Los jefes de las seis fracciones de la Asamblea Legislativa, en coordinación con los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, acordaron este lunes acelerar la discusión de cuatro proyectos de ley relativos a seguridad.
Estas cuatro iniciativas se aprobaron en primer debate la semana pasada, pero están pendientes de su segunda votación. Los legisladores decidieron adelantar el segundo debate para que se realice entre el martes y el jueves de la presente semana.
Entre los proyectos de ley que se priorizarán se encuentra el que propone eximir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para sus funciones.
Dicho expediente fue aprobado la semana pasada con 36 votos a favor y cinco en contra. A la iniciativa se opusieron cinco legisladores de Gobierno, entre ellos la jefa de bancada, Pilar Cisneros, quien alega que la medida reducirá los ingresos del Ministerio de Hacienda.
La segunda propuesta que será impulsada es la que impondrá prisión de uno a seis años a quienes, con fines ilícitos, fabriquen, comercialicen, instalen u operen dispositivos destinados a interferir o bloquear las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imágenes.
Otra iniciativa aprobada en primer debate es la que busca fortalecer las áreas de seguridad e investigación de las instituciones estatales para combatir el fraude, la corrupción y otros delitos que afecten los recursos públicos.
Para lograrlo, se propone ampliar la excepción que permite que los vehículos utilizados en estas tareas no requieran rotulación.
Finalmente, el cuarto proyecto de ley busca agilizar el proceso de levantamiento de cadáveres en casos de muertes violentas o sospecha de delitos culposos.
El texto establece que, si el levantamiento se realiza en lugares públicos o áreas abiertas al público, la Policía Judicial podrá llevar a cabo la inspección y el levantamiento del cuerpo, junto con peritajes para determinar la causa y la forma de la muerte, sin necesidad de la presencia de otras autoridades.
Los resultados se comunicarán a la autoridad judicial en un plazo máximo de 24 horas. En casos de muertes intencionales o en lugares de acceso restringido, el juez ordenará y ejecutará la diligencia, a menos que delegue esta responsabilidad al OIJ.
La reunión entre jefes de fracción y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se efectuó, la mañana de este lunes, con el objetivo de atender lacreciente situación de inseguridad que enfrenta el país.
Cada bancada propondrá priorizar cinco proyectos de seguridad
El jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, explicó que en la reunión de este lunes también acordaron que cada agrupación elabore una lista de cinco proyectos que considere prioritarios.
Dichas listas serán puestas en discusión el próximo jueves, durante la reunión semanal de jefes de fracción.
Pacheco añadió que en la reunión también se acordó la dispensa de trámites para dos proyectos de ley.
“Uno es la ley para revocar o modificar el beneficio de la libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio, y el otro es lareforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional”, detall.
El diputado Óscar Izquierdo, vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó que la prioridad número uno es aprobar los cuatro proyectos que ya recibieron primer debate.
Agregó que la lista de cinco propuestas que presente cada fracción será evaluada para decidir en conjunto qué prioridad se dará a cada una.
“Vamos a establecer una prioridad en consecuencia con el estado actual de los proyectos. Es decir, los proyectos están en Comisión de Seguridad y Narcotráfico y alguno podría estar ya en el plenario. Entonces, nos vamos a abocar a la tarea de revisar en qué condición está cada uno y establecer el orden de prioridad”, explicó Izquierdo.
Finalmente, el diputado socialcristiano Horacio Alvarado presentó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico una moción para declarar como emergencia la situación de inseguridad.