El diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), acusó al Partido Liberación Nacional (PLN) y a “sus aliados” de truncar la investigación sobre la penetración del narcotráfico en política y, en particular, en las municipalidades de la zona sur.
En un informe de minoría de 134 páginas, difundido este miércoles, el congresista emitió un análisis individual del trabajo hecho por la comisión investigadora que presidió la independiente Zoila Volio, y que terminó funciones mucho antes de lo previsto, luego de solo 13 sesiones.
“La mayoría del PLN y sus aliados optaron por escuchar únicamente a una persona vinculada con estas entidades, el alcalde de Corredores (Carlos Viales). (...) El resultado fue una de las investigaciones más reducidas en la historia de las comisiones legislativas que indagan el narcotráfico en el país, convocando a apenas un 1,6% de las entidades involucradas, y destinando un 8% de las audiencias al tema central que originó la convocatoria”, dice el documento.
La comisión estuvo integrada por Karine Niño y Jorge Fonseca, del PLN; Carranza, del PAC; la independiente Volio, como presidenta, así como Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Carranza achaca a los demás miembros del foro haber mutilado los esfuerzos de la investigación “por omisión, cálculo político o sospechosa negligencia”, pese a lo que considera indicios de una cada vez mayor incidencia del narcotráfico en la institucionalidad costarricense.
Consultado por La Nación, el secretario de la comisión, el liberacionista Jorge Fonseca, refutó lo dicho por Carranza y suscribió los comentarios del republicano Otto Roberto Vargas, en el sentido de que la comisión perdió todo sus sentido y “se convirtió en un enfrentamiento entre él (Carranza) y Erick Rodríguez Steller”.
Fonseca añadió que ese constante enfrentamiento desvirtuaba el objetivo del foro. “El PLN investigó y se dio por satisfecho con las declaraciones, tanto de don Wálter Espinoza, el fiscal general, el TSE, y se sacaron los elementos del informe de mayoría”, enfatizó el liberacionista.
“Esa es la opinión de él. Ninguna estrategia, ninguna negligencia. Él puede decir lo que quiera, como siempre lo hace, nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer, ya hablaremos en el plenario del tema”, concluyó Fonseca.
La opinión de Carranza se aparta del informe de la mayoría, el cual omitió hacer referencias a las gestiones del diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en favor de presuntos narcotraficantes del caso Turesky, y a la visita del liberacionista Gustavo Viales al condominio, en Heredia, en donde fue detenido el presunto líder de una banda que operaba en el cantón de Corredores.
Viales visitó ese sitio en Semana Santa para recoger unos documentos por solicitud del presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría, quien fue detenido como sospechoso en el caso de la Finca Darwin, por presuntos favorecimientos con permisos municipales para los supuestos narcos. El regidor luego fue puesto en libertad.
En su dictamen de minoría, el legislador sancarleño acusa en varias ocasiones al PLN y a sus aliados, en ese foro, de frenar el avance de las investigaciones y de desviar la atención. Reseñó que la comisión solo dedicó un 8% de las sesiones al caso que le dio origen: el de la Finca Darwin.
Carranza alegó que el 46% de las sesiones fue destinado a audiencias de contexto, con jerarcas como Luis Antonio Sobrado, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); Fernando Cruz, del Poder Judicial; Wálter Espinoza, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Michael Soto, ministro de Seguridad, y el fiscal general, Warner Molina.
El 46% restante se dedicó, calcula el diputado oficialista, a audiencias relacionadas con el caso Turesky, entre ellas para indagar las visitas de los sospechosos de narco Luis Guillermo Cartín Herrera, Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera.
“No hubo investigación de la mayoría de los legisladores, salvo los intentos del PLN y los otros miembros de la comisión de vincular un proyecto de vivienda (vinculado a Cartín Herrera), que no se concretó, al Gobierno de Luis Guillermo Solís”, escribió el oficialista en su informe.
A finales de setiembre, la comisión aprobó una moción de la restauracionista Floria Segreda que sepultó la investigación, pues se tomó la decisión de cancelar las audiencias de los detenidos Cartín Ramírez y Soto Rivera, así como de los demás alcaldes de la zona sur, y dar por cerrado el caso.
En su dictamen, Carranza considera que nunca hubo realmente ninguna pretensión de investigar, bajo el argumento de que no había denuncias interpuestas sobre penetración del narco en la política.
En la página 31 de su informe, el sancarleño acusó de negligencia a los demás integrantes de la comisión para atender el verdadero objetivo del órgano especial, que era investigar la penetración del narco en las municipalidades.