El diputado Rafael Ortiz denuncia que en la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a la cual pertenece, hay persecución en contra de los simpatizantes de su tendencia, luego de que la mayoría de sus compañeros de bancada tomara la decisión de despedir a tres asesores suyos.
Aunque señala este supuesto acoso de tendencias, generada por legisladores cercanos al otro precandidato, Rodolfo Piza, el de Ortiz es el despacho con más consejeros en el PUSC, lo que genera roces con el resto de la bancada.
Ortiz aspira a ser candidato presidencial por la Unidad para los comicios del 2018, con el apoyo de sus compañeros Jorge Rodríguez y Humberto Vargas, mientras que los demás congresistas son más cercanos a Piza.
El supuesto hostigamiento hacia el grupo de Ortiz tiene que ver con la destitución de tres asesores, acordada por la fracción, en sesión del 22 de agosto.
Se trata de Arturo Robles Corona, Danny Ovares Ramírez y Kimberly Salas Céspedes, que eran parte del grupo de asesores de fracción, pero cuyos puestos pertenecían a los diputados Luis Vásquez, William Alvarado y Johnny Leiva. Ellos reclamaron la devolución de los puestos, supuestamente por tener necesidades de personal.
“Me acabo de enterar que se tomó el acuerdo de cesar a tres funcionarios simpatizantes de nuestra tendencia. Se planteó un recurso en contra, pero los otros cinco diputados procedieron a analizar la revisión y cesar a los funcionarios”, dijo Ortiz.
La decisión contó con el apoyo de Gerardo Vargas, Rosibel Ramos, Leiva, Alvarado y Vásquez.
Aunque se ordenó el cese de los empleados, solo uno se ha hecho efectivo, el de Ovares, presidente del Concejo de Cartago y quien ha realizado trabajo regional a favor de Ortiz. Los otros dos solicitaron permiso de incapacidad, cuando se enteraron de que se había ordenado su despido.
El precandidato reclama esta supuesta persecución, mientras tiene a su cargo nueve funcionarios más (cuatro de confianza, tres administrativos y dos prestados por otros legisladores).
De hecho, hace tan solo un mes, el expresidente legislativo tenía diez empleados, pues el 23 de agosto devolvió uno al Departamento de Participación Ciudadana (Francisco Flores).
Estos funcionarios son Jorge Polinaris, Diego González, Priscila Rodríguez y Alejandro Salas, todos de confianza; Liliana Alfaro, Manuel Vega (nombrado en un puesto administrativo por Ortiz cuando era presidente legislativo) y Marco Amador. Además, Jorge Rodríguez les presta a Juan José Chacón y Humberto Vargas, a Luis Gerardo Ramos.
El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas, niega que se trate de acoso contra la tendencia de Ortiz, y dijo que la rescisión de los funcionarios se dio como parte de un proceso de reacomodo de asesores de confianza.
“No hay persecución política”, dijo Vargas. “Para que todos tengamos la misma cantidad de plazas, la decisión fue unánime”, acotó. Ni Ortiz ni Humberto Vargas estaban en la reunión.
El jefe de bancada socialcristiana insiste en que él no tiene tendencia y que no acepta que se hable de persecución. Ante esto, Ortiz sugiere que hay dudas sobre la naturaleza de la decisión.
“Algunos dirán que es por dar una plaza, puede ser, pero habiendo otras plazas, escogen (gente de nuestra tendencia). Si uno está en un lago en la noche y algo se arrima y hace como un pato, pues posiblemente es un pato”, dijo.
Tensiones. Para Arturo Robles, uno de los consejeros destituidos en la bancada socialcristiana, las tensiones entre los bandos de Piza y Ortiz han desembocado en situaciones de persecución y hostigamiento.
“Es una persecución horrorosa contra tres inocentes, pero el blanco es don Rafa (Ortiz)”, dijo Robles Corona.
Además de las nueve personas que colaboran de una u otra forma con Ortiz, el exjefe de asesores y exdiputado Walter Céspedes también presta ayuda al precandidato socialcristiano, ya sea dentro como fuera del Congreso.
Céspedes ha recurrido a permisos sin goce de salario para realizar reuniones a favor de la tendencia “orticista” en varios puntos del país, entre ellos, Guanacaste.
En esta serie de dimes y diretes en los que está inmerso el PUSC, Gerardo Vargas insiste en que él no repartió asesores, así como tampoco puede beneficiar ni perjudicar a los seguidores de algún precandidato. “Cuando llegué a jefe, el reparto estaba hecho.”
En principio, las labores de los asesores se ciñen al análisis y redacción de proyectos de ley, o cualquier otra labor, que muchas veces tiene que ver con las aspiraciones electorales futuras de un legislador.