“Denuncio que el personal de la Defensa Pública está desmotivado, no trabaja adecuadamente, porque a lo interno hay favoritismos, clientelismos, producto del compadrazgo que viene desde el mismísimo Consejo Superior”.

Así se expresó este lunes, en plenario legislativo, el subjefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, en alusión a las gestiones dentro del órgano defensor.

Según Muñoz, en esa instancia se ha hecho “un traje a la medida” para cambiar las reglas sobre traslados de personal.

“Se ha hecho una serie de traslados de servidores judiciales porque se cambió toda la normativa existente para hacer otra a la medida... Se tiró por la borda la normativa que había sido aprobada por el Consejo Superior”, agregó el diputado.

El legislador lanzó las afirmaciones basado en el traslado de seis defensores públicos a raíz de una solicitud de la jefa interina de la Defensa Pública, Diana Montero Montero, al Consejo Superior.

Montero le pidió al Consejo, en dos ocasiones, trasladar de puesto a seis defensores públicos que, aunque tenían propiedad en unas provincias, se encontraban trabajando en otros lugares del país en condición de interinos.

Por ejemplo, una de las funcionarias tenía plaza en San José, pero desde hacía cuatro años estaba como interina en Cartago. La petición fue nombrarla en la sede cartaginesa por motivos familiares y de domicilio.

No obstante, las dos veces en que Montero solicitó los mombramientos de las seis personas, el Consejo las rechazó. Así conta en las actas del 22 de mayo de 2018 y del 3 julio de ese mismo año, días en que la máxima autoridad administrativa de la Corte conoció las solicitudes.

En las dos ocasiones, el Consejo Superior acordó rechazar las gestiones presentadas por la jefa interina porque las plazas tenían condición de vacantes. Por lo tanto, según la normativa, solo podían ser llenadas mediante concursos que permitieran a los interesados participar en igualdad de condiciones.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el Consejo cambió de criterio y acogió las solicitudes Montero. Las plazas fueron asignadas a los defensores públicos en condición de traslados, sin necesidad de concurso.

En el acta 092-2018, el Consejo Superior argumentó que lo hizo “por tratarse de puestos de la misma categoría, en aplicación al principio de eficiencia del servicio público que brinda la institución".

Se trata de los defensores públicos Desireé Rodríguez Becerra, Ana Yorleny Rodríguez Cháves, Óscar Carballo Soto, Allan Mora Guevara, José Campos Vargas y Sebastián Mesén Arias.

Según el socialcristiano, las dos primeras solicitudes de Montero fueron rechazadas porque “la norma existente era clasísima”.

Esas “arbitrariedades” tienen “una incidencia nefasta” en las clases más necesitadas del país, sentenció Muñoz.

“La máster Diana Montero es una protegida del Cosejo Superior y del presidente de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó el legislador.

Ante las declaraciones del diputado, la oficina de prensa del Poder Judicial respondió que, en esta entidad, existe una Comisión de Nombramientos, la cual tiene a cargo el proceso de elección de la jefatura de la Defensa Pública, y esta no la integra el magistrado Fernando Cruz.

Asimismo, recalcó la instancia de comunicación, Diana Montero Montero fue nombrada en octubre de 2017, durante la presidencia de la Corte anterior al magistrado Cruz.

Entre otros grupos ciudadanos, sostuvo el legislador, los abogados de la Defensa Pública prestan servicios gratuitos a imputados, a personas que se enfrentan a procesos agrarios y pensiones alimentarias no penales, a trabajadores de muy bajo ingreso y a personas indígenas.

Desplazada por alguien sin experiencia

Otra de las irregularidades que denunció el socialcristiano fue el desplazamiento de la encargada de Reclutamiento y Selección de la Defensa Pública por una persona que “no tenía ni un día de experiencia en la materia”.

Según el legislador, la titular tenía más de seis años en el puesto, sin queja de ninguna naturaleza.

Sin embargo, otra persona fue contratada para que la apoyara con el exceso de labores.

Cuando esta segunda persona no tenía ni tres meses de estar aprendiendo, a la encargada de Reclutamiento y Selección se le pidió que hiciera un informe y se le avisó que dejaba el cargo en cinco días.

Ella fue trasladada a otra plaza y, en su lugar, fue nombrada la persona que la había asistido durante los tres meses anteriores.

“Tampoco hicieron concurso de antecedentes, como debía ser”, añadió el rojiazul.

La intervención de Muñoz de este lunes se suma a una serie de denuncias que ha venido haciendo contra el Poder Judicial y gracias a las cuales el presidente de la Corte le envió un inspector judicial para que le tomara declaraciones.

Sin embargo, el diputado rechazó la inspección y dijo que todo lo que tuviera que declarar lo haría en plenario, frente a todos los costarricenses.

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