento de que el presidente, Luis Guillermo Solís, habría faltado al deber de probidad, según los diputados de ese foro.
Entonces, los congresistas solicitaron a la Procuraduría de la Ética Pública, a través del informe legislativo, que se evalúe el comportamiento del mandatario.
Según los miembros del panel investigador, Solís habría dado instrucciones de que se nombrara a Mario Barrenechea en la gerencia general del Banco de Costa Rica (BCR), quien hoy descuenta prisión preventiva por los créditos dados al empresario Juan Carlos Bolaños para la importación del cemento chino.
En el informe de la Comisión se afirma que el mandatario habría presionado, por medio del hoy ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el diputado Víctor Morales Zapata, a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara el desalmacenaje y la nacionalización del cemento importado por Bolaños.
Además, se indicó en el documento que las reuniones de Bolaños en Zapote, una de ellas con el propio presidente Solís, fueron exitosas para sus intereses.
Por otra parte, los diputados consideran que la Casa Presidencial nunca llamó a cuentas ni aplicó sanciones, cuando tocaba hacerlo, en particular a los exdirectores del BCR y al gerente Barrenechea.
El informe de la Comisión Investigadora centró sus primeras investigaciones de los préstamos para la importación del cemento chino de Bolaños y el dado por el BCR para que la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca R. L.) comprara la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas de manos de la cementera Holcim.
Ese foro investigador estuvo integrado, durante la mayor parte de sus sesiones, por los liberacionistas Ronny Monge, Sandra Piszk y Julio Rojas; Ottón Solís y Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Patricia Mora, del Frente Amplio; William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); el libertario José Alberto Alfaro y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense.
Además de las acusaciones contra el presidente Solís, el informe de la Comisión Investigadora recomienda sanciones contra otros 28 funcionarios públicos de los tres poderes de la República y de dos bancos estatales.
Además del presidente, los legisladores pusieron en la mira a otros congresistas, magistrados, fiscales y candidatos a diputados.
Del Poder Ejecutivo, se recomienda la destitución de Mariano Figueres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), por no advertir al presidente Solís antes de la reunión con Juan Carlos Bolaños.
El caso de Welmer Ramos, exministro de Economía y candidato a legislador, se envía a la Procuraduría de la Ética, para determinar si incumplió con el deber de probidad, por supuestamente haber cedido a presiones de Zapote para que se tomaran acciones en beneficio de Bolaños.
Por haberle mentido a la Comisión Investigadora sobre sus múltiples contactos con el importador de cemento, al candidato a diputado de Renovación Costarricense, Daniel Gallardo, se le envía a la Procuraduría de la Ética, pues se le atribuye haber ordenado que se modificaran requisitos para favorecer a una empresa de Bolaños.
Al ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez se le manda también a la PEP, porque instruyó a sus entonces subalternos de la Dirección General de Aduanas, a mediados del 2016, para que se le diera un trato especial, ventajoso, a Juan Carlos Bolaños, supuestamente ante presiones del presidente Luis Guillermo Solís.
También los nexos de los diputados Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario; Víctor Morales Zapata, antes del Partido Acción Ciudadana (PAC) y hoy independiente, y Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), pasarán a estudio de la Procuraduría de la Ética, por solicitud legislativa.
En el caso de los directores del BCR, también se aprobaron las sanciones recomendadas a Paola Mora, Ronald Solís, Gustavo Arias, Alberto Raven, Francisco Molina, Evita Arguedas y Mónica Segnini.
La recomendación sobre Mora es que se envíen los hallazgos de las investigacions a la Fiscalía General de la República y al órgano vigilante de la ética, así como que se aplique una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.
Los diputados le achacan haber acatado instrucciones de Zapote para que se nombrara a Mario Barrenechea y por ordenar al secretario de la Junta Directiva modificar un acta después de aprobada, así como negar la existencia de problemas en los créditos dados a Bolaños.
Sobre Ronald Solís, se propone una inhabilitación por cinco años, por el mismo asunto del nombramiento de Barrenechea y por haber negado problemas con el crédito del cemento chino. Los legisladores también consideran que Solís habría mentido bajo juramento en el foro investigador.
Para Araya, Molina, Arguedas y Segnini, los señalamientos son similares, tanto por el nombramiento del gerente como por el silencio sobre el préstamo para el importador del cemento chino.
Las gestiones de Mario Barrenechea para que se le dieran préstamos a Bolaños por $30 millones también fueron cuestionadas y, por eso, que se le inhabilite por diez años y que su caso lo vean la Fiscalía y la Procuraduría Ética.
Los casos respectivos de Pablo Villegas, secretario de actas de la Junta Directiva del BCR; Fabián Volio, asesor jurídico de ese mismo órgano colegiado; Eduardo Ramírez, director jurídico del BCR; así como los directores del Banco Nacional Víctor Carranza y Omar Briceño también son enviados a estudio de la PEP.
El caso Coopelesca
La sanción que piden los congresistas para Alberto Raven, quien fue al mismo tiempo director del BCR y fiscal de la Junta Directiva de Holcim, es que se le inhabilite por ocho años, por el nombramiento de Barrenechea, la modificación de una acta y no haber informado de que era fiscal de la cementera, pero aún así haber estado presente y, supuestamente, haber opinado sobre el préstamo para Coopelesca y en contra del crédito para la empresa de Bolaños, Sinocem.
Aparte, los diputados de la Comisión Investigadora le pidieron a la empresa cementera Holcim que devuelva el “sobreprecio” que le cobró a Coopelesca por la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas.
En su informe final sobre los créditos bancarios otorgados a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R. L.) y al empresario importador de cemento chino, los legisladores encontraron que Holcim vendió la planta en $35 millones, cuando un avalúo realizado por la empresa KPMG determinó que la estructura valía $22 millones.
Para obtener esa planta de manos de Holcim, Coopelesca solicitó un préstamo al Banco de Costa Rica (BCR) por $32,7 millones.
Los diputados concluyeron que el BCR le solicitó a Coopelesca garantías con un valor superior al que realmente tenía la planta hidroeléctrica, “pues podrían conocer que la planta hidroeléctrica y su producción podrían ser insuficientes para cubrir el crédito”.
Según los congresistas, la planta no solo fue sobrevalorada, sino que además se compró en condiciones deficientes, tal como pudieron determinar luego de las entrevistas que realizaron a los responsables de la compra. La compra, en general, “constituyó un buen negocio para Coopelesca”, determinaron los miembros de la Comisión Investigadora.
A raíz de esos señalamientos sobre esa compañía cementera, los parlamentarios acordaron “hacer un fuerte reproche a la empresa Holcim, la cual, a pesar de disfrutar de la avanzada institucionalidad y de la paz de Costa Rica, lo que le permite hacer ganancias para sus socios locales e internacionales, en lugar de ser ejemplo de compromiso con los mejores valores, practica una ética corporativa cuestionable”.
Por ese motivo, los congresistas solicitaron, en su informe, que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se pronuncie sobre las condiciones en las que se otorgó el crédito.
La petición de inhabilitación también se solicitó para el exfiscal general Jorge Chavarría, la exfiscala Berenice Smith, por haber tomado decisiones o haber omitido acciones en la desestimación de la causa contra Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por el supuesto beneficio que buscaron hacia Bolaños.
En cuanto a Celso Gamboa, los miembros de la Comisión Investigadora pidieron la destitución y que se le impida ejercer cargos públicos por 10 años, tanto por su viaje a Panamá con Bolaños, como por supuestas acciones suyas y de su entonces letrado, Justo Pastor López, para favorecer a Juan Carlos Bolaños.
El contrainforme de la Presidencia
En una especie de “contrainforme” emitido este jueves, que consta de 25 páginas y lo firman el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y la ministra de Economía, Industria y Comercio, Geannina Dinarte, el Ejecutivo intenta refutar cada una de las conclusiones que hicieron los legisladores sobre la implicación de Zapote en el caso del cemento chino.
“El Gobierno de la República insiste en la relevancia de la investigación realizada por la Comisión Especial (Investigadora de los Créditos Báncarios) y justamente por la importancia de dicho trabajo, es indispensable que las conclusiones emanadas surjan de un análisis estricto de las actuaciones de los involucrados y los correspondientes resultados, atendiendo a situaciones efectivamente comprobadas y con sustento real”, dicen las conclusiones del documento presidencial.
En ese contrainforme firmado por Alfaro se alega que, cuando más serias son las aseveraciones del informe sobre el cemento chino, mayor es la responsabilidad de quien las emite de informarse adecuadamente.
El informe que la Presidencia trata de desacreditar está en discusión desde el 8 de enero, cuando a regañadientes los diputados volvieron a retomar funciones y pactaron discutir las conclusiones de la investigación de los préstamos del cemento chino por dos semanas, así como habilitar la sesión de este jueves para su votación final.
A criterio del Ejecutivo, tampoco es cierto que desde el Gobierno no se hubiesen abierto “oportunamente” los procesos administrativos contra los directores del BCR cuestionados por los créditos de Bolaños y que hubiese archivado las investigaciones.
“Es falso que las reuniones que sostuvo Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial generaran favorecimientos o diligencias en su beneficio. (...) Es falso que, desde la Presidencia de la República, se realizaran gestiones con el fin de agilizar el desalmacenaje del cemento que importaba el señor Bolaños”, dice la nota del Ejecutivo.
Además, en ese texto se dice que el Ejecutivo no actuó para modificar el reglamento técnico de cemento hidráulico ni que cambiara los plazos de cumplimiento para favorecer a un empresario específico, o que el nombramiento de Figueres como comisionado para la reconstrucción luego del huracán Otto sea contrario a la ley.
“Es falso que la Presidencia de la República o el Ministerio de la Presidencia tuvieran participación en el otorgamiento del crédito al señor Bolaños por parte del BCR”, indica el pronunciamiento del Gobierno.